Las 10 reclamaciones de las residencias de ancianos a Iglesias para atajar la 2ª ola de la pandemia

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), que agrupa a la mayor parte de residencias de ancianos, ha escrito una carta a la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, que lidera Pablo Iglesias, para pedir un verdadero plan contra el drama del coronavirus en estos centros de mayores. Enumeran 10 exigencias concretas para evitar las miles de muertes que se registraron en la primera ola de la pandemia.

Estos expertos han remitido una misiva dirigida al secretario de Estado Nacho Álvarez, el estrecho colaborador de Pablo Iglesias que ejerce de número 2 en el Ministerio. Cabe recordar que el líder de Podemos se erigió públicamente en rueda de prensa como mando único a nivel estatal en esta materia aunque luego trató de recular y esquivar responsabilidades.

Por el momento, estos profesionales son pesimistas: «En esta segunda ola de la epidemia, los brotes que se están registrando son doce veces más frecuentes en residencias que en la población general y tres veces más intensos». En este contexto, sentencian que «sería recomendable que hubiera criterios homogéneos en el seguimiento de casos detectados en todas las comunidades». Lamentan que «en este momento las comunidades más afectadas son Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Castilla-La Mancha y, en términos absolutos, Castilla y León».

Por todo ello, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología quiere enmendar el documento titulado “Informe del Grupo de Trabajo Covid-19 y Residencias” que ha puesto en marcha la citada Secretaría de Estado. La decisión de impulsar este texto es algo que «agradecen» los citados expertos. Con esta iniciativa impulsada por el equipo de Pablo Iglesias, se demuestra que la Vicepresidencia sí tiene competencias en los centros de ancianos a pesar de que, tras las miles de muertes, el líder morado ha asegurado que las competencias son de las comunidades autónomas.

10 puntos

En primer lugar, esta sociedad profesional pide «que se indique claramente el intervalo mínimo de tiempo en el que hay que hacer test diagnósticos, y su tipología (antigénicos o PCR) a los residentes (tanto a los que ya están dentro de la residencia como a los nuevos ingresos) y a los profesionales (a los estables y a las nuevas incorporaciones)».

A continuación, en el segundo punto, la SEGG apunta la necesidad de que al fin se fijen «las reservas estratégicas mínimas de equipos de protección individual (EPI) que debería tener cada residencia». «Sugerimos que la reserva recomendable es el equivalente al consumo de 3 meses, tomando como referencia el consumo medio del mes de mayor incidencia de la primera oleada epidémica», desarrollan.

Protocolos

A renglón seguido, en tercer término, piden que «se hagan públicos los planes de contingencia de cada residencia para todos los usuarios y/o sus familiares». Igualmente, subrayan lo conveniente de «que los planes de contingencia recojan de forma clara los protocolos que se pondrán en marcha durante los periodos de confinamiento de los residentes para paliar los efectos del aislamiento». Especialmente, los geriatras piden que se aclare cómo actuar cuando estallan brotes y, por tanto, «cómo se reforzará la terapia física, ocupacional y recreacional para evitar los efectos secundarios del confinamiento».

En quinto lugar se aconseja un incremento del «número de recursos humanos (especialmente de gerocultores y de enfermeras) durante los periodos en los que haya afectación por el coronavirus». Apuntan que «el incremento en el número de personal de enfermería ha demostrado que disminuye la progresión de la infección en los centros residenciales».

A continuación, los geriatras agregan como petición urgente que «se categoricen y se hagan públicos los tipos de centro que hay en cada territorio». «Les enviamos protocolos de actuación y clasificación de centros de la SEGG, donde sugerimos la clasificación en tres grupos, por si tienen a bien considerarlos», comentan.

Así mismo, ven imprescindible que «los centros que no puedan aislar a personas con la infección tengan claramente establecidos los centros de derivación (centros de atención intermedia u hospitales) y los circuitos asistenciales. Y que estos circuitos de derivación sean públicos». Sorprendentemente, el Gobierno no ha detallado cómo tiene que ser este procedimiento de actuación.

Formación

En la misma línea, el octavo punto va dirigido a que «se haga obligatoria la formación en la correcta utilización de EPI (equipos de protección individual) y circuitos de aislamiento de todos los profesionales que trabajan en residencias de mayores». Subrayan que «esta formación se debería repetir periódicamente».

Otra de las exigencias es que en el apartado referente a la recogida de datos de los pacientes positivos, se incluya «también las derivaciones que se han producido al hospital y los contactos por residente que se han tenido con las familias».

Por último, los geriatras incluyen en el listado que «cuando un centro residencial llegue a una situación crítica, se debe establecer que el soporte de personal (si éste es el elemento que lo hace estar en situación crítica) debe prestarse desde el hospital y los servicios de atención primaria del área correspondiente».

Por último, la SEGG agradece la atención de la Secretaría de Estado y reiteran su «ofrecimiento de apoyo en la elaboración de otros protocolos que tengan previstos, o en cualquier iniciativa en la que puedan pensar que les pueda ser de apoyo». «Ya saben que en nuestra sociedad existen múltiples profesionales que están luchando día a día con el SARS-CoV-2 en las residencias de mayores y en los hospitales, y pueden contrastar con ellos cualquier nueva iniciativa o idea», finalizan.