El PSOE prevé incentivos para los libros de texto que hablen de la «represión franquista»

La reforma de la ley de Memoria Histórica que planea el PSOE recoge importantes implicaciones en materia educativa. Sin duda, uno de los aspectos más controvertidos.

Según la proposición de ley que será debatida en los próximos meses, todos los programas educativos  deberán incluir «la enseñanza de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas». Pero la imposición que se prevé sobre el currículo educativo no queda ahí. Los socialistas pretenden, además, «incentivar» la elaboración de material didáctico sobre la Guerra Civil y la «represión franquista». Este extremo abunda la posibilidad de subvenciones o ayudas editoriales para la producción de material con su visión de la historia. 

Esa visión vendrá determinada por lo que denominan ‘Comisión de la Verdad’, un «órgano temporal y de carácter no judicial con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido», según se recoge también en el texto.

Esta comisión estará integrada por expertos de distinto tipo- juristas, historiadores, expertos en violencia de género o miembros de asociaciones de derechos humanos- y se encargará de elaborar un estudio sobre el período comprendido entre la Guerra Civil y la aprobación de la Constitución (1936-1978), a través de la recogida de testimonios y otros materiales. El objetivo, dicen los socialistas, será denunciar «las violaciones a los derechos humanos y la comisión de crímenes de lesa humanidad y de guerra” y contribuir «a la construcción colectiva de la memoria democrática española”. Las conclusiones serán remitidas al Congreso de los Diputados para su aprobación y tendrán carácter vinculante, con lo que vertebrarán todo el discurso del Gobierno en torno a la memoria histórica.

También en la Universidad

La inclusión de la «memoria democrática», como denomina, no se limita a los niveles de primaria, secundaria o bachillerato. Afecta también a los estudios universitarios, según estos planes. Así, se contemplan convenios de colaboración para incorporarla en estudios de Grado, e incluso, de Master. 

Además, se promoverán las investigaciones «sobre la represión padecida por las mujeres durante la Guerra Civil Española y la Dictadura franquista». De nuevo, una orientación de la actividad educativa en base a factores ideológicos. 

La intención de los socialistas es sumar a Podemos, los independentistas y Ciudadanos para sacar adelante la iniciativa. 

Penas de cárcel e inhabilitaciones

Los socialistas prevén además duros castigos para quienes la incumplan. Por ejemplo, penas de hasta cuatro años de cárcel o quince de inhabilitación para el empleo o cargo público para autoridades y funcionarios, y de cuatro años para particulares o profesionales de comunicación, que exalten el franquismo, entre otros.

«Aunque el espíritu de la ley de Memoria se basa en unos principios humanitarios, el tiempo ha demostrado la necesidad de introducir sanciones y plazos contra todos aquellos que, aún tras 40 años de democracia, no han asumido su deber de cumplimiento con las leyes y la Memoria Histórica», se lamentan en el texto de la iniciativa.

Entre las sanciones más duras están las que afectan a la autoridad o cargo público cuando, «por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado en contra de medidas que supongan la aplicación y desarrollo de leyes o disposiciones normativas de carácter general relativas a la memoria democrática y a la reparación de víctimas de la Guerra Civil Española y del franquismo, resultando en el bloqueo e incumplimiento de las mismas».