El impuesto a los ricos aportará poco más de 12 euros al mes a las personas en riesgo de pobreza

El impuesto a los ricos inventado por Sánchez y que ha decidido llamar como de solidaridad sobre las grandes fortunas apenas aportará 12,3 euros al mes a las personas en riesgo de pobreza o de exclusión social, que suman 10,1 millones de ciudadanos atendiendo a la definición que hace Eurostat, el servicio estadístico de la Unión Europea, de este sector de la población, según la cual se considera en tal situación a aquellos cuyo nivel de ingresos se sitúa un 60% por debajo de la media nacional.

Este resultado pone en cuestión el supuesto efecto redistributivo de la nueva figura tributaria con la que el Gobierno prevé recaudar 1.500 millones de 23.000 contribuyentes, en el caso de que, como ha señalado el Ejecutivo, la cantidad detraída a los llamados ricos se transfiera a los individuos más desfavorecidos. Si se toma en consideración el grupo de población con ingresos menores a 21.000 euros según su liquidación en el Impuesto sobre la Renta, la transferencia a estos 12,5 millones de personas quedaría en 9,9 euros al mes.

Por último, el impacto en el caso de personas con carencia material severa, que suman un millón, el trasvase de fondos ya sería más elevado: 125 euros al mes. Según el Instituto Nacional de Estadística, en este grupo se incluye a los ciudadanos que viven en hogares que carecen al menos de tres conceptos de los siguientes: no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una vez al año; no pueden permitirse una comida de pollo, carne o pescado al menos cada dos días; no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada; no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos -de 650 euros-; han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal -hipoteca, alquiler, recibos de gas, de comunidad y otros-, y no pueden permitirse un automóvil, un teléfono, un televisor o una lavadora.

Si a la cantidad de recaudación prevista por el gravamen a las grandes fortunas se añadieran los ingresos adicionales previstos por el aumento del impuesto sobre las rentas del capital, por un importe de 204 millones, el impacto mensual de esta transferencia para las personas con ingresos menores a 20.000 euros sería 11,3 euros. En el caso de las personas en riesgo de pobreza y en riesgo de exclusión social, de 14 euros, y en el del grupo de ciudadanos en situación de carencia material severa -un millón de personas- de 142 euros.

La conclusión que ofrecen los datos es que los efectos redistributivos, tanto del impuesto a las grandes fortunas como de la subida a las rentas del capital, que el Gobierno de Sánchez ha vendido como el propósito de que los que tienen más «arrimen el hombro» en favor de las clases medias y trabajadoras así como de los más desfavorecidos son en la práctica irrelevantes. Además, todos estos cálculos están hechos sin valorar los gastos burocráticos y de gestión, que suelen tener un impacto significativo en los ingresos netos aportados, hasta el punto de que algunos países que pusieron en marcha el impuesto a las grandes fortunas -el caso de Francia- lo acabaron derogando porque los citados costes reducían al mismo tiempo la potencia recaudatoria del impuesto.

La gente, incluidos los segmentos de la población más vulnerables, no experimentarán una mejora sustancial de su posición, de manera que el impuesto no tiene ningún poder distributivo: sólo perjudica a los ricos sin producir efecto positivo alguno sobre los pobres. Pero las consecuencias negativas pueden ser numerosas. En Francia provocó una fuga de los más adinerados en busca de terrenos menos hostiles fiscalmente, y en España puede suceder lo mismo, según los principales expertos y también ha denunciado el Partido Popular. «Portugal está ahí al lado, y tiene una fiscalidad muy favorable y atractiva para la inversión. Y siempre ha estado Andorra, por citar los destinos más evidentes», aseguran los medios consultados.

La ocurrencia de Sánchez de inventarse un impuesto sobre las grandes fortunas sobrevino después del anunció el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, de suprimir el Impuesto de Patrimonio siguiendo la estela de la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un recurso al Tribunal  Constitucional contra esta nueva figura tributaria por invasión de competencias autonómicas. La patronal CEOE también considera que este nuevo gravamen es «inconstitucional».