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Los jueces cargan contra el Gobierno por la “improvisación” de su entrega de despachos en Madrid

Entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona
Entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona
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Jueces y fiscales critican la constante intervención del Gobierno en el poder judicial y su "improvisación" en la organización de la entrega de despachos de los nuevos jueces hoy en Madrid. La Promoción 68 recibirá los mismos de manos de Su Majestad el Rey Felipe VI, pero el acto no será celebrado este año en Barcelona, como tradicionalmente sucedía al encontrarse allí radicada la Escuela Judicial, desde su fundación hace 20 años.

Jueces y fiscales critican la constante intervención del Gobierno en el poder judicial y su “improvisación” en la organización de la entrega de despachos de los nuevos jueces hoy en Madrid, por motivos políticos. 

La Promoción 68 recibirá los mismos de manos de Su Majestad el Rey Felipe VI, pero el acto no será celebrado este año en Barcelona, como tradicionalmente sucedía al encontrarse allí radicada la Escuela Judicial, desde su fundación hace 20 años.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) justifica el cambio de ubicación -que tendrá lugar en la sede de la Real Academia de la Lengua Española- asegurando que Cataluña no es el entorno idóneo para un evento de estas características debido al “recrudecimiento de las pretensiones soberanistas“. Algo que no ha gustado a las principales asociaciones profesionales de jueces y fiscales.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia denuncian en un comunicado conjunto lo desacertado del cambio de ubicación por motivos políticos y, en general, el trato recibido por las últimas promociones de la judicatura “que empeora a cada una que aprueba”. Siendo este último gesto uno más de los que perjudican el papel del poder judicial en España.

Jueces y magistrados reivindican, además, que todos los juristas que superan la formación necesaria para el ejercicio de su profesión en juzgados y tribunales “sean conocedores y conscientes de sus condiciones laborales” y reclaman, una vez más que la mejora de las mismas se incluya como  prioritaria en el acervo reivindicativo de la Carrera.

Las reformas necesarias que nunca llegan

Las cuatro Asociaciones Judiciales se oponen a que desde Legislativo y Ejecutivo se prime la necesidad económica frente a la formación de los jueces. Según la reforma, de 2012, del artículo 307 de la LOPJ, regulador de la carrera de los jueces en prácticas tras aprobar el examen de oposición, se introdujo una nueva fase en la formación de los jueces en prácticas, de modo que, tras las prácticas tuteladas, que se acortan notablemente, se enfrentan a un periodo en el que tienen la condición de jueces sustitutos, sujetos a evaluación, pero con plenas funciones jurisdiccionales. Lo que no gusta a los profesionales en ejercicio.

Y sin que hasta la fecha se haya emprendido ningún cambio en este sentido por el legislativo. De hecho a la Promoción 68, que ya está evaluada, y que recibirá hoy sus despachos, le han sido ofrecidas un total de 23 plazas como titulares, y 40 plazas a disposición de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, es decir, en expectativa de destino.

Ello supone que, como viene ocurriendo sistemáticamente en las últimas promociones, que la mayoría de los nuevos jueces no tendrá un destino en propiedad, sino que se les podrá cambiar de plaza en virtud de las necesidades de cada momento, no retribuyéndoles como Jueces de Adscripción Territorial (que es lo que materialmente son), sino de acuerdo a la plaza concreta que ocupan.

Este extremo ya fue denunciado por las cuatro Asociaciones Judiciales el pasado 22 de octubre, ante la Comisión Permanente de Justicia, donde exigieron que a los jueces que sean nombrados en expectativa de destino de la Promoción 68, y con carácter retroactivo a los de la 67 desde el 9 de abril de 2018, se les remunerase como Jueces de Adscripción Territorial, y no de acuerdo a la plaza concreta que ocupan.

Cambio de criterio que no se ha producido por parte del Consejo General del Poder Judicial.

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