El Gobierno ha llegado a un acuerdo con el grupo parlamentario EH Bildu, que apoyará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a cambio de prorrogar el tope del 2% para la actualización de las rentas de alquiler hasta el 31 de diciembre de 2023, entre otras medidas. El sector ha recibido este pacto como un jarro de agua fría y alerta de que supondrá una importante caída de la oferta de alquiler.

En concreto, el sector inmobiliario cree que este tipo de limitación tendrá un efecto devastador en el parque de viviendas de alquiler. Puede provocar que «la oferta se reduzca entre un 5 y un 10%, mientras que los precios pueden incrementarse hasta un 8%», explica a OKDIARIO Iñaki Unsain, presidente de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI).

Esto se sumaría a la importante caída que ya se ha registrado en el parque de alquiler a lo largo de este año. Según los datos de Idealista, la oferta de vivienda en alquiler se redujo un 25% durante el tercer trimestre de 2022 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Mientras que la caída fue mayor en el segundo trimestre, con una contracción de la oferta del 37%. El sector alerta de que estos periodos coinciden con la entrada en vigor del tope al precio del alquiler impulsada por el Gobierno.

En ese sentido, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) cataloga como «inaceptable» que se prorrogue una medida que «supone la privación del derecho de propiedad a más dos millones propietarios de vivienda en alquiler en España; y a los que no se ofrece ningún tipo de compensación, en contra de lo que prevé la Constitución Española. Además, se carga sobre ellos el problema social de la vivienda, que es responsabilidad de la Administración».

Ferrán Font, director de Estudios del portal inmobiliario Fotocasa, también alerta de que «la inestabilidad jurídica podría generar aún más caída de oferta. Un hecho especialmente grave en grandes capitales. Y es precisamente en estos mercados donde hay una demanda que tensiona más el precio al alza y una oferta cada vez más insuficiente donde el problema sería más grave».

Medida «temporal»

Además, Asval insiste en que el tope del 2% al precio del alquiler se planteó como una medida «temporal y excepcional». Y critica que con esta prórroga por un año se ven dañados de nuevo los derechos de los propietarios, «lo que propiciará reclamaciones patrimoniales contra el Estado por parte de los mismos».

El sector coincide en reprochar que los propietarios de pisos en alquiler también sufren las consecuencias de la inflación y, por lo tanto, ven aumentar sus facturas por el incremento de precios. Desde Asval, recuerdan que el 75% de ellos son particulares con una o dos viviendas, que las destinan al alquiler de vivienda para completar sus ingresos o su pensión.

La prórroga de esta limitación sitúa al mercado en una «situación crítica, que desincentiva la inversión en alquiler, y que desviará la oferta al sector de la venta, agravando el problema del acceso a la vivienda, más aún en un contexto de endurecimiento de los tipos hipotecarios, lo que perjudica a los colectivos sociales más vulnerables», dice la patronal.

Para concluir, Ángel Martínez León, vocal del Consejo General de los COAPI de España, considera que «los pequeños propietarios saldrán perjudicados, pues hay muchos que no tienen demasiado margen de beneficio. Este techo que se pone a las rentas, sumado a la incertidumbre generada por el intervencionismo del Estado, hará que la oferta caiga y, a igual demanda, provocará un posible aumento del precio medio del alquiler en las grandes ciudades».