Polonia y Hungría se acercan a un acuerdo con la UE para desbloquear el fondo de rescate europeo

Polonia y Hungría están cerca de alcanzar un acuerdo que permita levantar su veto al presupuesto comunitario pactado de cara a los próximos siete años y el fondo de rescate de 750.000 millones de euros con el que el bloque tiene como objetivo relanzar su economía y ayudar a los países miembros tras la pandemia de covid-19.

El viceprimer ministro polaco, Jaroslaw Gowin, lo ha dado por hecho en una rueda de prensa el pacto con Alemania (como presidencia de turno de la UE), pero fuentes europeas han precisado a Europa Press que todavía falta una «confirmación definitiva».

En cualquier caso, la posible solución que se alcance a tres bandas tendría que ser después validada por el resto de las capitales. Los embajadores de los Veintisiete ante la UE se reúnen esta tarde en la que podría ser la primera oportunidad de evaluar el acuerdo, antes del debate a nivel de jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de este jueves y viernes.

Y es que en los últimos días, los diferentes gobiernos de la Unión Europea (UE) habían confirmado que activarían el fondo de rescate a pesar de la negativa de Hungría y Polonia a sumarse a este. De este modo, pese a que ambos países no habían enviado «señales claras» de que fueran a levantar su veto a los fondos, Bruselas se mostraba firme a la hora de activarlo, como muy tarde este martes.

Fuentes europeas han remarcado durante los últimos días que en todo momento el escenario contemplado ha sido que tanto Budapest como Varsovia aceptaran desbloquear el presupuesto previsto de 750.000 millones de euros. De no hacerlo, Bruselas admitía que los estados miembros podrían proceder a llevar a cabo otro tipo de alternativas que dejaran fuera tanto a Polonia como a Hungría.

«Necesitamos tener señales claras de Hungría y Polonia estos días a más tardar, si no las tenemos probablemente tendremos que pasar al escenario ‘B’», señalaron las mismas fuentes. Y es que tanto Polonia como Hungría han seguido rechazando el mecanismo acordado por todos los países en el marco europeo, ya que consideran que es arbitrario. De este modo, se han negado a ratificar el Marco Financiero Plurianual (MFP) y los 750.000 millones contemplados para relanzar la economía.

Mecanismos legales

Bruselas ya está estudiando cuáles son sus opciones legales para hacer frente a la negativa de Polonia y Hungría de sacar adelante el fondo de rescate frente al impacto del coronavirus. Algunas de las opciones contempladas son que la Comisión Europea (CE) pueda emitir deuda, de un modo similar al instrumento contra el paro (SURE), o que los diferentes países miembros pudieran alcanzar un acuerdo como el que sostiene el MEDE. Esta opción dejaría fuera a los países que no quiera participar de ella.

Sin embargo, Bruselas insiste en que lo más «deseable» es que los gobierno de Varsovia y Budapest den marcha atrás y se unan al resto de países para seguir adelante con el fondo de rescate conjunto. La Comisión Europea ha resaltado que esto permitiría seguir negociando con ambas potencias en cuanto a los términos del fondo de recuperación, aunque ha aclarado que el presupuesto comunitario continuaría estando bloqueado.

Si la situación de estancamiento se sigue prolongando, la UE tendría que prorrogar el presupuesto previsto para el próximo 2020, un sistema que establece que cada mes únicamente se podrá gastar una doceava parte de las cuentas de este año. Además de conllevar importantes recortes (que Bruselas cifra en hasta 30.000 millones de euros), esto supondría que no se podrían comprometer algunas de las cantidades destinadas para todos los programas europeos para los que hay que renovar la base legal, entre los que se encuentran las partidas para la Política de Cohesión o el nuevo programa de Salud y Erasmus.

Esta situación también impediría que el bloque comunitario pudiera comprometerse con un objetivo más ambicioso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de cara al próximo 2030, que pretende fijar en al menos un 55%, porque también quedaría bloqueado el Fondo de Transición Justa, uno de los principales instrumentos de la UE para cumplir sus metas climáticas.

La solución que se baraja desde hace días en Bruselas para resolver este bloqueo pasa por mantener dicho régimen de condicionalidad en su forma actual pero aprobar una declaración en la que quede claro que sólo se activará en caso de que se perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea (corrupción, por ejemplo) y no en otros ámbitos, como la política de migración.