La Policía identificó a la vicepresidenta de la Diputación de Valencia por concentración ilegal, no por hablar valenciano

La Policía identificó este martes a la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó (Compromís), por participar en una concentración no comunicada, y por tanto ilegal, y no por dirigirse a los agentes en valenciano, como ella misma se encargó de difundir a través de sus redes sociales.

Amigó relata cómo los agentes se dirigieron a ella en tanto responsable del acto y le pidieron que hablase en español. Tras negarse, explica, le pidieron su DNI y sus datos.

«Acto seguido me ha invitado, por decirlo de una manera sutil, a hablar en español. Yo me he negado, ya que supone una vulneración de nuestros derechos como valencianoparlantes. A continuación, me han pedido que me identificara y que les facilitara el DNI. Se los he dado y me han tomado los datos», asegura la vicepresidenta de la Diputación en esta red. Y añade: «Hoy, 25 de abril, día de las libertades del pueblo valenciano, la policía nacional me ha identificado por hablar en valenciano. Nos queda mucho por hacer y esto me enfada, pero me da fuerzas para seguir luchando».

Según la versión policial, Amigó ya había sido identificada previamente, y por el hecho de que fuese responsable de una concentración que tendría que haber sido comunicada, en cumplimiento de la ley.

La versión de la dirigente valenciana ha provocado indignación en este colectivo. «Hay personas que buscan crear conflicto donde no lo hay y para ello cualquier excusa vale. La mentira de Amigó no dice nada bueno de ella»,  han lamentado desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Además, Amigó llegó a fotografiar la placa del agente que le requirió los datos, lo que ha generado un visible malestar por «posibles represalias» e inclusión del agente en listados de extrema izquierda con los que simpatiza la formación nacionalista.

En la concentración participaban miembros de Juventudes de Compromís (Joves PV-Compromís) que no han ocultado sus simpatías por el entorno de Batasuna.

De hecho, hace unos meses publicaron un mensaje de apoyo al candidato de EH Bildu a las elecciones vascas, Arnaldo Otegi, luego vetado por la Junta Electoral.

«Llegará un día en la historia en que la política española mirará alrededor y sentirá vergüenza de sus actores #Otegilehendakari…», publicaron en Facebook. La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, aseguró que ese tuit no representaba a su partido.

Vergüenza es vitorear a quienes apoyan a los q han matado a miles de personas. No te parece @monicaoltra? pic.twitter.com/mZY0TNI7Bi

— Mayte Talens (@Maytetalens) 28 de agosto de 2016

Llama también la atención que Amigó hable de una persecución lingüística cuando el plan del Gobierno de Puig y Oltra impone el valenciano a aquellos que opten a una plaza de funcionario.

El decreto, aprobado el año pasado, establece que el valenciano es «la lengua propia de la Administración de la Generalitat» y establece, por ejemplo, prioridad para los proveedores que empleen esta lengua en sus contratos con la Administración.

Además, numerosos funcionarios han denunciado sanciones por emplear el castellano. Hace unos meses, una enfermera de un hospital público valenciano fue sancionada por dirigirse a una paciente en español.