El ministro Cuerpo se enfrenta a Montero y avala en Bruselas la urgencia de reducir del gasto público

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avalado esta semana en Bruselas durante la reunión del Eurogrupo un recorte progresivo pero urgente del gasto público a fin de empezar la adaptación de todos los países sin excepción a la nueva entrada en vigor de las reglas fiscales, que han estado suspendidas durante tres años con motivo de la pandemia y el objetivo adicional de paliar los efectos de la guerra de Ucrania, tanto sobre el crecimiento económico, como el aumento del déficit y la espiral inflacionista desatada por la falta de suministros.

Las manifestaciones de Cuerpo, en sintonía con sus homólogos de la Unión Europea (UE), «que fueran realizadas de manera enfática y con determinación», según los medios consultados por OKDIARIO, chocan de manera flagrante con las tesis que mantiene la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, partidaria de consolidar durante el mayor tiempo posible un presupuesto público expansivo capaz de combatir los vientos de desaceleración de la actividad que llegan del Continente.

Todo apunta a que la posición de Cuerpo, que remplazó al frente de la cartera a la entonces vicepresidenta Calviño, actual responsable del Banco Europeo de Inversiones (BEI), no va a ser cómoda. Aunque no es estrictamente de su competencia, él está más alineado con las posiciones ortodoxas de sus colegas europeos en lo que se refiere a la higiene de las cuentas públicas -sin llegar al extremo del ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, que ya ha planteado recortes intensos del gasto a pesar del exiguo crecimiento económico del país-. Cuerpo también se opone, entre otras cuestiones, a la idea dominante en el Ejecutivo español de convertir en permanentes los impuestos a las compañías eléctricas y a la banca.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sin embargo, quiere aprovechar el actual caos y desorientación política en el Continente -donde se celebran elecciones al Parlamento Europeo en junio- para colar un presupuesto expansivo en 2024 que desafía las reglas fiscales recientemente aprobadas. Sólo falta para que entren definitivamente en vigor que sean revalidadas por la cámara de Estrasburgo, una cuestión que se despejará pronto.

Naturalmente, las nuevas cuentas públicas que está diseñando el Departamento de Montero darán por hecho el compromiso de nuestro país con dichas reglas fiscales, que obligan a reducir el déficit público hasta el 3% del PIB, pero las previsiones que se manejan de ingresos y gastos van en la dirección contraria al cumplimiento de las exigencias de Bruselas.

En concreto, el techo de gasto para 2024 asciende a 199.120 millones, una vez incluidos los fondos de nueva generación que se esperan recibir -casi 10.000 millones-, lo que representa un 0,5% de aumento. Pero esta cifra se dispara hasta un incremento del 9,3% sin tener en cuenta las partidas europeas, lo que representa un récord absoluto en la trayectoria presupuestaria del país y, en la práctica, harán de imposible satisfacción las limitaciones reinstauradas por la Unión Europea, según los economistas consultados por OKDIARIO.

El pretexto teórico que maneja la ministra para su nuevo presupuesto expansivo es que «la economía española se va a ver afectada durante los próximos meses por la desaceleración rampante que afecta a Europa» y que, en tales condiciones, conviene sostener los actuales niveles de protección social, que se verán aumentados por la generación de nuevos derechos como los que se manejan en el programa de Gobierno para la próxima legislatura y que implican todos ellos un aumento del gasto.

Adicionalmente, el punto de partida para la elaboración de las cuentas públicas es un crecimiento del PIB del 2% este año, una cifra muy alejada del consenso de los analistas, situado en un aumento de la actividad en torno al 1,5%. El Banco de España mejoró ayer sus previsiones, aunque sitúa la velocidad del crecimiento en un 1,9%, un punto por debajo de la estimación oficial. La institución que preside Pablo Hernández de Cos también se mostró favorable a que el Gobierno vaya reduciendo progresivamente los niveles de gasto.

Aunque lo más probable es que las reglas fiscales no estén del todo vigentes hasta el ejercicio de 2025, la sensación dominante en la reunión mantenida en Bruselas esta semana es que es urgente ir preparando el diseño de las cuentas públicas ya durante este ejercicio en una dirección contractiva que no es precisamente la que maneja la ministra de Hacienda. Por ejemplo, y desde las instituciones comunitarias, se reclamó a los estados miembros que vayan retirando las medidas extraordinarias de ayudas, de manera que el ahorro correspondiente se destine a reducir el déficit público.

En el caso de España, cumplir con este escenario se presenta muy complejo, ya que la continuidad del Gobierno de Sánchez depende de la miríada de partidos que lo apoyan, y en particular de los siete votos de la formación del prófugo Puigdemont, Junts per Catalunya, todos ellos con reclamaciones que representan un coste presupuestario evidente, en particular la de alcanzar un pacto fiscal con la Generalitat que imite una suerte de concierto vasco en lo que se refiere al sistema tributario, y que incluya la demanda histórica de corregir el presunto déficit fiscal con la comunidad autónoma.

Estos condicionantes chocan con la obligación de que los países que superen el umbral de deuda pública -como es el caso de España- tendrán que tener listos -una vez aprobados por la Comisión Europea y el Consejo- sus planes de ajuste de cuatro años extensibles a siete en el caso de que se comprometan a hacer reformas e inversiones.