Sánchez atacó en ‘su’ tesis a las regiones “secesionistas” con las que ahora negocia
La tesis firmada y presentada por Pedro Sánchez incluyó un ataque a las regiones “secesionistas” por la invasión de competencias que realizaban sobre el Estado y los problemas que ocasionaban. Se refiere, evidentemente, a Cataluña, con cuyo Gobierno negocia y cuyos partidos independentistas han apoyado la llegada de Sánchez a la Moncloa, vía moción de censura, y ante los que ahora debe ceder en contra, supuestamente, de las ideas que defendía en su trabajo de investigación.
No les llamó “nacionalistas”, sino “regiones con aspiraciones secesionistas”. Todo ello, teniendo en cuanta que el secesionismo es un tipo delictivo. Y ese término es un término que su partido nunca ha querido usar. Pero lo más paradójico de todo es que, justo en las mismas fechas en las que defendía ‘su’ tesis el PSOE –su partido– elaboraba ya la Declaración de Granada, que fue anunciada definitivamente el 6 de junio de 2013. Y en esa declaración la postura del PSOE era justo la contraria: la de defender el autogobierno de las autonomías y la de criticar al Tribunal Constitucional por tumbar parte de un Estatuto, entre otras cosas, por vulnerar competencias autonómicas como las embajadas.
Sánchez, que contó con al menos tres ‘negros’ para elaborar su tesis, no debió leer mucho la parte de las autonomías antes de entregar ‘su’ trabajo de investigación. Porque, en caso contrario, se habría dado cuenta de una evidente contradicción con lo que él y su propio partido defendían justo en esos momentos.
El daño a la diplomacia económica
Si él critica la falta de coordinación provocada por las “regiones con aspiraciones secesionistas”, su partido plasmaba en el documento citado la defensa de las competencias aprobadas en el referéndum en Cataluña del Estatuto catalán: un Estatuto que pretendía ampliar las competencias de representación diplomática de Cataluña hasta el punto de competir directamente con las nacionales.
El Constitucional tuvo que tumbar esa locura. Pero el PSOE defendió en el documento el derecho de Cataluña a su Estatuto íntegro. Y todo ello mientras la tesis firmada por Sánchez y elaboraba por múltiples manos criticaba el daño que ocasionaban en las relaciones diplomáticas económicas las “aspiraciones secesionistas”.
Algo que sólo se puede entender asumiendo que todo ese enfoque debió ser obra, evidentemente, de alguno de los mencionados ‘negros’ que encabezaba Carlos Ocaña -director de Gabinete del Ministerio de Industria en el momento en el que Sánchez elaboraba la tesis.
“Para las regiones con aspiraciones secesionistas, la articulación de estrategias contradictorias u opuestas con el Estado se dirigirá a tratar de ampliar el área del círculo ‘Acción Exterior de las Regiones contradictoria con el Estado’, seguido de la ‘Acción Exterior directa’ en detrimento del área de ‘Acción Exterior del Estado’”, señala la tesis de Sánchez.
La descripción de la tesis firmada por Sánchez es exacta. El único problema es que ni él ni su partido la asumían en las declaraciones oficiales.
Este papel secesionista, sigue la tesis, “buscará ampliar el área de ‘Acciones compartidas Regiones- Estado’ debilitando el de ‘Acción Exterior del Estado’”.
De hecho, la tesis incluye todo un apartado para describir el problemas de las contradicciones que provocan estas acciones autonómicas:
“4.3.3. Acción de las CC.AA contradictoria con el Estado.
La acción exterior económica regional contradictoria con el Estado, se articula de similar manera a la acción directa de las CC.AA antes descrita, pero con una diferencia significativa: la búsqueda de una diferenciación competitiva con el Estado al que pertenece”, señala este apartado. Y acto seguido describe todas las acciones dañinas que realizan, entre otras, la Generalitat Catalan: ‘Así, las acciones de promoción económica realizadas bajo esta política no son informadas a las Embajadas ni Oficinas Económicas del Estado en el exterior, las misiones comerciales y la asistencia a ferias internacionales no cuentan ni con la coordinación, ni con la identificación complementaria hecha en su caso, sino en completa diferenciación respecto a ella’. Provocando todo ellos ‘un enfrentamiento entre la política exterior del Estado y el de la CC.AA afectada, llevando al desacople en la política exterior del Estado’”.
Y el mismo Pedro Sánchez, esta vez sin ‘negros’, era el que respaldaba la Declaración de Granada que se comunicaba oficialmente un 6 julio 2013. Allí se pedía lo contrario: que las autonomías pudiesen hacer lo que critica la tesis.
“Necesitamos reformar la Constitución para crear los mecanismos de cooperación institucional que caracterizan a los Estados federales y de los que hoy carecemos en gran medida. Necesitamos también constitucionalizar la participación del las CCAA en la gobernación del Estado y en la presencia de España en Europa, tanto para contribuir a la formación de la voluntad de España, como para garantizar la ejecución en sus respectivos territorios de las decisiones que se tomen en la Unión Europea”, señalaba esa declaración. Algo que lleva implícito el poder competir abiertamente con la diplomacia nacional.
Y, por si fuera poco, esa declaración señalaba también que “necesitamos modificar el control constitucional de las reformas de los Estatutos de Autonomía para que no se repita el hecho de que el Tribunal Constitucional anule parcialmente un Estatuto que ya ha sido votado por los ciudadanos”. El TC, de hecho, tumbó la ampliación del poder de la Generalitat catalana para crear una diplomacia pura.