Crisis energética

Sánchez se salta el acuerdo de la UE y mantiene su impuestazo a eléctricas, petroleras y gasistas

Sánchez mitin
Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea.
Eduardo Segovia
  • Eduardo Segovia
  • Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.

Pedro Sánchez ha decidido tirar por la calle de enmedio y saltarse el acuerdo alcanzado por los 27 miembros de la UE a finales de septiembre para mantener su impuestazo a eléctricas petroleras y gasistas. Así, no eximirá a las primeras del tributo y a las segundas y terceras les impondrá un gravamen sobre sus ingresos y no sobre sus beneficios como pide el acuerdo comunitario.

Así se recoge en las enmiendas presentadas conjuntamente por el PSOE y Podemos a la proposición de ley que crea los nuevos tributos a las energéticas y a la banca, y en las que se ha incluido de rondón el nuevo impuesto a las grandes fortunas. En lo único que se adapta el impuesto a los acuerdos comunitarios es en el destino de la recaudación, que no irá a la caja común del gasto público sino a medidas para abaratar la factura energética, aunque tiene truco.

Así, las citadas enmiendan mantienen la estructura inicial de un tributo para todas las energéticas que tengan la consideración de «operador principal» y cuya cifra de negocio en 2019 superase los 1.000 millones. El tributo consistirá en el 1,2% de la citada cifra de facturación, a pesar de que  este concepto ya está gravado indirectamente en el Impuesto de Sociedades, que se calcula sobre el beneficio.

Por el contrario, el citado acuerdo de los Veintisiete separaba a las eléctricas del resto de las energéticas. Para las primeras, no establecía un impuesto, sino un tope a los ingresos de las generadoras distintas del gas, como nuclear, renovables o hidroeléctrica (las llamadas tecnologías «inframarginales») en 180 euros por MWh. Este tope a los llamados «beneficios caídos del cielo» no habría tenido recaudación en España, que tiene un tope similar en 67 euros desde el año pasado. De ahí que el Gobierno haya decidido meterlas en el impuesto general.

La UE también acordó establecer un impuesto para petroleras, gasistas y productores de carbón que gravara los «los beneficios excesivos», entendiendo por tales los de 2022 que superen un más del 20% la media de los beneficios de los tres años anteriores. Nada de esto se incluye en las enmiendas de PSOE y Podemos.

En cuanto al destino de la recaudación, sí lo adapta a las exigencias de la UE de utilizarla para «medidas de apoyo financiero a los clientes finales de energía», si bien sólo incluye a la industria si utiliza el dinero para invertir en renovables o mejorar su eficiencia para reducir el consumo.  Asimismo, incluye un cajón de sastre, «la financiación de medidas para reducir los efectos perjudiciales de la crisis energética», que Sánchez podrá usar para prácticamente cualquier medida gubernamental.

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