El recibo de la luz de los hogares ha bajado un 15% desde que no hay Gobierno

La factura eléctrica de los hogares ha caído un 15% en lo que va de año, lo que representa un ahorro medio de 90 euros. En este sector, especialmente regulado, la existencia de un Gobierno en funciones que no adopte decisiones en las tarifas y la fiscalidad ha beneficiado a las familias, que ahora pagan menos en sus recibos de la luz.

Así lo revelan los datos publicados hoy por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que indican que la rebaja media de la factura respecto a 2012 alcanza los 124 euros. Los cálculos se realizan para un contrato de 4,4 kilovatios de potencia contratada y un consumo de 3.900 kilovatios por hora al año. Estos datos contrastan con los del periodo 2004-2012, cuando el recibo se encareció en 328 euros, es decir, casi un 70%.

Con todo ello, el precio de la electricidad para el consumo residencial está hoy en los mismos niveles que en 2010 y el departamento ministerial que dirige en funciones Luis de Guindos espera que “vaya descendiendo progresivamente a medida que se vaya amortizando la deuda generada en el pasado y una vez eliminado definitivamente el problema del déficit de tarifa”.

El citado déficit de tarifa es el agujero que se ha ido generando desde el año 2000 como consecuencia de la diferencia entre el precio de la electricidad de mercado y la parte regulada, que ha ido provocando una brecha entre el importe real de la luz y el que han ido abonando los hogares. En 2012, el Gobierno reformó el sistema de fijación de precios, ajustando todos los costes de la parte regulada de la factura, es decir, lo que se denominan “peajes”. Este año es el primero en el que estos peajes se han reducido, al bajar un 2,8%.

Entre estos costes regulados destacan los destinados a sufragar el transporte y la distribución de electricidad, las subvenciones a las fuentes renovables y a los generadores extrapeninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla), los pagos por capacidad (a centrales que garantizan la seguridad de suministro), y las subvenciones a la producción de carbón nacional. Estos costes no se financian mediante impuestos, sino a través de la factura de la luz.

El déficit de tarifa lleva dos años reduciéndose aunque la deuda vida todavía ronda los 30.000 millones de euros. Esta brecha se produce porque los costes reconocidos a las empresas por la producción eléctrica es superior a los ingresos que reciben por su venta. Estos ingresos proceden del 40% del importe de la factura que pagan los consumidores y el 60% restante se reparte entre recargos establecidos por el Estado y tres tipos de impuestos diferentes.

Se trata del IVA y el Impuesto sobre la electricidad (un gravamen especial similar al existente sobre el tabaco o las bebidas alcohólicas) y una batería de tributos a la generación, tales como el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, el canon por utilización de aguas para la producción de energía eléctrica, los tributos aplicables a los procesos de  generación con energía nuclear, el impuesto al consumo de gas natural en centrales eléctricas, el impuesto especial sobre el consumo de carbón y los tributos medioambientales establecidos por las comunidades Autónomas.

Un informe publicado por el doctor en Economía David Robinson, investigador del Oxford Institute for Energy Studies revela que la intervención estatal ha sido la responsable del 73% la subida del precio de la luz de los hogares entre 2008 y 2014, una tasa que es del 28% en el caso de la factura de las empresas.

Robinson explica que la elevada intervención estatal “está generando una transferencia de riqueza muy poco transparente hacia determinadas industrias y proveedores de combustibles”, además de una notable merma en la renta de los hogares. “Por eso muchas familias quieren apostar por el autoconsumo y desconectarse de la red eléctrica”, indica el profesor, aunque el Gobierno ha decidido limitar estas posibilidades con el denominado “impuesto al sol”.

La propuesta del autor del informe es derivar una parte de esta “cuña gubernamental” a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de tal forma que sean los ciudadanos como contribuyentes (y no como consumidores de energía) los que financien el coste de las políticas públicas, como las ayudas económicas a las energías renovables. A su juicio esto dotaría de más transparencia al sistema de intervención estatal, que ahora se oculta tras la factura de la luz.