El PP cree que el Gobierno oculta datos de los rescates públicos a las empresas en la pandemia

El Partido Popular (PP) cree que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está dificultando, cuando no ocultando, el acceso a ciertos datos relativos al rescate de distintas empresas durante la crisis de pandemia. Por eso, ha registrado una pregunta escrita en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno explicaciones sobre el número y el contenido de los recursos judiciales interpuestos contra resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

Los populares sospechan que el Ejecutivo está recurriendo de forma sistemática aquellas resoluciones que le resultan desfavorables, especialmente en materias delicadas como la gestión de los rescates empresariales durante la pandemia y el uso de fondos públicos.

La iniciativa parlamentaria, fechada el 26 de mayo de 2025, recoge la preocupación creciente por parte de la oposición respecto a una posible estrategia del Ejecutivo para vaciar de contenido el derecho constitucional de acceso a la información, que está amparado por el artículo 105.b de la Constitución Española y regulado por la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El comportamiento del Gobierno podría estar comprometiendo los principios de transparencia, control democrático y rendición de cuentas.

El Consejo de Transparencia, cuestionado

El documento se enmarca en un contexto de crecientes tensiones entre el Gobierno y el Consejo de Transparencia. De acuerdo con los últimos informes publicados por el propio Consejo, el porcentaje de resoluciones incumplidas o sin información sobre su cumplimiento por parte de las administraciones públicas se mantiene por encima del 10%. A ello se suma un número significativo de resoluciones que son directamente recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que dilata el proceso y, en muchos casos, retrasa o impide la entrega efectiva de la información solicitada por ciudadanos, medios de comunicación y partidos políticos.

El PP señala que estas prácticas podrían tener como objetivo evitar que salgan a la luz datos sensibles, entre ellos los relacionados con la SEPI y los expedientes de rescate tramitados en el contexto del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La pregunta registrada no menciona casos concretos, pero exige al Ejecutivo que detalle cuántas resoluciones del CTBG ha recurrido, qué ministerios están detrás de esos recursos, y con qué argumentos se justifican.

El Consejo de Transparencia, un órgano independiente encargado de velar por el cumplimiento del derecho de acceso a la información, ha solicitado en varias ocasiones mayor colaboración por parte de los poderes públicos. En su memoria de actividades, correspondiente al ejercicio 2023, el CTBG ya advertía de los “efectos perversos” que puede tener el abuso del recurso judicial por parte de las administraciones.

Vigilancia institucional

El texto registrado por el PP concluye con una advertencia clara: recurrir resoluciones para evitar entregar información no sólo obstaculiza el derecho de los ciudadanos, sino que puede erosionar la confianza en las instituciones públicas. Por ello, el grupo parlamentario ha solicitado al Gobierno que responda de forma detallada y documentada a su iniciativa, con el objetivo de esclarecer si existe un patrón de conducta destinado a entorpecer la transparencia y el acceso a datos relevantes sobre la gestión económica del Ejecutivo.

Esta denuncia se produce además en un momento en el que distintas entidades de la sociedad civil han reclamado una reforma de la Ley de Transparencia para reforzar los mecanismos de control, reducir los márgenes de discrecionalidad en la negativa a entregar información y garantizar la ejecución efectiva de las resoluciones del CTBG.

A falta de una respuesta oficial por parte del Gobierno, la pregunta escrita presentada por el PP servirá como indicador de la posición del Ejecutivo ante las crecientes acusaciones de opacidad. El resultado podría ser clave para evaluar el grado de compromiso del Gobierno con los principios de transparencia institucional.