El Gobierno reconoce que recortará el «derecho de asociación» para ilegalizar la Fundación Franco

El Gobierno da pasos para la ilegalización de la Fundación Francisco Franco y todas aquellas asociaciones o fundaciones que, resume el Ejecutivo, «públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia, contras las víctimas de la Guerra Civil Española y el franquismo por su condición como tales, o que realicen apología del franquismo, fascismo y nazismo».

Así consta en una respuesta por escrito al senador de Compromís, Carles Mulet, fechada este lunes, y en la que el Gobierno de Pedro Sánchez detalla por primera vez los trámites para cumplir con su objetivo.

El Ejecutivo se remite al proyecto de reforma de la Ley de Memoria Histórica, actualmente en trámite parlamentario, que recoge expresamente la declaración de ilegalidad de estas asociaciones y fundaciones. Y para ello, añade, se seguirá un itinerario: «Se procederá a las modificaciones correspondientes en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones».

La ley de asociación establece que «todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos» y también que «el derecho de asociación comprende la libertad de asociarse o crear asociaciones, sin necesidad de autorización previa». Únicamente se determina que «las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales» y que también se «prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar».

A día de hoy, la defensa del franquismo no es delito, y para considerarlo como tal, sería necesario llevar a cabo una modificación del artículo 510 del Código Penal, en la que también trabaja el Gobierno, como avanzó OKDIARIO. No obstante, el Gobierno sí podría introducir un nuevo redactado al artículo 2 de la citada ley para prohibir las asociaciones y fundaciones de corte franquista.

En su pregunta, el senador Mulet se refería, en concreto, a la Plataforma Patriótica Millán Astray que, exponía, «se ha dedicado a amedrentar a los ayuntamientos que han cambiado o intentado cambiar su callejero para retirar las vías dedicadas a Millán Astray». A continuación, el senador se interesaba por las «medidas que piensa adoptar el Gobierno para ilegalizar ésta y otras fundaciones que justifican el franquismo y sus crímenes»,

En otra respuesta, también de este martes, y en el Congreso, el Ejecutivo confirma su intención de ilegalizar asociaciones y fundaciones que realicen apología del franquismo, aunque sin precisar el procedimiento y fiándolo a una reforma «integral» de la Ley de Memoria Histórica donde se incluyan las «modificaciones legales oportunas».

En esta contestación, al portavoz adjunto de ‘En Comú’ en el Congreso, Josep Vendrell, el Gobierno vincula las medidas contra la Fundación Franco con una futura reforma integral de la ley «en la que se estudiará la inclusión de modificaciones legales oportunas para que se declaren ilegales las asociaciones o fundaciones que realicen apología del franquismo».

Justicia encargó un estudio 

En su comparecencia en el Congreso, en julio, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ya avanzó su intención de iniciar un estudio para ver cómo se podía proceder a la ilegalización de la Fundación Franco. El Gobierno ya tiene respuesta, y es modificando dos leyes actualmente vigentes.

Todo, a través del ‘mandato’ de la Ley de Memoria Histórica, que actualmente, está siendo revisada en el Congreso a partir del real decreto ley aprobado en agosto por el Gobierno para poder exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

Actualmente, su tramitación se encuentra en proceso de presentación de enmiendas parciales, para lo que tanto PP como Ciudadanos han reclamado ampliar el plazo que expiraba este mismo martes.

En esas enmiendas, Podemos ya ha avanzado que reclamará que se prohiban todas las asociaciones y entidades «que conmemoren, justifiquen, exalten, enaltezcan» el franquismo, al igual que las «alusiones que desmerezcan a la legalidad republicana y sus defensores».

El partido de Pablo Iglesias reclamará, asimismo, demoler la gran cruz del Valle de los Caídos, exhumar a Franco y enterrarlo «en la intimidad familiar» , crear una Fiscalía especial «para las desapariciones forzosas y la sustracción forzada de menores» o reformar la Ley de Amnistía, de 1977, para juzgar los crímenes del franquismo.

Por su parte, el PSOE pretende impedir que los restos de Franco sean inhumados en la cripta de la catedral de la Almudena, donde la familia tiene un mausoleo, así como prohibir el enaltecimiento de la dictadura en espacios públicos «sea cual sea su titularidad».

PP y Ciudadanos preparan sus enmiendas en línea con el informe de expertos encargado, en 2011, por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que exigía un amplio «consenso político y social» para llevar a cabo la exhumación del dictador y la remodelación en el Valle de los Caídos.