El nº 3 de Podemos imputado por agredir a un policía defiende a los ‘piquetes’ violentos desde su escaño

El diputado y secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, que se niega a dejar el escaño y se agarra a su aforamiento pese a estar imputado por el Tribunal Supremo por agredir a la Policía, ha subido este martes a la tribuna del Congreso de los Diputados precisamente para arremeter contra las detenciones policiales de ‘piquetes’ violentos.

El número tres de Podemos ha sido el encargado de la formación de Pablo Iglesias de defender desde el estrado de oradores del Congreso la postura favorable de su partido a la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE para derogar el artículo 315.3 del Código Penal.

Es precisamente por otros dos artículos del Código Penal, atentado a la autoridad y lesiones, por los que Alberto Rodríguez ha sido imputado por el Tribunal Supremo, el cual le citó la pasada semana como investigado para declarar voluntariamente dada su condición de aforado. Sin embargo, el diputado de Podemos no se presentó y justo una semana después ha subido a la tribuna aferrado al «privilegio» del aforamiento que tanto criticó su partido y ha participado del poder legislativo en una materia en la que está ilegitimado por dicha imputación.

Tanto es así que el Supremo, al no presentarse voluntariamente a declarar, deberá ahora requerir al Congreso el suplicatorio para poder interrogarle. Por esta misma situación podría pasar el líder de su partido y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en caso de que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal acoja la exposición razonada que ha elevado contra él el juez del caso Dina-Iglesias y se niegue a prestar declaración de forma voluntaria. El instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acusado a Iglesias de la comisión de tres presuntos delitos: revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y denuncia falsa.

En su intervención este martes en la Cámara Baja, Rodríguez ha puesto de nuevo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su punto de mira y ha cargado contra ellas por realizar «cargas» y «detenciones» de piquetes, que, según él, no estaban realizando ningún acto de violencia pese a lo que «vomitaban las televisiones» sobre una huelga en Canarias en la que él participó.

En el caso de Alberto Rodríguez, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó abrirle causa después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de la Laguna enviase testimonio de un procedimiento abreviado seguido contra él, entre otros, en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones.

El caso se remonta a los hechos violentos que tuvieron lugar en 2014 en la inauguración de la Catedral Nuestra Señora de los Remedios de La Laguna (Tenerife), a la que iba a asistir el entonces ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. A fin de boicotear la visita se convocó una manifestación bajo el lema de «Rechazo a la Lomce».

Según los atestados policiales, la manifestación derivó en insultos a los agentes desplegados para proteger a las autoridades y en lanzamiento de vallas y todo tipo de objetos, por lo que algunos agentes resultaron agredidos. Rodríguez fue identificado dentro un grupo de personas que participaron en aquellos ataques, con puñetazos incluidos.

No es la primera vez que Rodríguez se ve envuelto en un caso de violencia. En el año 2006 se vio implicado en otro altercado con policías locales también en La Laguna (Tenerife), donde terminaron volando incluso botellas. Si bien algunos compañeros terminaron por ser condenados con una sentencia de conformidad, Rodríguez esquivó aquí a la Justicia al considerar el Alto Tribunal que los hechos habían prescrito.

«Criminalizar la protesta»

En su respuesta al Supremo para no acogerse a la declaración voluntaria, el diputado morado afirmó la semana pasada que «en ningún caso he cometido los hechos por los que se me investiga». «Acudí a la manifestación, como miles de canarios a ejercer mis derechos democráticos de forma pacífica», señaló. Además, añadió que si bien «gobiernos anteriores pretendieron criminalizar la protesta», Podemos no lo «va a consentir».

Se da la circunstancia de que Podemos incluyó dentro de su programa para las elecciones generales del pasado 10 de noviembre la promesa de suprimir los aforamientos. «La proliferación de la figura de los aforamientos no ha tenido nada que ver con la protección de los representantes públicos frente a represalias y amenazas de los más poderosos, sino con un sistema de protecciones y favores que permite a los partidos ofrecer cierto privilegio judicial a algunos de sus miembros», prometieron en el punto 124. «Por eso, iniciaremos una acción articulada para la supresión de aforamientos desde las comunidades autónomas y el Estado», aseguraron. Sin embargo, Alberto Rodríguez evita predicar con el ejemplo y no renuncia a su aforamiento.