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Las claves de la imputación de Banco Santander en el ‘caso Popular’

Banco Santander no ha provisionado fondos por el posible daño económico que pueda sufrir por la causa del Popular y confía en que sus gestores no se vean salpicados por decisiones que tomó el banco intervenido por el Estado en tiempos de Ron y Saracho.

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Oficinas de Banco Santander y Banco Popular en Madrid.

La Audiencia Nacional ha imputado a Banco Santander en la causa en la que investiga a los antiguos gestores de Banco Popular, entidad que compró en una subasta pública en junio de 2017. Según publicó OKDIARIO este miércoles por la tarde, la entidad que preside Ana Botín recurrirá este auto del juez José Luis Calama. Estas son algunas claves de una imputación que va a dañar la imagen del banco.

Delito

Desde que se reformó el Código Penal en 2010, una empresa puede ser perseguida judicialmente también por hechos penales como los que afrontan judicialmente los antiguos responsanbles de Banco Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, entre otros directivos. Como nuevo propietario de la entidad, el magistrado Calama ha extendido a Santander esa imputación, una decisión que los servicios jurídicos del banco rechazan al considerar que sus responsabilidades deben quedar en las cuantías económicas que Popular tenga que abonar si es condenado.

Sin provisión de fondos extra

Pese a que algunos de los demandantes, como el gigante de la inversión Pacific Investment Management Co (Pimco), han elevado a 3.000 millones el riesgo que contemplan por las responsabilidades de Popular, lo cierto es que Banco Santander, por el momento, no ha provisionado fondos extraordinarios, más allá de los que tenía previstos para posibles litigios bancarios, por un posible riesgo adicional para este caso. La entidad parece confiar así en que sea cuál sea la decisión judicial, la posible condena no tendrá un impacto demasiado significativo en sus cuentas. Para reducir la litigiosidad, el banco que preside Ana Botín ofreció soluciones a los afectados por la liquidación de Popular. Pero no todos han aceptado el pacto.

Dos piezas en la Audiencia

El caso del Popular se juzgará en una ‘macrocausa’ con 34 personas en el banquillo de los acusados. Hay dos piezas separadas en la Audiencia Nacional. Una primera que afecta a la ampliación de capital que el banco realizó en 2016 por importe de 2.500 millones de euros y por la que le acusan de engaño a los inversores. La segunda, por supuesta manipulación de los mercados a través de la difusión de noticias en medios de comunicación.

Sin precedentes 

Uno de los argumentos que utilizarán los abogados de Botín para defender su recurso será precisamente el de la ausencia de precedentes en los que los gestores de un banco que ha comprado otro tengan que asumir consecuencias penales por las actuaciones de la antigua dirección de la entidad. Así ocurrió en el caso de Banco de Valencia, que arrastraba causas penales tras ser absorbida Caixabank que afectaban a sus anteriores gestores y que no salpicaron a la dirección del banco comprador, según explican desde Santander.

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