La ley obliga a Celaá a declarar la última tasación de su mansión: 1,08 millones

Mientras la ministra Isabel Celaá sigue sin dar ningún tipo de explicación por su inmenso patrimonio oculto tras una valoración genérica de 195.000 euros -al menos un chalé de lujo de más 700 metros cuadrados y un piso en el centro de Bilbao-, el conjunto de exigencias legales de los altos cargos sigue demostrando que la portavoz del Gobierno no cumplió sus obligaciones de transparencia.

Y es que los altos cargos del Estado, además de tener que cumplimentar el famoso documento que se hizo público hace poco más de una semana en el BOE, deben declarar sus bienes de acuerdo a la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, es decir, por el mayor valor de entre los tres siguientes:  el valor catastral, el comprobado por la Administración a efectos de otros tributos, o el precio, contraprestación o valor de la adquisición.

Su escritura incluía una tasación expresamente registrada: una que mostraba que, en caso de subasta, el chalé debía marcarse en un precio de salida de 1,08 millones de euros. Ese valor corresponde a un acto escriturado y con su respectivo impuesto. Y la Administración y Celaá, por supuesto, podían tener conocimiento de él porque estaba elevado a fe pública. En el caso de Celaá es obvio porque esa escritura fue asumida por los dos cónyuges.

Y esto implica que la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, tendría que haber registrado su vivienda de lujo de Berango, zona residencial exclusiva próxima a Bilbao, por, al menos, 1,08 millones de euros, el valor de tasación que refleja la propia escritura, y no por los 195.000 euros que en realidad computa en su declaración oficial de bienes, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El modelo 4

Los altos cargos de la Administración deben rellenar varios modelos para cumplir con la Ley del alto cargo (2015) que, entre otros, les obliga a revelar sus bienes inmuebles, participación en sociedades, seguros de vida o planes de pensiones.

La mayor parte de esos formularios son confidenciales, y quedan bajo custodia de la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del ministerio de Política Territorial, que ahora dirige Meritxell Batet. Sólo uno, el número 7, es público y es el que, finalmente, se revela en el BOE a efectos de que la opinión pública pueda conocer el patrimonio de aquellos que les gobiernan. Un modelo que en ningún momento informa de que los bienes inmuebles se han computado según su ‘valor catastral’.

Pero los cargos deben rellenar, en el momento de su toma de posesión y cese, otro modelo, el 4, que queda bajo secreto de la Administración. Se trata de una ficha mucho más detallada que les obliga, por ejemplo, a identificar con precisión la dirección concreta de sus bienes inmuebles y su valor. Es al final del documento cuando se advierte con claridad de que «el modelo se cumplimentará de conformidad con lo previsto en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, en particular en lo relativo a la valoración de los bienes, derechos o deudas». 

Y la mencionada ley, en su artículo 10, determina lo siguiente: «Los bienes de naturaleza urbana o rústica se computarán de acuerdo a las siguientes reglas: Uno. Por el mayor valor de los tres siguientes: El valor catastral, el comprobado por la Administración a efectos de otros tributos o el precio, contraprestación o valor de la adquisición (…)».

Es decir, los 1,08 millones en lugar de los 195.000 que declara la ministra portavoz para una mansión de 700 metros cuadrados habitables, parcela de 4.500 metros cuadrados, diez dormitorios, dos cocinas, bodega, txoko, salón, sala comedor, seis baños, garaje, tenis, frontón y piscina, todo ello, a tiro de metro de Bilbao, como reveló OKDIARIO.

La Moncloa se ha defendido de la información sobre el chalé de lujo de Isabel Celaá asegurando que los bienes han de consignarse según su valor catastral. Pero según la citada Ley del Impuesto sobre el Patrimonio la cifra tendría que ser la de la tasación de la casa a efectos de subasta, que se recoge en la propia escritura.

Además de esa precisión, incluida en el propio modelo a disposición de los altos cargos, la realidad es que la ley del alto cargo no hace alusión alguna a que la valoración deba ser la catastral.

Es más, el artículo 21.5 obliga a publicar una “declaración comprensiva de la situación patrimonial” del cargo en cuestión. Y el artículo 17 sólo indica que los altos cargos tendrán la obligación de presentar su declaración de bienes y derechos al Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de altos cargos en el plazo “improrrogable” de tres meses desde su toma de posesión y cese, además del certificado de su última declaración anual del impuesto sobre el patrimonio, una copia de su declaración del IRPF y una certificación de la Agencia Tributaria de estar al corriente de sus obligaciones.

En el preámbulo de la propia norma se recoge el deber de ofrecer una información «transparente» y «comprensible» para cualquier ciudadano.

Ni la ley ni el modelo público indican, tampoco, si se trata de una propiedad compartida con el cónyuge. Otro dato clave para entender la situación real del alto cargo. Según la nota del Registro de la Propiedad a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el inmueble de Celaá es propiedad de la ministra y de su marido –José Ignacio Aspichueta– en régimen de gananciales. Celaá registró únicamente la mitad del valor catastral, pero en ningún lugar-ni en la ley ni en el modelo-se explica si la cifra corresponde al valor total o solo a la parte que corresponde al cargo en cuestión.