Sánchez oculta un informe de la Abogacía del Estado que tumba la reclamación del Pazo de Meirás a los Franco

Pedro Sánchez ha abierto un nuevo frente contra los Franco: la reclamación del Pazo de Meirás con el fin de integrarlo en el Estado. Pero lo ha hecho ocultando un informe de la propia Abogacía del Estado que ya analizó esta posibilidad hace poco más de un año y la tumbó por completo por la ausencia de respaldo legal. OKDIARIO se ha hecho con el informe que el Gobierno ha ocultado. Un informe sellado el 4 de abril de 2018 y elaborado por el abogado del Estado encargado por Patrimonio Nacional del estudio de las posibilidades legales de llevar a cabo esta reclamación contra la familia Franco. La contestación del documento que hoy publica este diario no puede ser más demoledora: “Al no haber sido nunca propiedad del Estado, ni pudo ni puede integrarse en Patrimonio Nacional”.

Los actuales equipos jurídicos de Sánchez conocen la existencia del informe. Pero Pedro Sánchez ha preferido seguir adelante con la reclamación.
El informe en cuestión fue elaborado tras “la solicitud formulada por la vicepresidenta de la Diputación provincial de A Coruña, relativa a la situación de la finca denominada Pazo de Meirás, ubicada en el término municipal de Sada”, tal y como relata el propio informe jurídico.

El abogado del Estado que lo firma es Juan García González-Posada, “abogado del Estado-jefe” responsable en ese momento de la asesoría a Patrimonio Nacional, sello que igualmente acompaña al documento. La “conclusión” es rotunda: no es posible reclamar la incorporación al Patrimonio Nacional del Pazo de Meirás, ahora en propiedad de la familia del dictador. Y no lo es porque “nunca ha sido propiedad del Estado”.

La argumentación jurídica señala que “aunque el Pazo de Meirás fue una de las dos residencias oficiales veraniegas del Jefe del Estado, General Francisco Franco, desde 1941 a 1975, al no haber sido nunca propiedad del Estado, ni pudo ni puede integrarse en Patrimonio Nacional”.

Fundamentos legales

Los fundamentos legales se soportan en dos normas. La primera, la ley “de 7 de marzo de 1940” promulgada en etapa de dictadura. La segunda, sin embargo, es ya una ley de pura etapa democrática: la de “16 de junio de 1982”.

En aquella época el ente solicitante del informe era Patrimonio Nacional. Y los juristas del Estado determinaron que “en su virtud [de las leyes citadas], el Consejo de Administración de la Entidad no se halla legitimado para su reivindicación”. Un veredicto tajante que se firmó hace poco más de un año con el sello oficial de la Abogacía del Estado y bajo el epígrafe habitual de “por todo lo expuesto, esta Abogacía del Estado establece lo siguiente”. Y lo siguiente es la negativa a reclamar la propiedad del Pazo de Meirás.

Pero no se trata de la primera muestra de que Pedro Sánchez tramita la recuperación del Pazo de Meirás para el patrimonio público de una manera un tanto extraña. Porque, al margen de la ocultación de este informe que hoy desvela OKDIARIO, lo cierto es que los equipos jurídicos señalaron a Sánchez que la vía más rápida para llevar a cabo su propósito era la expropiación a la familia del dictador. Pero el presidente en funciones insistió en seguir por la reclamación, el camino más largo.

Hay que recordar que el Gobierno ha visto ya lo ocurrido con el intento de exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Sabe que hay posibilidades de que su batalla por sacar los restos del dictador se complique. Y por ello, necesita otro flanco con el que mantener el reclamo de la lucha contra Franco: la incorporación al patrimonio estatal del Pazo de Meirás, propiedad actualmente de la familia del dictador.