Las constructoras preparan cientos de denuncias contra el Gobierno por la subida de materiales y luz

Las constructoras españolas preparan una dura batalla legal contra el Gobierno por el alza de los materiales de construcción y la energía y su impacto en el coste de las obras públicas. Las empresas del sector, grandes y pequeñas, asesoradas por la patronal CNC, están armándose de argumentos jurídicos para reclamar al Gobierno los sobrecostes en los contratos de obra pública por el incremento de los precios de los materiales para la construcción y la energía, petróleo y electricidad.

Según explican fuentes del sector, el argumento de las constructoras es el conocido como «reequilibrio económico financiero de la concesión pública», reconocido en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017. LA regulación actual establece que «se deberá reestablecer el equilibrio económico (…) cuando actuaciones de la Administración Pública concedente, por su carácter obligatorio para el concesionario determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato».

En el sector consideran que el alza en un 15% de los costes de construcción por culpa de la energía y los materiales como el acero o el aluminio son responsabilidad directa del Gobierno. «El Ejecutivo no es ajeno a ello, es su responsabilidad. Se está produciendo un enriquecimiento ilícito del Gobierno por esa subida de costes y en cambio se está perjudicando a las constructoras concesionarias de las obras públicas», señalan las fuentes.

«Es evidente que en este caso podemos alegar el supuesto de reequilibrio económico financiero porque son las decisiones del Gobierno las que pueden evitar esa subida de los combustibles y de la energía, del acero y otros materiales, que buena parte son impuestos», señalan.

Además, las fuentes consultadas recuerdan que ya se libró una batalla similar por el incremento del precio del petróleo y de los combustibles y su impacto en el coste de las obras públicas, con éxito para las constructoras.

Paralización de obras

El sector está sufriendo los problemas del incremento de los costes y, como le sucede a la industria del automóvil con la falta de chips, ya se están empezando a paralizar obras públicas. La consecuencia inmediata de esto es que la concesión incurre en sobrecostes que tienen su impacto en la constructora correspondiente.

En cualquier caso, la batalla jurídica está servida porque no será fácil determinar si el Gobierno o la administración adjudicataria de la obra es verdaderamente el responsable de que los precios de los materiales y de la energía hayan subido, aunque el Tribunal Supremo ha admitido en sentencias que también tiene derecho el concesionario al reequilibrio financiero cuando se trate de medidas que afecten indirectamente los términos de la obra.

Además, en estos momentos, tras el escándalo de Plus Ultra y su rescate por parte de la SEPI, el reconocimiento de sobrecostes en las obras por parte de las administraciones es imposible, por lo que el fin más probable son los tribunales.