Illa maniobra para esquivar una ola de demandas multimillonarias por el brote de peste porcina

La Generalitat de Cataluña se arriesga a una ola de demandas multimillonarias por el brote de peste porcina africana que se declaró hace diez días y que, sólo en su primera semana, como ha desvelado OKDIARIO, ya le ha costado a los productores españoles de cerdo 20 millones de euros por el desplome de las cotizaciones de esta carne en lonja. Los laboratorios del IRTA, empresa pública de investigación científica agroalimentaria de la Generalitat, están en el punto de mira como posible origen de este brote.

De confirmarse que el virus se ha extendido por una fuga con origen en esos laboratorios que trabajan con este patógeno, la Administración catalana quedaría en el centro de la diana de responsabilidades civiles, exigibles ante los tribunales con la ley en la mano. Las pérdidas ocasionadas por esta crisis tardarán meses en superarse. Y eso en el mejor de los casos, si se logra contener de forma inmediata y por completo el brote. Éste se concentra de momento en la provincia de Barcelona pero con alto riesgo de extenderse por otros territorios próximos, ya que los contagios se han producido en fauna silvestre, entre jabalíes. Cataluña y Aragón concentran el 51% de la producción nacional de porcino. España es el primer productor de la UE y el tercero a nivel mundial, sólo por detrás de EEUU y China.

Salvador Illa, una semana después de que trascendiera el brote de peste porcina declarado en la provincia de Barcelona, ha anunciado que la Generalitat va a realizar una auditoría de sus laboratorios que están bajo sospecha. No son pocos los que, en el sector del porcino e incluso autoridades regionales de ganadería, ven con grueso recelo este anuncio de Illa.

«Suena a broma que quien está bajo sospecha sea quien vaya a hacer la ‘auditoría’ para determinar si es culpable de algo que le enfrentaría no sólo a un descrédito monumental sino a potenciales demandas multimillonarias», dice a OKDIARIO un alto cargo autonómico que, en una región vecina a Cataluña, tiene el cometido de realizar un estrecho seguimiento a la evolución de esta crisis desatada en el sector del porcino. «Lo lógico –subraya– es que, dado el calibre de esta situación, la investigación, la ‘auditoría’, no la haga quien está bajo sospecha sino expertos independientes, científicos ajenos a cualquier vinculación institucional o política».

El Seprona de la Guardia Civil puede ser una vía de investigación alternativa. Tiene competencias para ello, pero esa potestad se entrecruza con las de los Mossos, la policía autonómica bajo dirección política de la Generalitat que preside Illa.

El brote golpea a gigantes empresariales

La industria española del porcino está dominada por grandes grupos, potentes empresas familiares con décadas de vida que tienen un sus manos una gran porción del negocio total de este sector. Los mayores son Valls Companys, el holding Costa Foods y el aragonés Grupo Jorge, que figuran entre las 50 mayores compañías del mundo de producción de porcino. Entre las tres suman una cifra de negocio de más de 5.000 millones de euros al año. Y tras ellas hay otras firmas de gran potencia económica en el sector.

Se trata de compañías que no sólo se dedican a la cría de cerdos sino cuyos negocios operan en múltiples segmentos de la cadena de valor de esta industria: piensos, granjas de cría, mataderos, despiece y procesamiento… Y para las que la exportación es esencial en sus cuentas de resultados. Ahora, tras la declaración del brote de peste porcina –enfermedad animal que España había erradicado en 1994– las ventas al exterior se han visto duramente golpeadas, con países que ya han cerrado sus fronteras por meses para blindarse frente al riesgo de que el virus entre en sus territorios. El de la peste porcina provoca una mortandad enorme, que alcanza hasta el 100% de riesgo de muerte de los cerdos de granjas en las que entra el patógeno.

Las pérdidas millonarias que ya ha empezado a sentir el sector se prolongarán en el tiempo. En el mejor de los casos, según los expertos consultados por OKDIARIO, la normalidad en las exportaciones no se logrará hasta dentro de más de dos meses si el brote se controla de inmediato y España demuestra que está libre de este patógeno que afecta en exclusiva a los cerdos. Y resulta poco probable que quienes sufran esas decenas de millones de pérdidas dejen pasar la oportunidad de exigir responsabilidades a la Generalitat si se demostrara que el brote ha tenido su origen en la fuga del virus de un laboratorio que pertenece al Gobierno catalán.

La benévola hipótesis del bocadillo

Hasta ahora, la actitud de los políticos de la Generalitat, con Salvador Illa a la cabeza, han seguido un guión dirigido a intentar esquivar responsabilidades directas sobre el origen del brote de peste porcina, pese a los fuertes indicios que apuntan a sus laboratorios. Así, tras declararse oficialmente el brote, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, el también socialista Óscar Ordeig, defendió públicamente que lo más probable es que el virus se hubiera propagado porque algún jabalí comió los restos de un bocadillo de embutido procedente de otro país y que estuviera contaminado con el patógeno.

La teoría del bocadillo se abría paso en la primera declaración oficial de la Generalitat. Pero a los pocos días llegaban los resultados del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) de Valdeolmos (Madrid), que ponían en el centro de la diana a los laboratorios de la Generalitat: las muestras del virus de peste porcina recogidas a jabalíes muertos hallados en la provincia de Barcelona indican que la cepa del patógeno no se corresponde con ninguna de las que circulan por Europa, pero sí con la que se usa para investigaciones en laboratorios que, como los del catalán IRTA-CReSA, trabajan con ese virus en busca de tratamientos o vacunas contra la peste porcina –ni los unos ni los otros existen actualmente–. Para más indicio, resulta que los primeros jabalíes muertos con peste porcino han aparecido a un kilómetro del laboratorio de la Generalitat que trabaja con ese patógeno.

El conseller Ordeig y los laboratorios

Ante las sólidas y reveladoras conclusiones de los análisis realizados por el CISA-INIA, a la Generalitat no le ha quedado otra que readaptar su inicial estrategia. El consejero Ordeig ha pasado a pedir «prudencia» y no descartar ninguna hipótesis. Y, poco después, Illa anunciaba una auditoría en la que muchos desconfían porque quien va a investigar los laboratorios bajo sospecha es el mismo del que dependen esos centros y que tendría que afrontar potenciales demandas de responsabilidad de multimillonario importe.

Por cierto, el consejero Ordeig, el defensor de la teoría del bocadillo como causante del brote, tiene una responsabilidad directa en los laboratorios que están en el punto de mira. Como consejero de Ganadería de la Generalitat, es el presidente de IRTA, la empresa pública propietaria de esos laboratorios de investigación sobre sanidad ganadera y alimentaria.