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Prorrogar los ERTE y dotar de más flexibilidad a la empresa española no es una opción

Francisco Coll Morales es economista y coordinador del servicio de estudios de Fundación Civismo.

Yolanda Díaz
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

En las últimas semanas se ha estado hablando mucho sobre la situación que presenta el mercado laboral español, así como la imperativa necesidad de extender los ERTE para evitar esa posible pérdida de capacidad productiva a la que debe enfrentarse la economía española. Unas medidas que, pese a estar sometidas a su estudio y aprobación por parte del Gobierno de España, ya han comenzado a aplicarse en otras economías de vanguardia como la alemana o la italiana. Y es que, ante una pandemia que extrema la incertidumbre en los pronósticos, toda herramienta de hibernación que permita contener posibles pérdidas es valiosamente útil.

Debemos entender que, ante una pandemia que no encuentra precedentes en su historia reciente, la extrema incertidumbre que caracteriza su comportamiento obliga a los mandatarios a adoptar medidas que permitan dotar de flexibilidad a unos empresarios carentes de capacidad para afrontar la pandemia unilateralmente. Pues, como ya nos enseño la pasada crisis, la menor resiliencia de los empresarios españoles precisa ser compensada con una mayor flexibilidad que, como en 2008, nos ayude a contener la pérdida en el empleo prevista para nuestra economía.

Al analizar nuestro tejido productivo, en muchas ocasiones tendemos a olvidarnos de que España, en contraste con el resto de las economías homólogas de la Unión Europea, presenta un tejido productivo repleto de pequeñas y medianas empresas. Con un 99,9% del tejido empresarial español compuesto por pymes, la vulnerabilidad de nuestras empresas ante situaciones como la que hoy nos acontece se acentúa notablemente. Y es que no sólo hablamos de empresas más pequeñas, sino de recursos más escasos y limitados. Aunque en muchas ocasiones tratemos de hacer de la empresa líder en el Ibex la norma, la realidad que ofrecen los datos nos muestra como de entre nuestro tejido empresarial el 89% de las empresas presentan plantillas que no alcanzan ni los diez empleados, haciendo de aquellas compañías que cotizan en el selectivo español una clara excepción.

Tras los últimos estudios publicados por el Banco de España, la limitación de recursos ha provocado que cerca del 25% de las empresas españolas se encuentre en situación de quiebra técnica. Un dato que, en consideración del Banco de España, asciende hasta el 30%. La liquidez que presenta la empresa española, teniendo en cuenta una caja media que no alcanza ni los 60 días, es extremadamente limitada. Además, la extensión del confinamiento, así como los indicadores que miden la gradual recuperación de la actividad económica, ha provocado una descapitalización plena de dichas empresas, obligandolas a sobrevivir por debajo de su umbral de rentabilidad.

Flexibilidad

Toda esta situación, así como el hecho de que España entró en la crisis con un desempleo estructural del 14%, obliga a la economía española a facilitar la adaptación de su tejido productivo. La situación requiere, como comentábamos, de flexibilidad. No dotar de flexibilidad a las empresas, en un escenario en el que, como avisaba Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), los indicadores macroeconómicos no sustentan recuperación alguna como para ser considerada un suceso que permita la autocomplacencia, es un riesgo que podría derivar en una pérdida de capacidad productiva irreparable. Una pérdida de capacidad productiva que, como en crisis pasadas, podría condenar a la economía española a una recuperación más tardía.

Además, si atendemos a dicha crisis pasada, podemos observar cómo del empleo destruido entonces, el 94% fue provocado por pequeñas y medianas empresas, siendo la gran empresa la causante del 6%. Por tanto, la situación requiere de acción política y de medidas concretas, como la extensión de los ERTE o la no derogación de la reforma laboral, que permitan seguir hibernando la economía, especialmente a empresas rentables y solventes, con el fin de evitar un mayor deterioro del ya previsto por los distintos organismos. Un deterioro que, ante unas previsiones que recogen un desempleo que podría llegar a situarse por encima del 20%, debería llevarnos a recapacitar si seguir ayudando a nuestras empresas merece la pena.

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