Otro chiringuito de Esquerra

El director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), que en teoría tiene que luchar contra la corrupción, cobra más que el presidente de la Generalitat. En efecto, Josep Tomàs Salàs, que tomó posesión de su cargo el pasado mes de enero, percibirá casi 170.000 euros anuales. Mientras que el sueldo de Salvador Illa es de 136.000 al año.

Su antecesor en el cargo, Miquel Àngel Gimeno, ya ingresó el año pasado más de 163.000. Gimeno, ex presidente del TSJC y considerado progresista, fue recolocado aquí en cuanto se le acabó el mandato.

La cosa no acaba aquí. Diversos altos cargos superan los ingresos de los consellers (124.000): la directora adjunta, Olinda Anía, 146.000 euros. El director de Prevención, Òscar Roca Safont, 152.000 euros. Y el de Análisis e Investigaciones, Manel Díaz Espiñeira, que dimitió en abril, 142.000 euros, según revelaba el domingo pasado La Vanguardia.

La noticia les ha llevado siete meses de trabajo, lo que indica también el interés de este organismo por la transparencia, sobre todo a la hora de hablar de pasta. Los altos salarios no se limitan a la dirección. «En el siguiente escalón se sitúan ocho jefes de área responsables de administración, formación, asuntos jurídicos o análisis del gasto público», añadía el periódico.

«Cuatro de ellos rondan los 140.000 euros anuales, otros dos se sitúan alrededor de los 125.000 euros y otros dos superan los 115.000, según las estimaciones de este diario. Por debajo aparecen cuatro jefes de unidad cuyas nóminas oscilan entre los 100.000 y los 120.000 euros brutos anuales», concluía la información.

La OAC fue un chiringuito creado en el 2008. De hecho, fue una de las condiciones impuestas por Esquerra a Pasqual Maragall en el 2003 para darle apoyo después de que perdiera las elecciones frente a Artur Mas ese año. El resultado fue el primer tripartito.

Tenía que ser una especie de FBI a la catalana. Como los convergentes arrastraban ya mala fama, los de ERC hacían gala de la lucha contra el despilfarro. No en vano, en una noche electoral, ya había salido Carod presumiendo de «mans netes» («manos limpias»).

Luego la cosa se torció. En el 2012, los Mossos detuvieron nada menos que al consejero de Gobernación, el republicano Jordi Ausàs, por hacer tráfico de tabaco con su coche oficial. Aunque el partido siempre alegó que era un «asunto particular». Que, más o menos, era lo mismo que decía Artur Mas el día que Pujol confesó el dinero en Andorra.

Todavía ahora, Junqueras presume de que no han tenido casos de corrupción en 90 años de existencia. Aunque olvida los casi 40 años de franquismo en los que difícilmente podía tener alguno porque no era legal y, por tanto, tampoco podían acceder al poder.

Los escándalos no tardaron en aparecer. El Abc ya publicó en su día que habían fichado a la jefa de prensa antes incluso de crear la oficina. O sea que de lo que se trataba era de salir en los periódicos. Alegaron que no era jefa de prensa, sino directora de relaciones institucionales, y que tenía que poner en marcha el proyecto.

En el 2011 nombraron a un juez, Daniel de Alfonso, que acaba de ser condenado por el Tribunal de Cuentas a devolver más de 140.000 euros cobrados indebidamente. En pleno proceso, se le acusó casi de ser un topo de Interior porque circuló una frase suya de que «les hemos destrozado el sistema sanitario». Pero no se refería a la sanidad pública, sino a supuestas adjudicaciones a empresas en la órbita de CiU.

Además, por si fuera poco, fue elegido por una amplísima mayoría de 111 votos de los 135 que constituyen el Parlamento catalán. Votaron a favor CiU, PSC, PP y Ciudadanos. ERC, ICV y Joan Laporta, entonces diputado en el grupo mixto, se abstuvieron. Solo votaron en contra los de Solidaritat, el partido fundado por el notario Alfons López Tena.

Sin olvidar tampoco el caso del periodista Carles Quílez, entonces redactor de tribunales de la cadena Ser en Barcelona, que fichó como director del área de análisis. Tras su incorporación, resultó imputado por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en el marco del caso Macedonia.

Se le acusaba de haber recibido una moto valorada en 9.000 euros por parte de un presunto narcotraficante y confidente policial, Manuel Gutiérrez Carbajo, unas semanas antes de asumir su cargo en la OAC. Supuestamente para obtener favores futuros. Como Quílez era colega, la mayor parte de la prensa de Barcelona guardó silencio.

Al final, la Audiencia de Barcelona archivó el caso —se le acusó de cohecho y revelación de secretos— porque la había recibido antes de tomar posesión. Pero el tribunal dejó claro en el auto que era una acción “moralmente reprochable”. Creo que ahora anda colaborando con varios medios.

Personalmente, la Oficina Antifraude siempre me pareció un organismo superfluo. De esos que se crean de cara a la galería. O para recolocar a los tuyos. Si querían favorecer la lucha contra la corrupción, bastaba potenciar la fiscalía o agilizar la justicia. Porque, al fin y al cabo, cuando les llegaba un asunto, lo denunciaba al ministerio público si veían indicios de delito. Para eso no hacía falta organismo alguno. Sobre todo tan bien pagado.