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Puigdemont pide la amnistía para un condenado a 4 años por agredir a un policía con un palo con clavos

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

La negociación de Pedro Sánchez con el prófugo Carles Puigdemont para su investidura pasa por dos condiciones: la celebración de un referéndum de independencia y la amnistía de todos los condenados y multados por actos relacionados con el procés. Aquí se incluyen no sólo los líderes del proceso separatista, sino aquellos enjuiciados por lo que en Junts denominan «actos de intencionalidad política», y que incluyen además todo tipo de protestas y disturbios en la vía pública. Envalentonado por la posición de fuerza de su partido, Puigdemont ha mostrado este martes su desacuerdo con la entrada en prisión de Daniel Gallardo, condenado a cuatro años de cárcel por el Tribunal Supremo por los delitos de desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad durante una protesta en Madrid contra la sentencia del 1-O, el 16 de octubre de 2019.

«El conflicto sigue intacto, pese a las promesas de los dialogantes. Nada han solucionado, más bien lo han empeorado porque su simulacro de resolución ha ocultado la represión profunda y estructural sobre una parte de la sociedad», ha manifestado Puigdemont.

La sentencia consideró probado que Gallardo agredió a un policía mientras participaba en las protestas a favor de los presos del 1-O con un grupo de unas 80 personas que portaban palos y adoquines y que provocaron distintos desperfectos «alterando injustificadamente la paz social y el orden público». El grupo protagonizó distintas barricadas por las calles de Madrid para entorpecer el trabajo policial destinado a disolver los disturbios e increpó a los viandantes. En un momento dado, una de las participantes en la protesta fue alcanzada en su huida por los agentes y, al verlo, Gallardo «le golpeó súbitamente por la espalda y de manera violenta con un palo de unos 90 centímetros de largo y 7 centímetros de ancho atravesado por seis clavos».

El agente recibió hasta dos golpes en la cabeza, que llevaba cubierta por el casco. «No se trata de una acción defensiva, es un evidente acometimiento que tuvo consecuencias que sin duda dado el medio empleado pudieron provocar daños de mayor entidad, lo que no ocurrió debido al material de protección que utilizaba el agente», advirtieron los magistrados.

Posteriormente, los magistrados del Supremo reiteraron que «la acometida llevaba la suficiente peligrosidad para originar una grave afectación para la salud, tanto por la contundencia, como por el carácter invasivo de los clavos».

3.200 condenados

Junts ya ha retado a Sánchez a hacer una propuesta de amnistía y de un referéndum de independencia para Cataluña para empezar a negociar una hipotética investidura del candidato del PSOE. Según los resultados del pasado domingo, Sánchez necesitaría la abstención de los siete diputados de Junts para seguir en La Moncloa.

En una proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados, Junts dejaba claros los términos de esa amnistía que ahora reclaman: afectaría, según sus cálculos de entonces, a unos 3.200 condenados y multados -ahora lo elevan a unos 4.000- desde el 1 de enero de 2013 por distintos actos de «intencionalidad política».

«Se entenderá por intencionalidad política cualquier hecho vinculado a la preparación, organización, convocatoria, financiación, favor, promoción, ejecución y celebración tanto del Proceso Participativo sobre el futuro político de Cataluña del 9 de noviembre de 2014 como del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, así como los actos de protesta en la vía pública que, con el fin de defender las citadas consultas o criticar la actuación de las autoridades gubernamentales o jurisdiccionales, hayan sido enjuiciados penal o administrativamente desde la fecha del citado referéndum», concluían los separatistas. La iniciativa no fue admitida por la Cámara, ya que los letrados advirtieron que era inconstitucional.