Podemos se sale con la suya: el Gobierno consagra el uso de Sareb para «políticas con alto valor social»
El BOE también permite que opere indefinidamente pese a estar en causa de disolución
Los directivos podrán ser despedidos con una indemnización de sólo 7 días por año
El Gobierno aprobará la nacionalización de Sareb el martes con un agujero de 10.500 millones
Podemos gana, pagamos todos
Como era de temer, Podemos se ha salido con la suya en la nacionalización de la Sareb, adelantada en exclusiva por OKDIARIO. El BOE publicó el miércoles el Real decreto-ley que permite la compra por el Estado de la mayoría del capital, en el que consagra el uso de los inmuebles del banco malo para «políticas con alto valor social». Asimismo, la norma permite a la sociedad operar indefinidamente en causa de disolución (como se encuentra en la actualidad) y recorta drásticamente las indemnizaciones de los directivos que el Ejecutivo decida despedir.
«Se incorpora, respetando el objeto social actual de SAREB, la posibilidad de enajenación de activos en base al principio general de sostenibilidad. De este modo, SAREB podrá ceder, como parte de su política de sostenibilidad, la propiedad o uso de activos a otros organismos que desarrollen políticas de vivienda social u otras políticas con alto valor social, incorporando este factor dentro del objetivo de optimización del valor», dice literalmente el decreto. Los organismos a los que podrá ceder inmuebles son «entidades públicas o entidades no lucrativas».
Esto supone que Podemos por fin se hará con un inmenso parque de vivienda que podrá gestionar con «criterios sociales» y cederlo a ONG o ayuntamientos bajo su control, con las consiguientes pérdidas para el erario público. Desde el principio de la legislatura se lo han exigido a Pedro Sánchez, que finalmente ha accedido porque ya no tenía sentido que la Sareb siguiera teniendo una mayoría de capital privado una vez que consolida en la deuda pública. Además, los bancos accionistas estaban deseando salir porque mantenerse les obligaría a poner más dinero (y perderlo) para recapitalizar la sociedad.
El problema que va a tener el Gobierno es cómo compatibilizar esa política social con el objeto de Sareb, que es la venta de los activos que asumió de las cajas de ahorros rescatadas por el FROB. Esta venta debe maximizar los ingresos para poder devolver los 34.145 millones de deuda, algo que va a ser muy difícil de conseguir si los inmuebles se dedican a vivienda social.
Podrá seguir operando pese a estar en causa de disolución
Como informó este periódico, Sareb tiene un patrimonio neto negativo de 10.528 millones por las pérdidas acumuladas en sus 10 años de vida, y unos fondos propios también negativos de 843 millones. Eso, en una empresa normal, supondría estar en causa de disolución. Pero Sareb tiene una normativa contable específica que le permite seguir operando en esta situación.
El nuevo Real decreto-ley consagra esta anomalía en el futuro: exime «a la compañía así de la obligatoriedad de la reducción de capital cuando las pérdidas contables hayan disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital social y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto».
Indemnización de sólo siete días por año
La norma también contiene importantes provisiones para los directivos de la sociedad: «Le será de aplicación el régimen de los contratos mercantiles y de alta dirección de la disposición adicional octava del Real Decreto ley 3/2012, de 10 de febrero». Dicha norma establece que, si la nueva Sareb nacionalizada decide echar a un ejecutivo, éste sólo tendrá derecho a «una indemnización no superior a siete días por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de seis mensualidades». Además, para su cálculo se usará sólo el salario fijo, no el variable ni los complementos.
Hay que recordar, además, que la cúpula de Sareb -encabezada por Javier García del Río- tiene limitado su salario a 500.000 euros de sueldo fijo y 300.000 de variable si cumplen objetivos. Unas cifras a años luz de las habituales en el sector. En 2o20, el entonces presidente, Jaime Echegoyen, percibió 375.000 euros y renunció al variable por las pérdidas del ejercicio.