El PSOE plantea que Estatutos como el catalán o vasco no tengan que ser aprobados por el Congreso

En la fase de comparecencias, y en lo relativo a los Estatutos autonómicos, el PSOE se planteó en la última sesión la opción de que los textos no pasen por el Congreso y sean únicamente validados en sus respectivos Parlamentos. 

La reflexión, del diputado socialista Gregorio Cámara, se produjo en respuesta a la intervención del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Francisco Balaguer y en el debate sobre la asunción de competencias por parte de las Comunidades autónomas.

En opinión de Balaguer, el precepto 149.3 de la Constitución -que plantea que las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Carta Magna «podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos»- resulta «problemático» en tanto permite las diferencias entre regiones. «El Estado tiene que tener sus competencias, las que constitucionalmente se entiendan que le corresponden, y a partir de esas competencias estatales, lógicamente, las comunidades autónomas tienen que tener, inevitablemente, el resto de las competencias que no pertenecen al Estado», observó este experto.

Delimitar las competencias en la Constitución

En conclusión, Balaguer proponía delimitar claramente en la Constitución las competencias que corresponden al Estado y las que corresponden a las Comunidades Autónomas, sin que los Estatutos de Autonomía pudiesen incorporar competencias de forma arbitraria.

En su intervención, el diputado socialista Cámara Villar aseguró compartir plenamente el diagnóstico y se mostró de acuerdo con «eliminar el principio dispositivo y definir las competencias que son del Estado».

Superada esa fase, Cámara tomó como referencia el estudio coordinado por el profesor Santiago Muñoz Machado y Eliseo Aja sobre distribución competencial para plantear si, entonces, «tendría sentido mantener el sistema de elaboración y aprobación de los estatutos, de tal manera que tuvieran que seguir interviniendo las Cortes Generales en su elaboración y aprobación».

Tomando el marco de estos autores, Cámara sostenía la tesis de que, definidas las competencias, los Estatutos de autonomía serían únicamente «estatutos institucionales» y en este sentido, abría la reflexión: «¿No sería ya una norma que debería ser elaborada por la comunidad autónoma y que funcionaría como su propia constitución, dentro, por supuesto, del marco de la Constitución general, de la Constitución federal, y que ya de esa manera no tendría sentido que intervinieran las Cortes Generales, salvo el hecho de que hubiera un control, evidentemente, por parte del Tribunal Constitucional de adecuación al marco constitucional?».

El Tribunal Constitucional anuló 14 artículos del Estatut catalán e interpretó otros 27

Un planteamiento que adquiere especial significado en los últimos días, y después de la reunión mantenida el pasado jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el catalán, Quim Torra. 

Los polémicos Estatutos catalán y vasco

En el plan trazado por ambos dirigentes, como reveló OKDIARIO, estaría un doble referéndum: por una parte, toda España votaría una reforma constitucional a la carta de las cesiones máximas admisibles dentro de las exigidas por los golpistas. Y, más tarde, los catalanes votarían una reforma del Estatut de Autonomía. 

Cabe recordar, en este sentido, que uno de los primeros guiños de Sánchez al secesionismo, tras llegar a La Moncloa, fue abrir la puerta a revisar y reintegrar al Estatut los artículos considerados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en 2010.

El Gobierno de Sánchez planea reformas legislativas para recuperar partes del Estatut 

Entonces, el tribunal interpretó 27 artículos y anuló 14 del texto estatutario, entre ellos, la referencia al catalán como «lengua preferente» en Cataluña o lo relativo a la Justicia propia, a través de un Consejo de Justicia de Cataluña, un órgano que estaría descentralizado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El Gobierno de Sánchez planea reformas legislativas para recuperar partes de ese Estatut para devolverlo a su estado original, es decir, antes de la sentencia del Constitucional.

Nación y ‘derecho a decidir’ en el Estatuto vasco

En este contexto, cabe recordar también el debate actual sobre el Estatuto vasco, en cuyo preámbulo PNV y Bildu han incluido la referencia a «Euskal Herria» como pueblo asentado en siete territorios, que constituye una «nación» y el establecimiento de un modelo de relación «bilateral» con el Estado, de «naturaleza confederal».

El texto, que contempla el derecho a decidir como la «capacidad de los vascos para decidir, expresar y ejercer su voluntad colectiva de cara a la consecución de fórmulas de convivencia acordadas voluntariamente y de establecer mecanismos que garanticen que los compromisos alcanzados sean respetados», fue rechazado por Podemos, PSE ni PP.

El procedimiento actual de validación de los Estatutos de Autonomía exigen su paso por el Congreso de los Diputados, donde se tramita como Ley Orgánica.