La Sareb pagará 10 millones a tres subcontratistas para recuperar 42.000 viviendas okupadas

La Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A., se gastará al menos 10 millones de euros en dos años para recuperar viviendas que tiene okupadas o que están en situación de abandono tras sufrir una okupación o casos de dejadez. En suma, 10 millones para poner en orden su listado de viviendas que, hoy por hoy, tiene fuera de control real y efectivo. El coste final puede ser todavía mayor, porque la Sareb prevé la posibilidad de prorrogar esos contratos por un año más, lo que elevaría la factura a un total de 15 millones de euros.

Acaba de subcontratar a un bufete de abogados, una consultora especializada en servicios a administraciones públicas y una compañía de mantenimiento para recuperar la posesión efectiva de 42.000 casas, en números redondos, repartidas por toda España.

Estas subcontrataciones, a cuyos expedientes ha tenido acceso OKDIARIO, suponen el reconocimiento explícito del descontrol que existe sobre el patrimonio inmobiliario que está en manos del conocido como el banco malo, la Sareb, sociedad de la que el Estado es el accionista mayoritario, a través del FROB, el Fondo de Reestructuración Bancaria que se creó para salvar los muebles del sector financiero español cuando tras estallar la crisis de 2008.

El plan de trabajo diseñado por la Sareb prevé la emisión de 24.118 informes sobre la situación «ocupacional» en la que se encuentran otras tantas viviendas que han quedado abandonadas o que están okupadas por inquilinos desconocidos con los que no se ha conseguido contactar. Además, elaborará otros 17.749 «informes ocupacionales» que están okupadas por personas que sí han logrado ser identificadas y sobre las que se deberá realizar un estudio de «vulnerabilidad» social, a fin de intentar llegar a una solución «amistosa» que evite el desahucio judicial.

Por solución «amistosa» entiende la Sareb el abandono pactado de la vivienda por parte del okupa u okupas, o llegar a un acuerdo de arrendamiento a precio asequible acorde a la situación y voluntad de quienes disfrutan ilegalmente de ese inmueble. Esos alquileres pactados ya los ha puesto en práctica la Sareb con parte de su parque inmobiliario.

El origen, la crisis de 2008

Los activos en manos del llamado banco malo son los procedentes de operaciones fallidas durante la crisis inmobiliaria y financiera que estalló en 2008. El rescate de las cajas de ahorros conllevó la asunción por parte del Estado de una gran cantidad de viviendas –algunas inconclusas– e incluso terrenos que habían pasado a manos de las entidades financieras rescatadas.

Supuestamente, con esos activos inmobiliarios se iba a recuperar, al menos en parte, el dinero público inyectado en el rescate financiero. El problema es que una parte sustancial de dichos activos son difícilmente comercializables, bien porque se trata de edificios que requieren fuertes inversiones para ponerlos en uso o incluso para terminarlos o reconstruirlos, bien porque son inmuebles situados en zonas de muy bajo interés comercial, o bien porque se trata de activos okupados.

Hace unos meses, en plena carrera hacia las urnas, el presidente Pedro Sánchez presentó la Sareb como solución para sacar al mercado miles de viviendas con perfil social, que permitan aliviar las dificultades crecientes de una parte de la sociedad para adquirir una casa en propiedad o en alquiler, dada la escalada de precios que se ha producido.

Sin embargo, la realidad de la Sareb es mucho más compleja que la simplista promesa que hizo el presidente Sánchez. Dan fe de ello el objeto de los subcontratos que ultima en estos momentos la Sareb: acaba de adjudicarlos y los firmará y activará en las próximas semanas.

El mero hecho de prever la emisión de 41.867 informes sobre la situación «ocupacional» evidencia que esta sociedad controlada por el Estado ni siquiera sabe a ciencia cierta cuál es la situación jurídica y de conservación de esos inmuebles. Lo más que calcula al respecto es que, de esas 41.867 viviendas, 24.118 son «activos vacíos u ocupados no contactados» –es decir, que no se ha dado con los okupas– y que otros 17.749 son viviendas con okupas con los que se logra contactar, ya se muestren o no «colaboradores» con un arreglo pactado.

10.000 pleitos a la vista

Además, según estos subcontratos que está ultimando la Sareb, esta sociedad calcula que tendrá que emprender al menos 9.778 pleitos para forzar el lanzamiento judicial y, así, recuperar otras tantas viviendas que tiene okupadas o que han quedado abandonadas. La mayoría de esos procesos (8.771) prevé que sean lanzamientos de inmuebles que han quedado vacíos tras una okupación, y otros 1.007 serán viviendas que recuperará con órdenes de desahucio contra okupas «no vulnerables». También prevé recuperar la posesión de otras 3.700 viviendas mediante la gestión «amistosa dentro de los 30 días desde la fecha de okupación».

El resto, hasta las casi 42.000 viviendas que prevé poner en orden la Sareb, serán activos sobre los que tomará posesión por primera vez, que se encuentren en otro tipo de situaciones o que, pese a estar okupados, sean objeto de acuerdos pactados de alquiler con quienes los utilizan de forma ilegal hasta ahora.

En cualquier caso, el banco malo subraya que todos los procesos que se lleven a cabo deben incluir, en el caso de viviendas okupadas, un informe que detalle «el estado ocupacional y/o vulnerabilidad de los ocupantes».

Los adjudicatarios

Las empresas elegidas por la Sareb para estas subcontrataciones han sido el bufete jurídico barcelonés M&P Ledesma y Asociados S.L.U., la compañía especializada en servicios a administraciones públicas Factoría Gestión y Consultoría S.L., y la firma de externalización de procesos Wallner Europa S.L., también con sede en Barcelona.

La Sareb pagará un total de 9,96 millones de euros por esas subcontratas (IVA incluido) por dos años de servicios. La adjudicación prevé una posible prórroga por un año más, por lo que el coste total podría elevarse hasta los alrededor de 15 millones de euros, impuestos incluidos.