Las empresas esperan una Ley de Mecenazgo potente que premie su inversión en cultura

El nuevo ministro de Cultura, Màxim Huerta, llega a liderar una cartera que tiene varios retos por delante desde hace al menos dos legislaturas. El primero de ellos, muy demandado por el sector, es la bajada del IVA a las transacciones de arte del 21%. Y el segundo, y no menos importante, aprobar -por fin- una nueva ‘Súper’ Ley de Mecenazgo que fomente la inversión de las empresas en el sector de la cultura y, de paso, aliviar las aportaciones del Estado a las organizaciones culturales.

Alrededor del 25% de las grandes compañías cotizadas españolas tienen representación en los patronatos de las tres pinacotecas más importantes de España. Banco Santander, FFC, Criteria Caixa, Mutua Madrileña, Inditex o Telefónica son algunas de las sociedades patrias que forman parte del órgano rector del Museo Thyssen, el Prado o el Reina Sofía.

Además, Alicia Koplowitz, empresaria de la construcción y consabida coleccionista, ha donado recientemente una obra de Federico de Madrazo al Prado y otra de Luís Paret y Alcázar al Museo de Bellas Artes de Bilbao. También la Fundación Juan March destina cada año alrededor de 10 millones de euros a la organización de exposiciones, conferencias y conciertos.

Amancio Ortega, por su parte, ha hecho millonarias donaciones a la sanidad pública para la renovación de tecnología oncológica, algunas de las que han provocado incomprensibles polémicas. Y, por poner un ejemplo más, Juan Roig, presidente de Mercadona, en 2017 donó casi 35 millones de euros a iniciativas deportivas en la Comunidad Valenciana a través de la fundación Trinidad Alfonso.

Se trata de una enumeración pequeña para mostrar el beneficio para la sociedad de que las grandes compañías decidan ser transcendentes, es decir, decidan dejar huella y devolver a los ciudadanos lo que recibe de ellos. Sin embargo, el impacto de la filantropía empresarial en España podría ser aún mucho más potente si, como ha demandado siempre el sector cultural y empresarial -ambos van de la mano, no olvidemos que la cultura, al fin y al cabo, también es una industria y mueve miles de euros-, se pusiera en marcha la ‘Súper Ley de Mecenazgo’ que estaba prevista -desde hace dos legislaturas- por el Ejecutivo del PP y que habían pasado al “Plan Cultura 2020”.

Ahora, con la llegada del PSOE al Gobierno y la colocación de la Cultura en una sola cartera -separada de Educación- liderada por el escritor y periodista Màxim Huerta, se ha despertado de nuevo el ‘runrún’ y la esperanza de compañías -y museos estatales- de que la legislación vea por fin la luz. Grandes empresas de España confirman a este periódico que, efectivamente, están a favor de poner en marcha esta legislación de mecenazgo, a falta de saber los detalles fiscales de la misma. 

Además, a las ventajas fiscales hay que sumarle el estatus social que brinda el hecho de llevar a cabo financiación de acciones con carácter social y cultural. Durante el Renacimiento, la protección de la cultura -mecenazgo- en toda la extensión de la palabra era una premisa fundamental para todo buen gobernante. Grandes familias, entre las que destacan los Médici, es uno de los apellidos más inspiradores para los empresarios del S.XXI, a pesar de que en España la tradición del coleccionismo y el mecenazgo ha pertenecido siempre a la realeza y la nobleza, no a la gente común.

Ahora, tal como ha explicado el director del Prado, Miguel Falomir, todo el mundo puede hacer una aportación monetaria a través del micromecenazgo y el museo, por su parte, hará una mención pública a tal colaboración. Con ello, decía el sustituto de Miguel Zugaza, «queremos alcanzar la autofinanciación que en este momento está en el 70%». Recordemos, además, que la galerista Soledad Lorenzo, a título personal, ha depositado en el Museo Reina Sofía casi 400 obras de su colección con promesa de legado.

