OHLA reabre los arbitrajes contra el Gobierno por impagos en contratos públicos

La constructora OHLA, controlada ahora por los hermanos mexicanos Luis y Mauricio Amodio, ha presentado una reclamación ante la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) de Madrid para reclamar más de un millón de euros a la empresa pública Acuamed por impagos de sobre costes en una obra hidráulica. La obra, reutilización de aguas en una planta de Valencia, le fue adjudicada por Acuamed en 2007 -las obras empezaron en diciembre de 2008- y desde entonces ha sido imposible que ambas partes lleguen a un acuerdo para cerrar el contrato.

En el escrito enviado a la CIMA, con fecha 24 de noviembre, al que ha tenido acceso este diario, OHLA relata las modificaciones que ha sufrido el contrato. «Hubo modificaciones del proyecto inicial, Acuamed ordenó distintas suspensiones de las obras, se produjeron innumerables prórrogas de los plazos para su ejecución por la aparición de restos arqueológicos, etc., etc. Vicisitudes todas ellas que han ocasionado una serie de daños y perjuicios para la Unión Temporal de Empresas, que, en una valoración provisional realizada por el Ingeniero de Caminos J. P. G., exceden del millón de euros», señala la constructora.

Además, dice OHLA, pese a que se hizo la prueba final de las obras hace más de seis años, a plena conformidad de Acuamed, la empresa no ha «procedido formalmente a emitir el correspondiente Acta de Recepción de Obras, extremo que ha impedido a esta la recuperación y, en su caso, extinción de las distintas garantías constituidas para responder del buen fin de las obras».

La discrepancia entre ambas partes no ha sido posible cerrarla de manera amistosa. El último intento, una reunión en noviembre, no sirvió para dar carpetazo al conflicto, por lo que OHLA ha tomado la decisión de acudir a un tribunal de arbitraje para reclamar un millón de euros por el contrato más los daños y perjuicios, los intereses de demora y las costas del proceso.

De momento, Acuamed está perdiendo todos los arbitrajes que han presentado las constructoras, por lo que todo apunta a que en este caso también tendrá que desembolsar fondos públicos extra para cerrar una obra por no aceptar los sobre costes.