En los presupuestos de 2017

Romeva destinó 17 millones a la cooperación “con el objetivo de hacer posible la independencia”

Carme Forcadell y Raül Romeva entrando en el Tribunal Supremo. Foto: Francisco Toledo
Carme Forcadell y Raül Romeva entrando en el Tribunal Supremo. Foto: Francisco Toledo
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El ex conseller de Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva —actualmente en prisión—, presupuestó más de 17 millones de euros en 2017 para cooperación al desarrollo, una partida que se consideró prioritaria para conseguir sus objetivos de independencia y construir “un nuevo país”. La Operación Estela iniciada este jueves —y que se ha saldado por el momento con 29 detenidos— vincula los fondos de cooperación y ayuda al desarrollo con el presunto desvío de dinero público para financiar el procés. 

En la memoria de programas de los últimos presupuestos del gobierno independentista, el departamento de Romeva explicaba que “la actual legislatura tiene como objetivo establecer las bases que hagan posible la declaración de la independencia de Cataluña, a partir de la creación de unas estructuras de Estado y de impulso de un proceso de desconexión nacional y popular del Estado español”.

“Para que este objetivo de país sea posible es necesario reforzar la proyección exterior de Cataluña y lograr su reconocimiento”, añadía. Y en este sentido, se veía necesaria la puesta en marcha de un departamento de Exteriores suficientemente dotado de recursos para “impulsar una política catalana en relación con el mundo y, en especial, con la Unión Europea, que desarrolle políticas catalanas de cooperación al desarrollo, potenciar la cultura de memoria histórica, paz y derechos humanos (…)”. Todo orientado a la construcción del “país” catalán. El presupuesto destinado a cooperación ascendió a 17.400.000 euros. 

La Operación Estela vincula los fondos de cooperación y ayuda al desarrollo con el desvío de dinero público para financiar el procés

La investigación cree que el importe defraudado asciende a dos millones de euros, que fueron destinados a fines distintos a los programas de cooperación, entre ellos, sistemas de canalización de aguas o recogida de basuras en países en vías de desarrollo. A los arrestados se les atribuyen delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.

Los investigadores se centran por ahora en el destino de las ayudas concedidas a través de la Diputación de Barcelona y que nunca llegaron a su destino. Entre los presuntos implicados se encuentra Francesc Dalmases, diputado de Junts per Catalunya muy vinculado a Carles Puigdemont y director de la Fundación CATmón, ligada a la extinta CatDem, durante años, la principal fundación de Convergència. CATmón ejercía como ‘think tank’ convergente para el “reconocimiento” internacional de la “nación catalana”.

Una consellería investigada

La operación cerca la financiación del proceso secesionista y busca esclarecer el presunto desvío de dinero público para el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.

La Guardia Civil cuantificaba recientemente en sus informes en 1,9 millones el posible desvío para ese referéndum y, precisamente, una de las partidas acreditadas —con facturas correspondientes— correspondía al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña —Diplocat— en manos de Raül Romeva. 

Los investigadores acreditaron a observadores internacionales para el referéndum por un importe de 192.368,86 euros, mediante transferencias a The Hague Center for Strategic Studies, el centro encargado de gestionar las misiones de observación de procesos electorales internacionales.

Entre otras facturas, se recogían 25.303,86 euros en vuelos, hoteles y actos. la investigación situaba a Romeva como responsable de los gastos.

Precisamente, la del departamento de Romeva es la única alusión a la independencia en el programa presupuestario, después de que el Tribunal Constitucional anulase tres partidas —por importe total de 6,2 millones de euros— destinadas a “procesos electorales y consultas populares” y a “procesos electorales y de participación ciudadana”. El tribunal declaró además inconstitucional la disposición adicional 40, que instaba a la Generalitat a habilitar las partidas necesarias “para el proceso refrendario sobre el futuro político de Cataluña”.

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