Iglesias ampara a los okupas: las contrataciones de empresas privadas de desalojo se disparan un 40%

Los teléfonos de las empresas que desocupan inquilinos morosos no dejan de sonar. Aunque llevan años operando en España, los últimos meses han sido frenéticos. ¿El motivo? Los propietarios acuden a ellos desesperados para recuperar sus viviendas, a sabiendas de que la ley actual protege más a los okupas que a ellos. Para los arrendadores, el principal responsable de esta situación es el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, que ha convertido España en el paraíso de los okupas a golpe de real decreto.

“El trabajado casi se ha multiplicado por dos en la era Covid-19. Cada vez que el Gobierno aprueba una nueva medida el trabajo sube entre un 30% y 40%. Los propietarios acuden a nosotros porque el Gobierno no hace nada”, explica Borja Álvarez, director de Bastión Desokupación, una de las empresas que operan en el mercado español. Todas están trabajando al mismo ritmo: la demanda casi se ha duplicado en menos de un año.

La empresa se presenta como mediadores en situaciones de okupación y especialista en recuperar inmuebles en tiempo récord. Tardan entre 24 y 48 horas en desalojar a los molestos inquilinos de las viviendas ocupadas con tarifas a partir de 3.500 euros. Cada operativo es diferente, aunque aseguran que en todos los casos actúan en el marco de la ley. En las situaciones más complejas recurren a una empresa de seguridad registrada y autorizada legalmente para efectuar un control de acceso a la vivienda.

«De esta manera, una vez el okupa salga no podrá volver a entrar. Todo esto respaldado siempre por nuestro servicio de profesionales negociadores en todos y cada uno de los actos en que se efectúe», explican desde Bastión Desokupación.

El decreto antidesahucios despertó un aluvión de críticas por parte de los propietarios de viviendas, que anticipan una oleada de reclamaciones judiciales por responsabilidad patrimonial y económica del Estado

La compañía constata que el perfil del okupa ha cambiado sustancialmente en los últimos meses. «Antes veíamos familias vulnerables, pero ahora son delincuentes, muchos de ellos extranjeros que han entrado en el país a través de mafias. Cuando llegamos a los inmuebles nos dicen que nos van a matar, que nos van a abrir la cabeza con un sable”, explica Álvarez.

Ley antidesahucios 

El Gobierno de Sánchez e Iglesias realizó a mediados de mes y por sorpresa  una modificación de la ley antidesahucios que da más cobertura a los okupas. En concreto, la ley contempla que para poder desalojar a un inquilino moroso de una vivienda vacía propiedad de un gran tenedor se tiene que haber producido «violencia o intimidación sobre las personas» en el momento de la entrada ilegal o durante el tiempo de permanencia en el piso o casa. Hasta ahora, la norma permitía la expulsión de los okupas si el acceso a la vivienda era «consecuencia de delito».

La norma instaura que el juez tendrá que decidir si retrasa o no el proceso de desahucio durante el estado de alarma -hasta el 9 de mayo- si se trata de personas dependientes o, entre otros, víctimas de violencia de género. El decreto antidesahucios del Gobierno despertó un aluvión de críticas por parte de los propietarios de viviendas, que anticipan una  oleada de reclamaciones judiciales por responsabilidad patrimonial y económica del Estado.

«Con este cambio, se suspende la paralización del desahucio aún en el caso de que haya delito, limitando la paralización del mismo a los casos en los que haya violencia o intimidación sobre las personas. Esta limitación carece de todo sentido, máxime cuando la mayor parte de las okupaciones ilegales se producen en viviendas que se encuentran vacías. No se debe confundir, ni mucho menos equiparar, la necesaria protección de los vulnerables en circunstancias de excepcionalidad con avalar desde la Administración Pública a la ocupación ilegal», denunciaban desde Asval, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler.

El TC anula el decreto de la Generalitat

La Generalitat de Cataluña también ha legislado en materia de vivienda, pero el Tribunal Constitucional ha tumbado la norma. En concreto, el decreto 17/2019 y del 1/2020 -que modifica el anterior- de la Generalitat obligaba a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a los inquilinos morosos o a los que les hubiera vencido el contrato de alquiler. La ley también amparaba a quienes ocupaban ilegalmente un inmueble y acreditaran falta de recursos económicos.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha decidido estimar parcialmente el recurso presentado por el Partido Popular contra el decreto ley por considerar que no concurre el requisito de «extraordinaria y urgente necesidad» para legislar por esta vía.