Golpe en la mesa de Hacienda: quiere revisar cada detalle de lo que haces con tu tarjeta

El Ministerio de Hacienda de España está sopesando la posibilidad de implementar un sistema que rastree de manera exhaustiva todos los pagos realizados con tarjetas, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el fraude fiscal. Esta medida incluiría la obligación para bancos, entidades de medios de pago y plataformas de dinero electrónico, muchas de las cuales están vinculadas a gigantes tecnológicos como Google Pay, Amazon Coins y Meta Pay, de proporcionar información masiva sobre los movimientos de los usuarios. La propuesta, que ha sido revelada a la Comisión Europea como parte del informe de evaluación de la ley de medidas contra el fraude de 2021, generó un debate significativo sobre la privacidad financiera y la efectividad real de dicha medida.

Este enfoque, parte de una estrategia más amplia para mejorar la eficacia en la detección de prácticas fiscales fraudulentas, se ha planteado en un contexto donde la digitalización de las transacciones financieras ha aumentado significativamente. La creciente interconexión de servicios financieros con tecnologías emergentes ha llevado a Hacienda a buscar métodos más avanzados para monitorear y analizar los flujos de dinero, con el objetivo de identificar posibles evasiones fiscales y asegurar un cumplimiento tributario más riguroso.

Los planes de Hacienda

La propuesta de Hacienda, detallada en el informe de evaluación de la ley de medidas contra el fraude de 2021, ha generado reacciones diversas. Aunque la medida busca reforzar la lucha contra el fraude fiscal, algunos expertos señalan que podría tener implicaciones significativas para la privacidad financiera de los ciudadanos. Además, se plantea la cuestión de si esta  iniciativa realmente proporcionaría un beneficio sustancial en términos de detección y prevención del fraude fiscal, especialmente teniendo en cuenta las actuales medidas de control y supervisión establecidas por las entidades financieras.

El informe, presentado como parte de los compromisos relacionados con el cuarto pago de los fondos del mecanismo europeo de recuperación, ha agregado un capítulo adicional con propuestas técnicas. Aunque originalmente se esperaba que el informe incluyera una evaluación independiente de las medidas adoptadas, así como una explicación de Hacienda sobre la aceptación o rechazo de las recomendaciones, la inclusión de este capítulo ha añadido un componente técnico a la discusión.

La propuesta contempla la posibilidad de establecer una nueva obligación de información que abarque todas las operaciones realizadas con tarjetas, independientemente de su tipo. Esto incluiría tarjetas de crédito, débito, tarjetas prepago con o sin cuenta bancaria asociada, tarjetas virtuales para compras en línea y cualquier otra tarjeta utilizada como medio de pago. Este cambio en el reglamento de procedimientos tributarios buscaría ampliar las obligaciones de informar a la Agencia Tributaria, que actualmente exige a las entidades financieras proporcionar información sobre cuentas, saldos, operaciones de crédito o préstamo, ingresos o disposiciones de fondos en efectivo y operaciones con tarjetas que superen los 3.000 euros.

La intención de Hacienda es incrementar los flujos de información en tres direcciones. En primer lugar, garantizando acceso a todas las operaciones con tarjeta que se realizan en España, independientemente de su cuantía. En segundo lugar, ampliando la tipología de tarjetas sobre las cuales la Agencia Tributaria tiene información, incluyendo tarjetas prepago, monederos electrónicos y cualquier otro producto utilizado como medio de pago. Finalmente, extendiendo la obligación de informar no solo a las entidades bancarias y de crédito, sino también a las entidades autorizadas para emitir dinero electrónico y a las entidades de medios de pago.

La Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado valora la iniciativa, aunque mantiene dudas sobre su impacto real. Indican que cualquier nueva información proveniente de las entidades bancarias es positiva, pero destacan que los ingresos provenientes de transacciones con tarjeta de crédito ya están controlados. Otras fuentes indican que Hacienda tiene un control menos preciso sobre recargas de monederos electrónicos y operaciones con tarjetas prepago, lo que justificaría la ampliación de la obligación de informar.

Problemas tecnológicos

La propuesta también plantea potenciales problemas operativos, ya que la transmisión de una cantidad tan masiva de información por parte de las entidades obligadas podría requerir inversiones adicionales en tecnología. Sin embargo, el sector financiero destaca su disposición a proporcionar la información requerida y sugiere que las demandas de información deberían extenderse a otros actores del sector que también actúan como intermediarios de pago.

La posibilidad de acceder a información detallada sobre operaciones de baja cuantía abre la puerta a que Hacienda intensifique el escrutinio sobre transacciones cotidianas que podrían tener consecuencias tributarias, incluso aquellas que actualmente no están sujetas a gravamen. La propuesta podría revelar operaciones recurrentes de baja cuantía que actualmente pasan desapercibidas, así como ingresos por intercambios menores, como los realizados en plataformas como Wallapop, que podrían estar sujetos a tributación si están bajo el control de Hacienda.

Por tanto, la iniciativa de Hacienda representa un nuevo paso en su estrategia para mejorar la información disponible sobre los contribuyentes y combatir el fraude fiscal de manera más efectiva. Sin embargo, la propuesta ha generado un debate sustancial en torno a la privacidad financiera y la efectividad real de un sistema tan exhaustivo de rastreo de pagos con tarjetas. Mientras se espera que las autoridades europeas evalúen y aprueben la propuesta, queda por verse cómo se equilibrarán los imperativos de seguridad fiscal con los derechos individuales a la privacidad financiera en este entorno cada vez más digitalizado.