Los pescadores estallan contra el último decreto de Ribera sobre la eólica marina: «Nos va a destrozar»

Los pescadores estallan contra el último decreto de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre la implantación de eólica marina en España. Los trabajadores del mar, que han llevado a la política ante el Tribunal Constitucional por este tema, consideran que la socialista «una carrera desenfrenada para que saltándose todas las cautelas medioambientales y la necesaria ponderación de impactos socioeconómicos sobre el» sector pesquero. Varios afectados consultados por OKDIARIO inciden en que la forma de establecer los molinos en la costa española que quiere el Gobierno va a «destrozar» su actividad económica.

Así, la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos ha respondido este miércoles a la ministra explicando que ha dado «el pistoletazo de salida para la instalación en nuestros ricos y sensibles mares de polígonos de eólica marina», algo que se ha hecho, según consideran, de una forma «muy negativa».

La Plataforma había solicitado la paralización del último decreto de Ribera sobre la eólica marina porque consideran que no está disponible «la información científica» que la ministra debería de haber transmitido al Instituto Español Oceanográfico.

Esta información que los pescadores exigen no es más que un análisis «sobre los posibles impactos en los ecosistemas marinos y en el sector pesquero en el supuesto de llevarse a cabo instalaciones de este tipo en alguna de las 19 zonas declaradas como potenciales para estas industrias por parte de los Planes de Ordenación del Espacio Marino».

Los pescadores estallan contra Ribera

«No se ha paralizado dicha tramitación, y lejos de ello el gobierno emprende una carrera desenfrenada para que saltándose todas las cautelas medioambientales y la necesaria ponderación de impactos socioeconómicos sobre el sector que se vería más perjudicado, el sector pesquero, se implante con urgencia y sin garantías de protección para nuestros ecosistemas marinos y de salvaguarda de nuestro sector pesquero», lamentan los trabajadores del mar.

El sector también acusa a la ministra de excluir a los científicos del Instituto Oceanográfico de la comisión que se encarga de valorar los proyectos de implantación de esta infraestructura. Esto y otras cuestiones representa, para ellos, una evidencia de que «este Real Decreto ha sido dictado a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico por el lobby de la eólica marina, renunciando la ministra a defender el interés general con la excusa de la transición energética y la lucha contra el cambio climático».

Además, los pescadores se sorprenden por el hecho de que la ecologista Ribera haya diseñado un sistema de concesiones en el que se ponderan en un 70% «criterios puramente económicos», por lo que solicitan «una mayor ponderación de criterios medioambientales».

Por todo lo anterior, los pescadores estallan contra Ribera: «También recordamos que la futura Comisaria está saltándose el Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino en el Atlántico Nordeste de 1992 que obliga a España a adoptar medidas preventivas cuando haya motivos razonables para pensar que las industrias de la energía marina directa o indirectamente puedan obstaculizar otros usos en el mar y dañar los ecosistemas marinos».

En definitiva, los trabajadores del mar consideran que el nuevo decreto es «un atropello a los ecosistemas marinos, que quedan en total indefensión, un ataque directo a la pesca española, y un desprecio a nuestros científicos que ya han informado al Ministerio de los indicios de posibles impactos de estas industrias en los ecosistemas marinos y que están llevando a cabo estudios sobre como podrían afectar estas instalaciones a los ecosistemas y stocks pesqueros presentes en las zonas que se han reservado para la eólica marina en España».

Ribera al Constitucional

Los pescadores han pedido un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la sentencia del Supremo sobre la implantación de la eólica marina en España que quiere hacer la ministra. A juicio de dicha asociación, la sentencia del Supremo ha causado «indefensión jurídica» al no contar «con todos los medios de prueba que acreditasen la vulneración del principio de precaución que supone la aprobación de los POEM».

«Nuestras pruebas de informes habían solicitado información sobre afectación a caladeros de pesca, afectación a la campaña del bonito, de la sardina, de la caballa, del boquerón, que puedan tener esas instalaciones con sus ruidos, vibraciones, cambios de corrientes, energías electromagnéticas de los cables y demás», subrayaron en un comunicado, añadiendo que también se pidió documentación sobre los stocks presentes en las zonas que albergarán parques eólicos marinos.