El Gobierno tiene lista ya la reforma del Código Penal para que la apología del franquismo sea delito

El Gobierno de Pedro Sánchez trabaja ya en la reforma del Código Penal para tipificar como delito la apología del franquismo.

Así lo confirman fuentes gubernamentales en una respuesta por escrito en el Senado, fechada el pasado 15 de octubre. En su contestación al senador de Compromís, Carles Mulet -que se interesaba por las medidas para ilegalizar la apología del franquismo- el Ejecutivo confirma que su «propósito» es una reforma integral de la Ley de Memoria Histórica «en la que se incluirán las modificaciones legales oportunas para que se declaren ilegales las asociaciones y fundaciones que realicen apología del franquismo». Y añade: «Igualmente se está estudiando la modificación del artículo 510 del Código Penal para incluir dicha apología como delito». 

El artículo 510, en su actual redactado, establece penas de prisión para quienes fomenten o inciten al  «odio, hostilidad, discriminación o violencia» por motivos de ideología, creencias, pertenencia a una etnia o raza, religión, identidad sexual, enfermedad sexual o discapacidad, entre otros supuestos.

Es ahí donde el Ejecutivo intenta encajar como delito, expresamente, la justificación o enaltecimiento del franquismo.

Actualmente, el Código Penal contempla cárcel para quienes «trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores» o «justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo o una parte del mismo».

El artículo 510 actual establece penas de prisión para quienes fomenten o inciten al «odio, hostilidad, discriminación o violencia» por motivos de ideología

Las penas pueden llegar hasta los cuatro años de prisión cuando «se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación» contra un grupo determinado, o cuando los hechos se lleven a cabo a través de medios de comunicación, Internet o cualquier otra plataforma que lo haga «accesible a un elevado número de personas». Los condenados serán además inhabilitados, hasta catorce años, para profesiones educativas, deportivas o de tiempo libre y se obligará a la destrucción de libros, documentos o artículos a través de los cuales se hayan difundido los contenidos delictivos. En el caso de medios digitales, se ordenará el «bloqueo del acceso» a los mismos.

‘Mordaza’ a los medios

En su propuesta de Memoria Histórica -plasmada en una proposición de ley en el Congreso- los socialistas ya contemplaban la modificación del Código Penal para castigar, con hasta cuatro años de cárcel, a quienes «públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil Española y del franquismo por su condición como tales» o elaboren “escritos o cualquier otra clase de material o soportes” que sean “idóneos” para fomentar esas conductas.

Según la propuesta socialista, también serían sancionados quienes “lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguna de las víctimas” mediante escritos y otros materiales o quienes “enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión el franquismo, o los delitos que hubieran sido cometidos contra las víctimas de la Guerra Civil Española o del franquismo por su condición como tales, o a quienes hayan participado en su ejecución”. En este caso, con hasta dos años de cárcel.

Ilegalización de fundaciones

El pasado abril, el PSOE también presentó una moción en el Senado -rechazada con la mayoría del PP- para promover la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, al entender que es contraria a la Constitución y a la Ley de Memoria Histórica.

En julio, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, avanzó en una comparecencia en el Congreso una  reforma integral de la Ley de Memoria Histórica, así como la elaboración de planes de búsqueda de desaparecidos, un censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y programas de exhumación. Entre las medidas se incluía también la ilegalización de las asociaciones y organizaciones que defienden el franquismo.