El miedo de altos funcionarios a una demanda por firmar sobrecostes tiene paradas cientos de obras

Los casos Plus Ultra, la polémica aerolínea rescatada por el Gobierno con 54 millones de euros que está investigando la justicia, y de Acuamed, cuyo caso está en la Audiencia Nacional por un supuesto trato de favor a constructoras, están teniendo importantes consecuencias para el sector de la construcción. El miedo de los altos funcionarios a acabar inmersos en un proceso judicial por pactar y firmar con los contratistas los habituales sobrecostes en los que concurren las obras públicas -y privadas- mantienen cientos de obras paradas y sin liquidar.

«Los altos funcionarios se están retrayendo de firmar liquidaciones de obras públicas porque tienen miedo de acabar delante de un juez, como les ha pasado a funcionarios de la SEPI por Plus Ultra y a cargos medios de Acuamed», señalan fuentes del sector. «La consecuencia de todo esto es que las obras están paradas, no se ha firmado la liquidación por parte de la administración pública correspondiente y todo es un caos», explican estas fuentes.

«En muchos casos también lo que está ocurriendo es que al no firmar la liquidación la institución pública correspondiente, las constructoras acaban acudiendo a los tribunales en decenas y decenas de arbitrajes. Muchas obras públicas están acabando en los tribunales de arbitraje porque se niegan a firmar los sobrecostes», explican desde una constructora.

Por lo tanto, muchas obras públicas están paradas, sin liquidar y sin terminar, por la negativa de los funcionarios a verse implicado en algún proceso judicial en caso de que la obra en cuestión acabe en polémica.

«Está sucediendo en Acuamed», señalan fuentes conocedoras de la situación. «En esta empresa pública hay un centenar de expedientes abiertos porque los funcionarios se niegan a firmar cualquier cuestión polémica por miedo a una demanda», señalan estas fuentes. De hecho, el director general de esta compañía reunió a la plantilla de Acuamed a finales de julio -tras un artículo de este periódico- para apremiarles a que cerraran las obras.

«La situación se repite en otras empresas públicas y en la propia SEPI los funcionarios no quieren asumir riesgos después de lo que ha pasado con Plus Ultra», señalan. Este diario ya ha publicado que los funcionarios de la SEPI se han negado a firmar más documentos que puedan comprometerles en un hipotético juicio.

Incluso se está dando el caso ya de que las constructoras están contratando a asesores legales desde el principio de la adjudicación para estar preparados para el arbitraje posterior cuando finalice la obra. Esto no había pasado nunca.

Más problemas

A este problema se une ahora también que las constructoras están preparando reclamaciones al Gobierno por el alza de los precios de la luz y de los materiales, alegando el concepto de enriquecimiento ilícito del Ejecutivo y el del reequilibrio económico financiero de la concesión pública, como ha publicado este diario.