Iberdrola estudia emprender acciones legales ante la millonaria incautación del Gobierno a las eléctricas

El ‘hachazo’ a las eléctricas propuesto por el Ejecutivo esta semana para abaratar el precio de la luz se ha encontrado con el rechazo frontal de las compañías implicadas. Tanto es así, que fuentes de Iberdrola confirman a OKDIARIO que la empresa está valorando emprender acciones legales contra el Gobierno por el ataque injustificado que se está lanzando contra ellas.

«Estamos estudiándolo. Si dentro de las medidas impuestas de confiscación existen elementos que consideramos que van en contra de las leyes españolas y europeas y además lesivos para el interés de nuestros accionistas, no dudaremos en hacerlo. No se trata de echarle un pulso al Gobierno, sino de defender los derechos de la empresa», explican fuentes de Iberdrola. Este diario se ha puesto en contacto también con las otras compañías afectadas por las medidas del Ejecutivo, que han respondido que por el momento «están analizando las medidas».

Hay que tener en cuenta que el Real Decreto-ley para rebajar el precio de la factura de la luz que aprobó el Gobierno entró en vigor este jueves, 16 de septiembre, tras publicarse este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A pesar de que la norma ya haya sido publicada todavía se desconoce cómo llevará a cabo el Ejecutivo algunas de las medidas propuestas, como es el caso de la obligación para las energéticas de subastar parte de su energía, por lo que las afectadas aún están revisando la letra pequeña del decreto.

Las otras empresas afectadas por esta situación son Endesa, Naturgy y Acciona. Sin embargo, de acuerdo con los cálculos elaborados por fuentes conocedoras del mercado las principales eléctricas perjudicadas serán Iberdrola y Endesa. Según el departamento de análisis de Banco Sabadell, si se tiene en cuenta la producción de seis meses (la medida se aplicará desde su aprobación hasta marzo de 2022) y se asume el cálculo del Gobierno con la fórmula aplicada en el dividendo de CO2, el impacto de estas medidas en los ingresos de Iberdrola será de en torno a 1.100 millones de euros (el 42 % de lo que el Gobierno espera recaudar).

Reacciones

Nada más conocerse las medidas este martes llegaron las primeras reacciones del mercado. El primero en mostrar su rechazo a los planes del Gobierno fue el Foro de la Industria Nuclear Española, que aseguró que su aplicación podría derivar «en el cese de la actividad de todo el parque nuclear».  El sector remarcó que estas medidas «ahondan aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear» y que su cierre derivaría en una mayor dependencia energética de mercados exteriores.

Posteriormente, fue desde la Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA Renovables, desde donde se advirtió de que el real decreto aprobado por el Gobierno para rebajar el precio de la luz, con su actual redacción, podría provocar la paralización de aquellas instalaciones con coberturas de precios y contratos privados de compra venta de energía. «Esta paralización de proyectos renovables, que se realizaría para no tener que incurrir en las importantes pérdidas, conllevaría una menor oferta y, por tanto, una previsible subida adicional del pool eléctrico como consecuencia directa», defendieron.

La patronal gasista Sedigas criticó que en las medidas establecidas por el Gobierno para frenar la subida de la energía no se rebaje la fiscalidad que afecta a los consumidores de gas y reclamó un tramo similar al que se le ha dado a la electricidad, a la que se han suspendido y rebajado impuestos en la factura. Sedigas lamentó que el Ministerio para la Transición Ecológica no utilice los mismos criterios para todas las energías a la hora de proteger a los consumidores vulnerables y se mostró disconforme con que no se reduzca la fiscalidad a los consumidores de gas.

Por último, este jueves, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) anunció que las medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para abaratar la luz abrirán una batalla judicial entre los accionistas y las eléctricas y el Ejecutivo. Así, José Francisco Estévez, socio director de Cremades & Calvo-Sotelo, calificó las medidas del Gobierno de «injustas y arbitrarias».