La ratificación de Ábalos en Fomento abre la puerta al pago por uso en las autovías

La ratificación de José Luis Ábalos como ministro de Fomento del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez abre la puerta a que se apruebe el pago por uso en las autovías españolas. Al margen de los poco más de 1.000 kilómetros de autopistas que mantienen el peaje, Ábalos es partidario de imponer una tasa para los usuarios de las autovías -ahora gratuitas- y, con los recursos, afrontar los costes de mantenimiento de las carreteras.

Ya en la legislatura anterior el ministro de Fomento abrió el debate de cómo pagar los costes de mantenimiento de las carreteras, que según la patronal del sector, Seopan, que apoya este pago por uso, alcanza los 2.000 millones de euros al año. Según Ábalos, el Gobierno era partidario de debatir en el Congreso entre los partidos la mejor fórmula para un «uso eficiente» de estas infraestructuras. Las críticas recibidas de la oposición, las elecciones de abril de 2019, y las posteriores de noviembre han frenado hasta ahora la medida.

Con la formación del nuevo Ejecutivo -este lunes juran su cargo los ministros- arrancan de nuevo los planes de Ábalos para sacar adelante este «peaje blando». Habrá que ver si cuenta con el apoyo de Unidas Podemos, su socio en el Gobierno, para imponer una nueva tasa a los ciudadanos que no son precisamente los más ricos.

Peaje

Otro de los deberes del nuevo ministro será resolver de manera definitiva el conflicto de las autopistas de peaje quebradas y que ahora gestiona la empresa pública Seittsa. Este proceso arrastra un conflicto con los fondos extranjeros tenedores de la deuda de estas infraestructuras, que estiman en más de 4.000 millones de euros. Además, están los intereses de demora, que crecen cada día mientras no se resuelva el conflicto.

De momento, Fomento tiene que señalar cuál es el precio exacto que calcula para el pago de la Responsabilidad Patrimonial del Estado, de la que aprobó la fórmula en la pasada legislatura. En principio, la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar el Gobierno y lo que exigen los fondos supera los 2.000 millones de euros. Este puede ser de nuevo un punto de fricción con su socio de Gobierno.

Y un tercer punto de fricción con Podemos estará en la Ley de Desindexación de la Economía. Aprobada por el PP durante la crisis, en 2017, esta norma limita mediante una fórmula la rentabilidad de los proyectos de concesiones públicas al 3,3%, una cifra difícil de aceptar para los inversores privados y que resta opciones de poner en marcha nuevas infraestructuras en España.