El PP busca apoyos para obligar a Sánchez a rendir cuentas cada mes sobre el reparto de fondos europeos

El Partido Popular (PP) defenderá durante la próxima semana en el Pleno del Congreso de los Diputados una moción con el objetivo de tratar de convencer al Gobierno para que tenga que dar cuentas de manera mensual sobre la ejecución de los fondos europeos, el importe de avales ejecutados de la línea de liquidez del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las desviaciones presupuestarias en materia de ingresos y gastos.

Se trata de una moción registrada en el Congreso por los ‘populares’ tras la interpelación dirigida a la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la última sesión de control al Gobierno sobre la necesidad de que den explicaciones sobre el reparto de estos fondos.

Plan de ajuste

En el texto, recogido por Europa Press, los ‘populares’ pretenden también que el Gobierno apruebe en el plazo máximo de dos meses un plan de reequilibrio del déficit y la deuda «que devuelva la certidumbre y confianza» en la economía y que «muestre el compromiso firme del Gobierno con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo».

Asimismo, reclama la adopción de las medidas que «sean necesarias para evitar» que los «desequilibrios» de las cuentas públicas pongan en riesgo el Estado del bienestar. El PP ha venido demandando este plan de saneamiento que fije una hoja de ruta para las cuentas públicas, en línea de lo trasladado por el Banco de España y la AIReF, propuesta hasta ahora rechazada por el Pleno del Congreso.

Este mismo jueves, el Congreso rechazó otra iniciativa del PP para encargar a una autoridad independiente, y no a un gabinete de Moncloa, la gestión de los fondos europeos y las prioridades de inversión de los mismos, con el objetivo del que reparto se lleve a cabo con la menor arbitrariedad posible. El director de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, rechazó la propuesta para encomendar a una autoridad independiente la ejecución de los fondos europeos de recuperación Next Generation EU, algo que a su entender retrasaría su inyección en la economía española.

Los fondos europeos, sostuvo, se van a vehicular a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de forma multidisciplinar, a través de varias partidas, y teniendo en cuenta la distribución competencial: «Hay aspectos muy importantes del plan en los que las comunidades autónomas tienen competencias».

«Recortes sin parangón»

En su exposición de motivos, el PP asegura que, de no cumplirse las previsiones de ingresos y déficit –basadas en unas previsiones «muy optimistas» a juicio de AIReF y Banco de España, recuerda–, el país se encontraría en una situación de «gran vulnerabilidad» que pondría en riesgo el Estado del bienestar.

«No podemos volver a incurrir en los mismos errores», aseveran los ‘populares’, que recuerdan en su iniciativa la crisis vivida con el anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, «una época de recortes sin parangón, incluyendo la congelación de las pensiones, las bajadas de sueldo a los funcionarios o los recortes de todas las partidas sociales».

Fondo de rescate

Los jefes de los países miembros de la Unión Europea (UE) abordaron este jueves si finalmente daban luz verde al acuerdo alcanzado con Polonia y Hungría. De este modo, finalmente se desbloquearon los 1,8 billones de euros que recoge el presupuesto comunitario para los siete próximos años y el fondo de rescate frente a la crisis sanitaria originada por el covid-19.

El pacto al que ha llegado Alemania, ya que ostenta el cargo de presidencia de turno de la eurozona, con Budapest y Varsovia se ha producido tres semanas después de que ambos países anunciaran su intención de vetar el paquete presupuestario al no estar de acuerdo con el mecanismo que regirá el reparto de fondos del rescate contra la pandemia de coronavirus.

De este modo, el Ejecutivo alemán ha mantenido negociaciones a lo largo de las últimas semanas para tratar de convencer a Polonia y Hungría de que levantaran su veto. Estas conversaciones, derivaron finalmente en un acuerdo que no supone alterar el sistema de condicionalidad, pero sí recoge una serie de requisitos o garantías solicitadas por ambos países y que podrán utilizar para presionar en otras cuestiones, como lo es la política migratoria. Tras este pacto, el acuerdo fue evaluado este jueves por el resto de países que dejaron muy claro que el interés último de este mecanismo es «proteger el presupuesto europeo y el fondo de recuperación de cualquier tipo de «fraude, corrupción o conflicto de interés».