Congreso de los Diputados

Podemos quiere reformar el Código Penal para multar los piropos en la vía pública

Ione Belarra
Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso. (Foto: Podemos)
Segundo Sanz

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea en el Congreso de los Diputados ha registrado este miércoles una proposición de ley integral de la libertad sexual y para la erradicación de las violencias sexuales en la que plantea una reforma del Código Penal para multar a aquellas personas que profieran piropos a otras en la calle. La formación de Pablo Iglesias pretende que estos comportamientos se conviertan en un «delito leve».

En concreto, Podemos y sus confluencias reclaman introducir un nuevo artículo en la legislación penal española, que sería el número 172 quater con el siguiente redactado: «Será castigado con pena de multa de 3 a 9 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 50 días el que se dirija a una persona en la vía pública con proposiciones, comportamientos o presiones de carácter sexual o sexista que, sin llegar a constituir trato degradante ni atentado contra la libertad sexual, creen para la víctima una situación intimidatoria».

La iniciativa ha sido presentada por la diputada Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso; Sofía Castañón, secretaria de Feminismos Interseccional y LGTBI de Podemos; Ángela Rodríguez (En Marea), Alicia Ramos (En Comú Podem); y Eva García (IU), junto a Patricia Faraldo, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de La Coruña.

La introducción de la pena de multa de 3 a 9 meses por dirigir piropos en la calle es una de las principales novedades de la Ley integral de la libertad sexual y para la erradicación de las violencias sexuales. Así mismo, el texto plantea que estas actuaciones, calificadas como «violencia sexual», también sean perseguidas en el ámbito de las redes sociales y que aquellas personas que se sientan intimidadas puedan reclamar una «reparación simbólica».

«No seas animal»

El pasado enero, Unidos Podemos ya se mostró a favor de la campaña con el eslogan ‘No seas animal’ que lanzó la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, para «sensibilizar» acerca de «comportamientos machistas» como silbidos, piropos o miradas a mujeres por la calle. La formación morada dijo estar de acuerdo con el Ejecutivo andaluz de Susana Díaz en calificar estas actitudes como «violencia machista».

Para Unidos Podemos es necesario que cualquier medida que se tome en relación a este tema esté enmarcada dentro de un ámbito de trabajo que permita regular desde el piropo hasta el maltrato en el ámbito de pareja. «Nos preocupa lo descompensadas que están la prevención y detección de las violencias sexuales fuera del ámbito doméstico», sostienen desde la coalición.

Si esta ley que preparan los morados llega a tramitarse, España se acercaría a otros países de Europa en los que ya regulan estas conductas. Así, Bélgica fue el primer país que puso coto a los piropos: desde 2014 se condena con multas entre los 50 y los 1.000 euros. Mientras, Francia lanzó en septiembre del año pasado una iniciativa legislativa para prohibir piropos y pretende, también multarlos. Por su parte, Portugal también ha legislado el «acoso callejero», incluyendo penas de cárcel.

Eliminar la resistencia

Sobre la propuesta lanzada ayer por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para reformar también el Código Penal e introducir el «consentimiento expreso» en los delitos sexuales, Unidos Podemos ha explicado que el consentimiento ya está contemplado, por lo que su propuesta aquí, lo novedoso, consiste en retirar la variable de la oposición de resistencia. «No se trata de firmar contratos sexuales, sino de eliminar el criterio de la resistencia activa», ha subrayado la catedrática Faraldo.

En el caso de La Manada, los cinco condenados lo fueron por por delitos continuados de abuso sexual con prevalimiento, pero no por violación, ya que el tribunal no observó delito de agresión sexual, que implica «violencia e intimidación».  Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, “para que haya intimidación  basta con que suponga suprimir la voluntad de resistencia de la víctima».

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