Sánchez arreglará las cuentas del Ibex con los fondos europeos, y lo venderá como ayudas sociales

Como casi siempre en España, los árboles no dejan ver el bosque y la tontería de las amenazas, las cartas y las balas desvía la atención de lo verdaderamente importante: el Gobierno de Pedro Sánchez ha mandado este viernes (el último día del plazo) los planes con los que pretende que Bruselas nos dé los 80.000 millones a fondo perdido prometidos para sacarnos de la crisis. La mayoría de ese maná va a acabar engordando los resultados de algunas de las mayores empresas del Ibex en vez de auxiliar a unas pymes desesperadas por culpa de las restricciones. Y encima, el Gobierno lo venderá como gasto social. Todo ello, con la sorprendente aquiescencia de un PP que, en este tema, ni está ni se le espera.

En su línea habitual, este nuestro Gobierno ha mandado a Bruselas dos tochos infumables con el Programa de Estabilidad y el Plan Nacional de Reformas… en los que ni se habla de estabilidad ni de reformas. Se limita a contar las medidas que ya ha tomado y que van en la dirección contraria de la que pide la Comisión Europea -nuevos impuestos, subidas de sueldos de funcionarios y pensiones y por ahí-, no anuncia ninguna medida nueva y se pone flamenco para soltar que lo de reducir el déficit ya si eso «se retomará una vez se alcance un crecimiento sostenido». Y se queda tan ancho. Por cierto, no son 140.000 millones como repite el Gobierno, son 80.000; el resto son préstamos que habrá que pedir más adelante.

La opinión generalizada en el mundo económico es que, a pesar de esta tomadura de pelo y de las reticencias de países como Holanda, la UE nos acabará dando al menos una parte del dinero (esa es otra, los 80.000 no van a llegar este año). Nuestra crisis es demasiado grave y no quieren que España vuelva a liarla como en 2012.  Una crisis que, por supuesto, ha estado provocada por la pandemia, pero el covid es el mismo en toda Europa y en ningún país cae tanto el PIB y sube tanto el paro como aquí. Pero bueno. Otra cosa será el próximo año, cuando sí obligarán a Sánchez a ponerse las pilas con el déficit, las pensiones o  el mercado laboral -y probablemente convocará elecciones antes de que eso le pase factura en las urnas-.

Pero, además, las ministras María Jesús Montero y Nadia Calviño han remitido un tercer documento que es el que de verdad importa y que no han hecho público, con una falta de transparencia escandalosa y rayana en la ilegalidad. Lo filtrarán en los próximos días a sus corresponsales de cabecera en la capital comunitaria. Este documento es el que recoge los proyectos para los que se piden los fondos y que deben ser autorizados uno a uno por la Comisión. O sea, que Pedro no puede repartir el dinero a su antojo, como le gustaría para comprar favores, voluntades y votos.

Grandes eléctricas, telecomunicaciones… y bancos

Pero, aun así, tiene un amplio margen en la selección de los proyectos presentados a Bruselas; por eso es tan importante el documento hurtado a la opinión pública. Porque ahí es donde está la madre del cordero: la mayoría de esos proyectos provienen de las grandes empresas españolas, que son las que se van a llevar el grueso del pastel.

El plan Next Generation de la UE tiene cuatro ejes: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y social; y la igualdad de género. Los dos primeros son los más importantes y tienen unos destinatarios claros: las eléctricas y los fabricantes de vehículos eléctricos en el primer caso, y las ‘telecos’ en el segundo. Y a la cabeza, Iberdrola y Telefónica al ser las más grandes en sus sectores. Lo de la cohesión territorial y la igualdad de género también beneficiará a los grandes del Ibex que tienen proyectos de desarrollo rural y de integración de la mujer (afortunadamente, en Bruselas entienden la igualdad como usted y como yo, y no como el cacao trans-queer que tiene Irene Montero). Hasta El Corte Inglés se ha apuntado a la fiesta.

Y luego está la banca, que se ha ofrecido a adelantar el dinero antes de que lo transfiera Bruselas… cobrando comisión, claro, que para eso son bancos. También financiarán la parte que no alcance con los fondos europeos. Incluso varios, con BBVA a la cabeza, quieren aspirar a parte de las subvenciones con sus propios proyectos de inversión verde y, por supuesto, de digitalización, que es el mantra del sector desde hace un lustro y al que se agarra ahora para justificar los ERE masivos en la red de oficinas.

El problema es que estas grandes compañías son intensivas en capital pero no en empleo, es decir, que no van a crear muchos puestos de trabajo a pesar de recibir este dineral. Aunque se supone que éses es el objetivo de los fondos. Pero en España, el empleo lo crean las pymes y autónomos, que son los grandes olvidados de este asunto. Para ellos, solo está prevista la miseria de los 7.000 millones que, se supone, podrán empezarse a solicitar la próxima semana (recuerden que deben darse prisa, porque las ayudas se reparten por orden de solicitud y, cuando se acaben, no hay más).

A pesar de ello, nuestro presidente alardeará de la inyección que le va a meter a la economía para salir de la crisis y reducir las desigualdades sociales, sin que se le caiga la cara de vergüenza. Y eso que se ha rodeado de los patronos del Ibex la cuatro o cinco veces que ha presentado este plan en Moncloa. Pero parece que esta incoherencia a los ojos de un votante de izquierdas no le pasa factura electoral, al menos de momento. Veremos qué pasa tras los comicios madrileños del martes.

¿Y el PP no dice nada?

Y a todo esto, ¿el PP no tiene nada que decir sobre el asunto más importante que tiene España encima de la mesa? Pues parece que no. Tampoco es que sea una gran novedad en asuntos económicos, donde el partido de Pablo Casado tampoco se ha pronunciado sobre las cuestionables condiciones de la fusión de CaixaBank y Bankia, por ejemplo.

Fuentes conocedoras de la situación explican que el PP no va a poner pegas a este reparto porque considera que «así se aprovechará un porcentaje mayor del dinero europeo». Por increíble que parezca, España solo se gasta un 30% de los fondos comunitarios que recibe cada año y el resto, o sea, el 70%, lo devuelve. Algo difícil de explicar salvo que sea porque Bruselas no permite que el Gobierno se lo dé a quien quiera, sino que su destino debe estar justificado y cumplir unas condiciones.

Entonces, la teoría del PP es que, si el grueso del dinero se reparte a las grandes empresas, se aprovechará un porcentaje mucho mayor que ese 30%, mientras que si lo destinas a las pymes, la «tasa de ejecutabilidad» (que así se llama) sería mucho más baja. En lo que sí va a entrar el principal partido de la oposición es en el reparto por autonomías que, como siempre, favorecerá a aquellas con Gobiernos nacionalistas a los que necesita Sánchez para seguir en Moncloa, su único objetivo e ideología.