Ribera convierte a España en el país más moroso del mundo por los impagos de arbitrajes a las renovables

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, ha convertido a España en el país del mundo más moroso por los impagos de los arbitrajes a las renovables, superando a Rusia en número de expedientes sin pagar e igualando a la Venezuela de Nicolás Maduro, según el Índice de Cumplimiento de Sentencias Internacionales 2023 que elabora el prestigioso jurista y académico holandés Nikos Lavranos. La situación será peor en 2024 para Ribera, ya que están pendientes de resolución una decena de arbitrajes que todo apunta que serán contrarios a los intereses de España, según refleja el informe.

De acuerdo con el trabajo de Lavranos, España acumula 15 sentencias desfavorables de los tribunales de arbitraje sin pagar, lo que eleva la cantidad adeudada hasta 1.300 millones de dólares -unos 1.200 millones de euros-. Con los mismos impagos aparece Venezuela, con una deuda que se eleva a 7.100 millones de dólares. En tercer lugar por número de sentencias impagadas se sitúa Rusia, con 9, aunque el montante que debe es de 60.100 millones de dólares. El resto de países queda ya lejos de estos tres, como se ve en el gráfico. Las naciones que tienen algún impago ascienden a 14.

El informe explica que a nivel global ya se han resuelto 890 arbitrajes,
de los que un 37% se han saldado a favor de los gobiernos denunciados, y el 28% han concluido en un victoria de los inversores denunciantes. El 19% de los expedientes se zanjaron con un acuerdo entre las partes, el 14% de los arbitrajes fueron discontinuados y un 3% de los procesos concluyó en tablas, es decir, con una decisión neutral para ambas partes. De los 890 arbitrajes finalizados, sólo 60 están sin pagar (el 6,7%), y España se sitúa en primer lugar con Venezuela en número de impagos.

Además, en lo referido específicamente a litigios por el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), el número de casos abiertos contra nuestro país es el más alto del mundo (51), muy por delante de Italia (14) y Rumanía (8), donde el grueso de los laudos sí han quedado resueltos. Los países de la Unión Europea, incluida España, han anunciado su intención de salirse del Tratado de la Carta de la Energía pero se trata de inversiones que están vigentes y ligadas a ese tratado durante 20 años.

Arbitrajes renovables

Estos impagos han provocado ya que algunos tribunales hayan ordenado embargos de bienes españoles por las reclamaciones de los fondos denunciantes. La justicia británica ha autorizado el embargo cautelar del derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige (cerca de 900 millones de euros), así como de la sede londinense del Instituto Cervantes, la Escuela Internacional Vicente Cañada, una cuenta bancaria del Estado español o una de promoción económica del Gobierno de Cataluña.

En Australia, la Corte Suprema ha emitido una sentencia que abre la puerta a procedimientos similares. En cuanto al frente norteamericano, los tribunales siguen estudiando los distintos casos abiertos en la Corte del Distrito de Columbia. En paralelo, el Gobierno estadounidense ha emitido un informe alertando de los riesgos que enfrentan las inversiones energéticas en España, mientras que la Cámara de Comercio se ha personado ante la justicia del país para respaldar las demandas de las compañías afectadas y alertar de las devastadoras consecuencias que tienen los impagos para la seguridad jurídica de las inversiones internacionales.

Además, se han intervenido cuatro títulos de deuda pública española valorados en 1.000 millones de euros y se ha activado la cláusula que permite declarar un escenario de default técnico en caso de que el país emisor incurra en escenarios de incumplimiento y morosidad de sus obligaciones de pago. Esta maniobra ha encarecido más de un 15% los costes de financiación del Tesoro, según las primeras estimaciones elaboradas por las empresas involucradas en la operación.

El liderazgo de España en 2023 puede ser aún más claro en 2024, ya que
hay 25 casos para los que aún no se ha emitido un laudo definitivo. Se estima que al menos el 80% de estos expedientes se resolverá de forma satisfactoria para los denunciantes, elevando a una horquilla de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares el monto final de las indemnizaciones pendientes de pago a los inversores afectados.

Estos procesos de arbitrajes tienen su origen en 2013 por la decisión del entonces presidente, Mariano Rajoy, en el marco de una dura crisis económica, de rebajar unilateralmente las primas a las renovables del 25% que había aprobado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al 7%. Los fondos internacionales y españoles que invirtieron en el sector vieron reducida su prima de un día para otro.