Ribera repite con Toyota la fallida táctica en los arbitrajes a las renovables y pide su nulidad

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, ha repetido en dos arbitrajes ante el Ciadi por el hachazo a las renovables la estrategia que hasta ahora sólo le ha servido para retrasar las condenas, justo cuando aumentan los embargos de bienes españoles en el extranjero por no pagar las sentencias perdidas. En septiembre, Teresa Ribera ha solicitado la nulidad de otros dos procesos abiertos contra España por reducir drásticamente las primas a las renovables en 2013: se trata de un caso de Eurus Energy, filial de Toyota, y otro de Sevilla Beheer, que suman en reclamaciones los 200 millones de euros.

En ambos casos, a finales de septiembre, el Ministerio español acude a la táctica de la nulidad bien alegando que alguno de los jueces está en conflicto de intereses o bien por la decisión del TJUE en septiembre de 2021 de limitar este tipo de procedimientos en caso de que se trate de dos países de la Unión Europea.

Hasta ahora, esta estrategia no le ha servido a Ribera para quitarse de encima esta pesada losa. Por ejemplo, en abril el Ciadi confirmó la sentencia que obligaba a España a pagar al fondo suizo Schwab Holding y al maltés OperaFund Eco-Invest unos 30 millones de euros con intereses. España había pedido la nulidad del laudo en 2020. Son más de 20 las sentencias perdidas por España, aunque aún no ha pagado ninguna.

España tiene abiertos decenas de arbitrajes por el hachazo de las renovables, la decisión en 2013 del entonces presidente, Mariano Rajoy, en el marco de una dura crisis económica, de rebajar unilateralmente las primas a las renovables del 25% que había aprobado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al 7%. Cientos de fondos extranjeros y españoles que se habían lanzado a este negocio vieron de repente que su rentabilidad se desplomaba.

Lo que sí ha conseguido Ribera es reducir la factura a pagar por las arcas españolas. Los fondos llegaron a presentar arbitrajes ante el Ciadi, dependiente del Banco Mundial, que sumaban reclamaciones por más de 10.000 millones de euros. Esta cifra, después de resueltos muchos expedientes, se ha reducido a unos 2.000 millones, según ha admitido el Ministerio públicamente.

Pero no ha pagado ninguna. Algunos fondos tomaron la decisión de vender esta deuda a otros fondos, que han reclamado a España la ejecución de las sentencias en países como Australia o Reino Unido. La consecuencia es que tribunales de estos países han dado la razón a los fondos y han decretado el embargo de bienes españoles en esos países, como una sede del Instituto Cervantes en Londres, para hacer frente a una deuda de 120 millones de euros. Esta sentencia es provisional.