Los vaivenes de Sánchez con la regulación del alquiler elevarán el precio en las grandes ciudades

Comienza un año 2019 en el que los precios de los alquileres deberían moderarse tras haber experimentado un crecimiento notable en los últimos años. Según informes de empresas cotizadas que se dedican al alquiler de inmuebles, en 2017 los precios subieron un 18,4% de media. Una subida mucho mayor que la que reconoce el INE, para quien el IPCA del alquiler apenas subió un 2% en 12 meses tomando como referencia el segundo trimestre del año pasado.

Estas cifras oficiales están muy lejos de otras de empresas privadas como Fotocasa, que establecen un 9% de subida en un solo año (2017). O de las de Sociedad de Tasación (ST), que entre 2014 y 2018 ha establecido en un 50% la rentabilidad media de los alquileres.

Pese a los conservadores datos públicos, el Ministerio de Fomento ha debido creer que hay un problema cuando ha publicado en diciembre un real decreto ley con una serie de medidas que facilitan la situación a los arrendatarios de viviendas. Principalmente una ampliación de los años de renovación del contrato de alquiler (de 3 a 5), limitar las garantías a dos mensualidades y otras medidas. Fuentes de los fondos de inversión que son propietarios de parque de viviendas reconocieron a OKDIARIO que este decreto cambiaba su situación y provocaría una subida de alquileres para compensar los mayores perjuicios para el arrendador.

Blackstone (25.000 viviendas), Cerberus, Lone Star (más de 15.000) tienen una capacidad a tener en cuenta para influir en el mercado de la vivienda. Entre grandes fondos y bancos controlan unas 100.000 viviendas en las grandes ciudades, lo que sin ser el único agente de relevancia en el mercado, les permite influirlo en alguna medida. Fuentes de los fondos han asegurado a OKDIARIO que la tendencia será a subir los precios si se mantienen las dificultades regulatorias para rentabilizar estos activos que han adquirido con endeudamiento.

Controlar la subida de los precios

El Gobierno de Pedro Sánchez vivió durante semanas una batalla interna entre sus dos facciones que se vio reflejada en la redacción del decreto ley. Según se informó en esos días, una facción más intervencionista y representada por José Luis Ábalos, ministro de Fomento, o María Jesús Montero, ministra de Hacienda, defendía no provocar a Podemos y cumplir con lo pactado entre Sánchez y Pablo Iglesias en el borrador de Presupuestos. En ese documento, el Gobierno se comprometió a intervenir los precios de los alquileres dando competencias a los Ayuntamientos para que puedan toparlos por arriba. Por su parte, otra facción más liberal, representada por ministros como Nadia Calviño -Economía y Empresa- y Josep Borrell -Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación- se mostraron contrarios a una intervención que es contraria a las leyes de mercado.

Aunque el texto legal vio la luz sin ninguna mención al control de los precios de los alquileres por parte de los ayuntamientos, Montero rápidamente reconoció que seguirán trabajando con Podemos para introducir esta medida. El Gobierno de Sánchez sigue aún intentado poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para lo cual es imprescindible el apoyo del partido de Pablo Iglesias.

Estas medidas, de llevarse a cabo, darían precisamente más protagonismo a Manuela Carmena y Ada Colau, las dos alcaldesas de las dos principales ciudades del país y baluarte político de la coalición de partidos de izquierdas durante los pasados años. Precisamente Madrid y Barcelona son según Sociedad de Tasación las dos ciudades donde siguen subiendo los precios la vivienda, que tiran también hacia arriba de los precios de alquiler y frente al resto del país donde los precios han subido en cifras muy parecidas al crecimiento del PIB, lo cual indica un aumento sano y relacionado con la propia economía, muy alejado de las dos capitales donde los valores siguen disparados.

Por tanto, el Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos ha planteado la opción de limitar los precios de los alquileres mediante un proyecto de ley (lo que le obligaría a una mayoría parlamentaria muy difícil de obtener ahora mismo) o en los propios PGE, donde la negociación sería incluso más dificultosa al incluirse en el texto general, que tiene carácter de ley orgánica.