Crisis del coronavirus

La subida del salario mínimo de Sánchez dificultará la creación de empleo tras la crisis del coronavirus

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Las subidas del salario mínimo interprofesional que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez dificultarán la salida de la crisis económica que ha provocado la pandemia del coronavirus. La mayoría de los expertos avisan de que el alza del sueldo mínimo será  contraproducente, especialmente para aquellas personas que cobran retribuciones más bajas.

María Jesús Fernández, economista senior del servicio de estudios de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), explica que «en una situación como esta es cuando más peligro hay de que se produzca un efecto negativo» del alza del SMI. «Cuando baja la marea se ve bien quien está sin bañador», dice. «Cuando salgamos de esta crisis tan dura, que el SMI sea más alto puede dañar la creación de empleo», avisa esta experta. Explica que para una empresa que está empezando a funcionar no es lo mismo pagar un salario de 850 euros o de 1.000 euros. Sin embargo, aclara que el impacto de subir el SMI es menor en épocas de bonanza y que, en cambio, en épocas de crisis se nota más.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha disparado el salario mínimo sensiblemente desde que llegó a La Moncloa, un periodo en el que también ha crecido sensiblemente el desempleo. El SMI ascendía a 735,9 euros en 2018 cuando se produjo la moción de censura a Mariano Rajoy que aupó al actual líder del Ejecutivo, escaló a 900 euros  en 2019 (disparándose un 22,3%) sin contar con el acuerdo de los empresarios, y avanzó hasta los 950 euros en 2020 en 14 pagas, un 5,5% más, en este caso con el aval a regañadientes de la CEOE. No hay que olvidar que el sueldo mínimo era de 570 euros en 2007, un 66% inferior.

Por su parte, Daniel Fernández Kranz, profesor del IE Business School, en un artículo de enero de 2019 publicado en un documento de Funcas apuntaba que «existe evidencia de que aumentos excesivos del salario mínimo pueden afectar negativamente el empleo de aquellos grupos a los que pretende ayudar, por ejemplo, jóvenes». «Además, no está claro que esta sea la herramienta más eficaz para combatir la creciente desigualdad de ingresos de las familias, ya que no existe una relación clara entre el nivel de los salarios y la pobreza de las familias. Por todo lo anterior, lo más recomendable sería proponer subidas más graduales del salario mínimo que permitan estudiar su impacto sobre el empleo de los grupos afectados. También, sería aconsejable establecer diferencias en el nivel del SMI entre grupos de trabajadores, al estilo alemán, en el que el nivel del SMI es inferior para jóvenes con poca experiencia laboral», decía.

La cuestión no es si las autoridades o las empresas quieren subir los sueldos más bajos sino si es factible económicamente, para el valor añadido que generan esos empleos. Un estudio del Instituto de Estudios Económicos, IEE, elaborado por su expresidente José Luis Feito en 2017, cuando aún gobernaba Rajoy, avisaba de que una subida del SMI era «dañina para parte de los trabajadores más vulnerables: los de menor renta y los más propensos a perder el empleo y a permanecer en el paro». Apuntaba que, como «sucedió con otras alzas bruscas del salario mínimo al comienzo de la Transición política y en las legislaturas de Zapatero (2004‐2011)», esta subida del coste salarial mínimo aumentaría «el peso de la contratación temporal, reducirá la duración de la jornada media de trabajo y ralentizará el crecimiento del empleo a tiempo completo, incrementará el paro estructural de los jóvenes y de los trabajadores de baja cualificación e incentivará la economía sumergida».

Por su parte, BBVA Research calculó a comienzos de este año que el alza del SMI evitó que se crearan 45.000 empleos en 2019 en la economía española, algo que sin duda podría agravarse en 2020 porque el país estará afrontando e intentando salir de la recesión más intensa desde la Guerra Civil.

Los vínculos entre la reforma laboral de 2012 y el SMI

José Antonio Herce, socio director de Afi, relata que «durante todos estos años, incluso antes de la circunstancia tan desgracia de la Covid-19, el Gobierno de coalición y el Gobierno socialista antes han estado tomando medidas de subidas muy importantes del salario mínimo, justamente utilizando el razonamiento de que se hacían para compensar a los trabajadores de la flexibilización desproporcionada, en opinión de los que han adoptado estas medidas, que tuvo lugar en 2012». Esto es, a su juicio, una razón de peso por la que no hay que revertir la reforma laboral como plantea el Gobierno.

Por su parte, Gisela Turazzini, CEO de Blackbird Broker, opina que la subida del salario mínimo profesional «es una medida necesaria ya que tampoco podemos pretender tener un país con una economía de valor añadido, con precariedad salarial». A su juicio, «los salarios mínimos deberían revisarse siempre y las empresas cerciorarse de que la productividad laboral está acorde a las expectativas de los trabajadores». «Con un mercado laboral flexible, no supone un problema dejar el salario mínimo profesional en los niveles que propone el Gobierno», plantea Turazzini que opina, no obstante que «si España deroga totalmente la reforma laboral del 2012, volveremos al zapaterismo empeorado».

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