Los promotores de renovables respiran: prórroga de seis meses para conseguir los permisos de obra

Los promotores de plantas de energías renovables han conseguido un respiro, casi al límite, que puede salvar hasta 50.000 millones de euros en inversiones. Tal como pedían las empresas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado una extensión de seis meses en el plazo, que expiraba el próximo 25 de julio, para que los titulares de proyectos renovables y almacenamiento puedan obtener su acreditación de la autorización de construcción. En caso de no obtenerlo en ese plazo, las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de cada uno de los proyectos habrían prescrito y el proceso administrativo de años de duración, tendría que haber vuelto a empezar para cada proyecto.

Con la prórroga, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico facilita una medida que era demandada por el sector renovable. De hecho, el ministerio que encabeza la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ya sufrió a principios de año los efectos del tirón renovable.

En cualquier caso, los proyectos deberán culminarse antes de superar los cinco años desde que iniciaron la tramitación, como hasta ahora, al objeto de cumplir la agenda ‘verde’.

Dada la tortuosa tramitación de cada una de las instalaciones, las empresas intentar cumplir los objetivos previstos en el Plan Nacional de Energía y Clima (Peniec) que fija, para 2030, la instalación de unos 22 gigavatios (Gw) de energía eólica y 30 Gw de fotovoltaica.

Según el consenso del mercado, el coste actual de instalación de las plantas se sitúa en una media de un millón de euros por kilovatio instalado (Kw); el 80% corresponden a energía solar fotovoltaica y el 20% restante a energía eólica. Eso supone que las inversiones previstas inicialmente superan los 50.000 millones.

Como señalaba a OKDIARIO el director general de APPA Renovables – patronal del sector- José María González Moya: «Es físicamente imposible que todos los proyectos que cuentan con las declaraciones de impacto ambiental aprobadas sean puestos en marcha dentro del plazo actualmente marcado».

Los proyectos que están en tramitación se distribuyen entre energía eólica, la más cara de instalar (unos 10.800 Mw) y plantas de energía fotovoltaica que, rondan los 50.900 Mw incluidas las instalaciones de autoconsumo (especialmente industriales).

Requisitos

Al aplicar el régimen de protección ambiental español, uno de los más restrictivos de la UE, muchos de estos proyectos habían obtenido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) condicionada a modificaciones sustanciales, como soterrar una línea eléctrica o reducir o cambiar la ubicación de las instalaciones, lo que derivaba en la necesidad de acometer nuevas consultas públicas.

Para entender el agobio de los empresarios basta repasar los plazos que establece el Real Decreto Ley 23/2020 en la conocida en el sector como la Ley de hitos (artículo 1). Según esas directrices, el promotor de una instalación de renovables debe «acreditar el cumplimiento de los siguientes hitos administrativos»: presentar la solicitud admitida de la autorización administrativa previa, para lo que tiene un plazo de seis meses.

Luego ha de conseguir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, para lo que la propia Administración se reserva un plazo de 31 meses según la norma.

Es decir, si un promotor no tiene suerte y todas las administraciones implicadas se acogen a los plazos máximos que les permite la normativa el proceso puede rondar los 15 años; aunque, lógicamente, las empresas solapan solicitudes y trámites para acortar en lo posible el procedimiento. El consenso del sector es que la duración media es de unos cinco años.

A continuación tiene otros 34 meses para lograr que le concedan la autorización administrativa previa. Una vez obtenida tiene por delante otros 37 meses para hacerse con la autorización administrativa de construcción. Y si la logra y hace la obra, tendrá que obtener la autorización administrativa de explotación definitiva, para lo que cuenta con un plazo de cinco años.

Además, la elevada concentración de proyectos en poco tiempo dificultaba que las fábricas nacionales y europeas puedan cubrir la demanda de equipos, generando el riesgo de aumentar las importaciones y, por tanto, reducir la autonomía estratégica.