Lío de competencias por los pozos ilegales de Doñana: la Audiencia Nacional demanda a MITECO
Detectados 250 pozos que extrajeron agua ilegalmente en el entorno de Doñana durante 2022 y 2023
La disputa sobre quién debe actuar pone de manifiesto la complejidad administrativa que rodea a Doñana
La inteligencia artificial, nueva herramienta de MITECO para detectar extracciones ilegales en Doñana
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha formalizado una demanda contra MITECO por los pozos ilegales de Doñana, exigiendo al ministerio que actúe contra los particulares y entidades que extraen ilegalmente agua subterránea del espacio natural.
La Secretaría de Estado de Medio Ambiente rechazó en octubre de 2025 la solicitud previa de la Fiscalía al considerar que no era el órgano competente en la materia. El conflicto revela un enredo administrativo que deja sin respuesta efectiva uno de los problemas más graves del parque.
La demanda, presentada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, surge tras meses de tensión entre la Fiscalía y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
La Unidad Central del SEPRONA de la Guardia Civil identificó durante 2022 y 2023 a 250 responsables de extracciones ilegales masivas de aguas subterráneas que afectan directamente a Doñana. De ellos, 198 operaban en la provincia de Huelva, 51 en Sevilla y 1 en Cádiz.
250 infractores identificados
El daño acumulado en las masas de agua subterránea de Doñana llevó a la Fiscalía a activar el mecanismo de responsabilidad medioambiental contemplado en la legislación española.
En el marco de las Diligencias Preprocesales 7/2023, el Ministerio Fiscal solicitó formalmente que se iniciara un procedimiento de exigencia de responsabilidad contra los infractores identificados. MITECO, no obstante, resolvió inadmitir esa solicitud alegando que no era el órgano competente para tramitarla.
Según la resolución ministerial, la Secretaría de Estado no sería el órgano adecuado porque los daños a las aguas continentales de Doñana no afectan en exclusiva al Dominio Público Hidráulico. El ministerio argumentó que los perjuicios involucran ecosistemas interconectados que afectan al medioambiente en general y que la protección y gestión del espacio corresponde a la Junta de Andalucía. Esta postura ha sido impugnada ahora por la Fiscalía ante los tribunales.
La Junta, señalada
La disputa sobre quién debe actuar pone de manifiesto la complejidad administrativa que rodea a Doñana, cuya gestión se reparte entre el Estado y la comunidad autónoma.
Mientras la Fiscalía considera que MITECO tiene competencia directa en materia de responsabilidad medioambiental sobre el Dominio Público Hidráulico, el ministerio traslada la responsabilidad a la administración andaluza. El resultado es un vacío de acción que deja sin reparación los daños causados al parque natural.
La Audiencia Nacional tendrá ahora que resolver si MITECO está o no obligado a ejercer esa competencia. En juego está el derecho constitucional de todos los ciudadanos a disfrutar de un medioambiente adecuado, tal y como ha subrayado la propia Fiscalía en su escrito de impugnación. La resolución de este litigio marcará un precedente significativo para la protección de los espacios naturales frente a la explotación ilegal de recursos hídricos.
España, condenada por el TJUE
El historial de incumplimientos en Doñana tiene un episodio especialmente grave: en 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró la responsabilidad del Estado español por no haber adoptado medidas efectivas para evitar y reparar el daño medioambiental sobre las aguas del espacio natural.
Aquella sentencia puso en evidencia la falta de coordinación entre las administraciones implicadas y la pasividad ante las extracciones ilegales. La demanda actual vuelve sobre el mismo problema sin resolver.
Para la Fiscalía, la exigencia de responsabilidad medioambiental «concierne al derecho constitucional de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo». Este principio, según el Ministerio Fiscal, debe informar tanto la legislación como la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. MITECO, en cambio, mantiene que su intervención se circunscribe estrictamente al ámbito del Dominio Público Hidráulico.
La CHG y sus expedientes abiertos
Desde MITECO, la respuesta a la demanda llegó a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que asegura actuar de manera continua y coordinada con la Fiscalía, la Guardia Civil y sus propios servicios ambientales en todo lo concerniente al entorno de Doñana.
La Confederación mantiene expedientes abiertos en todos los casos en que detecta una extracción de agua sin concesión o que supera los límites autorizados por la ley. El organismo subraya que su actuación no comenzó con el requerimiento de la Fiscalía, sino que ya estaba en marcha con anterioridad.
Sin embargo, el ministerio reconoce los límites de la CHG: el organismo puede cerrar pozos ilegales cuando corresponde a su ámbito, pero no tiene facultad para cerrar ni precintar fincas. Estas acciones, según MITECO, «recaen en otras administraciones». La Confederación espera que todos los organismos implicados cumplan con los compromisos adquiridos y ejerzan sus competencias de manera coordinada.
Derribo de un pozo ilegal en Doñana por parte de la CHG.
Plan específico para Doñana
Más allá del conflicto competencial, MITECO ha presentado avances concretos en la lucha contra las extracciones irregulares en Doñana. La CHG ha elaborado un plan específico de intervención y desde su puesta en marcha asegura haber logrado reducir a menos de la mitad la superficie de regadío irregular detectada inicialmente. El objetivo declarado del ministerio es alcanzar cero pozos ilegales en la zona.
Para acelerar ese proceso, la Confederación ha implementado un sistema de teledetección basado en inteligencia artificial que permite obtener información más precisa en tiempos más cortos sobre las extracciones. El sistema es de consulta pública y, según MITECO, lanza un mensaje disuasorio a los infractores. El ministerio cita como modelo de referencia el Marco de Actuaciones Prioritarias del Mar Menor, que califica de «modelo de restauración hermano» al aplicado en Doñana.
Multas y obligaciones de restitución
En el plano sancionador, cada expediente tramitado por la CHG determina las multas económicas correspondientes y las obligaciones de restitución derivadas de los daños al dominio público hidráulico. Cuando se acredita la existencia de perjuicios, la Confederación establece la obligación de reponer el estado del terreno afectado. Tanto MITECO como la CHG reportan periódicamente a la Comisión Europea sobre el progreso en la restauración del equilibrio medioambiental de Doñana.
Con la demanda formalizada, la Audiencia Nacional asume el papel de árbitro en un conflicto de competencias que lleva años enquistado. La decisión judicial determinará si MITECO debe asumir la responsabilidad directa de exigir medidas de reparación a los 250 infractores identificados en Doñana o si el ministerio puede continuar derivando esa responsabilidad hacia otras administraciones. El parque natural, mientras tanto, sigue a la espera de una solución definitiva.
