Moreno se da 45 días de plazo para la auditoría en la Junta y «unos meses» para eliminar Sucesiones
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este sábado que el primer Consejo de Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos (Cs) ha encargado al consejero de Hacienda, Alberto García Valera, poner en marcha una auditoría centrada en una docena de agencias públicas empresariales en el plazo de 45 días para determinar si hacen un uso adecuado del dinero público e iniciar el procedimiento para eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones "en unos meses" con una bonificación al 99% mientras no sea suprimido por el Gobierno de la Nación en todo el Estado, una medida que supondrá un impacto en las cuentas andaluzas de 40 millones.
Así lo ha avanzado Moreno tras la primera reunión del Consejo de Gobierno, celebrado en Antequera (Málaga), en una rueda de prensa en la que ha expresado la «firme vocación» del nuevo Ejecutivo de «reducir al máximo» el número de políticos en la administración tras haber completado el nombramiento de los 11 viceconsejeros de los nuevos departamentos, dejando pendiente la designación del portavoz del Gobierno para el próximo Consejo, previsto el martes 5 de febrero.
Moreno ha querido dejar claro que la auditoría, en la que trabajarán la Cámara de Cuentas y la Intervención de la Junta y no supondrá un «gasto extra», no es «caprichosa» ni busca «bucear en el pasado», sino que persigue «levantar un nuevo porvenir» en el que no tendrán cabida organismos «duplicados», que «no tengan sentido» o a los que se destinen «recursos sin retorno para el bienestar de los andaluces».
Ha asegurado que su gobierno tiene la «firme determinación» de eliminar los organismos que no tengan una función clara, al objeto de que ese dinero se pueda destinar a crear empleo o mejorar la sanidad y la educación, mientras que ha dicho que aunque el plazo para un primer informe es de 45 días, esto no quita que «por la complejidad» pueda haber un estudio posterior.
También ha comparecido tras Moreno el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), que ha subrayado que estos dos primeros acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno son la prueba de un Ejecutivo «que cumple» los compromisos asumidos en el acuerdo de investidura entre PP y Cs. En alusión a la auditoría, ha subrayado que se ponen en marcha políticas de evaluación «para ver si el dinero se gasta en lo que se debe o no». «Si es eficaz el gasto, no habrá cambio e incluso se impulsará», ha asegurado.
En concreto, el Consejo de Gobierno ha acordado encargar a la Intervención General que incluya en el Plan de Control Financiero de 2019 una auditoría para comprobar la correcta distribución de competencias entre las consejerías y las agencias, la vigencia de los objetivos que en su día justificaron la creación de estas entidades y si constituyen el medio más idóneo para lograr sus fines.
Esta primera actuación, que se desarrollará sobre doce agencias públicas empresariales, tendrá un carácter prioritario sobre el resto de acciones recogidas en el Plan de Control Financiero, y el objetivo es que la Intervención ultime un informe provisional en un plazo de 45 días tras la aprobación del citado Plan.
Las agencias objeto de este primer análisis serán la de Cooperación Internacional (Aacid), el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), la Agencia de Obra Pública de la Junta (Aopja), la Agencia Pública de Educación (APAE), la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA), la Agencia Pública de Puertos (APPA), la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA), la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (Assda), la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiicc).
Informe sobre Canal Sur
Asimismo, ha acordado encargar a la Cámara de Cuentas elaboración de un informe sobre la Agencia Pública Empresarial de Radio y Televisión de Andalucía y la sociedad mercantil Canal Sur Radio y Televisión S.A. que analice, especialmente, la eficacia y la eficiencia en la prestación del servicio público de radio y televisión.
Según la Junta, se trata «de poner en marcha los primeros trabajos necesarios para contar con evaluaciones previas que permitan diseñar y ejecutar un modelo de supervisión continua de las entidades dependientes de las consejerías y evitar así la existencia de duplicidades innecesarias, a fin de reducir o reorientar el gasto superfluo en la financiación de los servicios esenciales».
«En este futuro modelo de supervisión cobrará gran relevancia el papel de control de cada consejería sobre la actividad de sus entidades adscritas y el cumplimiento de objetivos, así como la adecuada utilización de recursos públicos», agregan.
Bonificar sucesiones
En cuanto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Moreno ha precisado que su bonificación tendrá un impacto en las cuentas de 40 millones de euros y ha apuntado que gracias a bonificar este impuesto se acabará con «el empobrecimiento fiscal» que supone que muchos andaluces se hayan censado en otras comunidades. «Y también es en base a la concepción de que los tributos no puede dañar la integridad financiera de la familia porque este impuesto atenta contra el legado de una familia», ha agregado.
De su lado, Juan Marín ha insistido en que es un tributo «injusto socialmente» y ha hecho hincapié en que «ya está bien de pasar toda la vida trabajando con el sudor de la frente para dejar algo a nuestros hijos y que a veces no se pueda recoger esa herencia porque se pagan más impuesto que lo que reciben». El vicepresidente ha defendido que esta medida permitirá «poner en circulación más dinero, reactivar la economía, generar empleo y riqueza, y más ingresos en la administración ya que habrá más consumo».
Por ello, el Consejo de Gobierno del PP y Cs ha instado a la Consejería de Hacienda a adoptar las actuaciones necesarias para bonificar al 99% el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para cónyuges y parientes directos. Concretamente, en la modalidad de Sucesiones se bonificará el 99% de la cuota del impuesto para adquisiciones por cónyuges y parientes directos (Grupos I y II). En el Grupo I se benefician los descendientes y adoptados menores de 21 años; mientras que en el Grupo II, los descendientes y adoptados de 21 años o más, los cónyuges, los ascendientes y los adoptados, podrán acogerse a la bonificación.
Asimismo, se mantendrán las reducciones autonómicas sobre el impuesto actualmente vigentes, en concreto, la reducción autonómica de un millón de euros, con la intención de no perjudicar las adquisiciones por herencias de hasta dicho importe, ya que de otro modo tendrían que pasar de no tributar a hacerlo por el 1%. Todo ello supondrá la práctica eliminación del gravamen para este grupo de contribuyentes, según ah destacado.
En lo que a Donaciones respecta, se bonificará el 99% de la cuota del impuesto para adquisiciones por cónyuges y parientes directos (Grupos I y II), lo que también supondrá la práctica supresión del gravamen para este grupo de contribuyentes.
Tanto Moreno como Marín han destacado que con esta decisión Andalucía se sitúa entre las comunidades en las que de facto se ha suprimido el gravamen aplicable a los parientes más próximos por el referido impuesto.