Asimismo, hace unos meses, Roberto Polo, mecenas y coleccionista de arte que ha donado a España la friolera de 7.000 obras de arte que se quedarán en Castilla la Mancha, explicaba en una entrevista con este periódico que en nuestro país el sistema fiscal “no anima al coleccionismo o la donación”. Razón por la cual, comentaba, “los coleccionistas españoles -y europeos- suelen ser bastante discretos por miedo a que le puedan denunciar ante las autoridades fiscales».

Es innegable, a tenor de la presencia de empresas -y empresarios- relacionados con la cultura, que el impacto positivo que brindan el mecenazgo a las compañías no tiene parangón con casi ninguna otra acción empresarial. Al final, las marcas de las empresas quieren que los ciudadanos las identifiquen con valores solidarios, sociales y culturales.

Dirigir la mirada a Francia

Mirando fuera de nuestras fronteras, cuando se habla de patrocinios y mecenazgo se mira directamente a la cuna de la Ilustración. En 2003 Francia, con Jean Jacques Aillagon como ministro de Cultura, se aprobó una Ley de Mecenazgo que ha permitido un aumento espectacular de las donaciones a la cultura, la sanidad y la ciencia que perdura a día de hoy.

El ministro de Jacques Chirac explicaba hace apenas un mes que con esta ley “pretendía que todos los ciudadanos fueran también responsables de la sanidad, la cultura o la solidaridad. La desgravación fiscal anima a los ciudadanos a implicarse de manera más determinada, y no sólo a través de los impuestos”.

Además, aseguraba que con la Ley de Mecenazgo de su época, que no ha sido modificada por los partidos políticos venideros, se han beneficiado todos los sectores sin excepción. Desde las colecciones de arte hasta la investigación sobre el sida o el alzheimer.

En Francia, según esta ley, un particular se puede desgravar hasta el 66% con un máximo del 20% de su renta; mientras que una gran compañía se desgrava un 60% del Impuesto de Sociedades. Con respecto a la compra de arte, las empresas pueden comprar la obra para una colección pública y tendrán una reducción fiscal del 90%.

Una Ley de Mecenazgo para aliviar la financiación pública

En la España democrática ha habido dos leyes para incentivar la figura de las empresas filántropas, una de ellas fue conformada por el PSOE -mucho más raquítica- y la del PP en el año 2002, la actual Ley de Incentivos Fiscales y Mecenazgo (Ley 49/2002) que, aunque sustancialmente mejorable, ofrecía muchos más beneficios fiscales que la anterior.

Finalmente, la reforma de la legislación en materia de mecenazgo anunciada por el Gobierno de Mariano Rajoy -con José Ignacio Wert e Iñigo Méndez de Vigo como ministros de Cultura- no se ha llevado a cabo y sólo se maquilló ligeramente para beneficio de las personas físicas y el micromecenazgo.

Guillermo Vidal-Wagner, socio del bufete Cuatrecasas, explica a OKDIARIO que en este momento “las empresas que hacen donaciones no pueden deducirlo en el Impuesto de Sociedades”, pero cuando estas donaciones van a entidades contempladas en la actual ley como fundaciones o federaciones deportivas, por ejemplo, siguen siendo no deducibles, “pero sí que tienen una rebaja fiscal del 35% de la cantidad donada y esto se somete a unos límites del 10% a partir de la base imponible”.

El experto cree que para llevar a cabo esta ‘Súper Ley de Mecenazgo’ es necesario, y así se ha pedido en varias ocasiones, contemplar si “ese porcentaje del 35% lo podemos subir, en su momento el PP presentó unas enmiendas para subirlo hasta el 50%”.

Señala que, en general los gobiernos son reacios a aumentar estas desgravaciones fiscales porque la recaudación para las arcas públicas se vería menguada. Pero, por otro lado, detalla Vidal-Wagner, sería una manera de reducir las cantidades de dinero público a actividades sociales, culturales o científicas.

«Al final», concluyen desde Cuatrecasas, el poner en marcha esta ‘súper’ legislación para aumentar el mecenazgo y la financiación privada de las empresas es “repartir la rebaja fiscal entre el Estado y el contribuyente”.