Torra restituirá al sedicioso Trapero como jefe de los Mossos para «volver a la normalidad»

Una de las primeras decisiones que tomará el consejo ejecutivo catalán presidido por Quim Torra, que con toda probabilidad se reunirá entre el lunes y el martes que viene, una vez hayan tomado posesión los nuevos ‘consellers’, será restituir en el cargo al Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

Procesado por la Audiencia Nacional por los delitos de sedición o pertenencia a organización criminal, Trapero fue cesado en el mes de octubre con la aplicación del artículo 155. Aunque mantiene el título de Mayor, ya que no se le puede arrebatar si no renuncia él mismo, durante estos meses Trapero ha continuado dentro el cuerpo, pero apartado en una comisaría haciendo tareas administrativas, mientras uno de sus colaboradores, Ferran López, ostenta la dirección efectiva del cuerpo bajo las órdenes del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

Según Torra, los Mossos «deben volver a la normalidad» y para ello ha anunciado una inversión económica en la Policía autonómica catalana para «que el cuerpo tenga los recursos para enfrentar con garantías los retos de seguridad».

Imputados sus cercanos

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela confirmó el mes pasado el procesamiento de Josep Lluís Trapero por organización criminal y dos delitos de sedición por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y por la jornada del 1 de octubre.

La magistrada también ratificó el procesamiento del ex director de los Mossos, Pere Soler y del ex secretario general de Interior de la Generalitat, César Puig, por organización criminal y un único delito de sedición, en su caso por el 1 de octubre. Igualmente ratificó la instructora el procesamiento de la intendente Teresa Laplana por un delito de sedición por los hechos del 20 y 21 de septiembre.

En su auto, la magistrada detallaba todos los indicios incriminatorios recabados durante la investigación que le permite concluir que los procesados pertenecen  y han desempeñado sus actividades como miembros de una compleja y heterogénea  organización  unida por el propósito de lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como República Independiente, al margen de las vías legales «alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario».