El Gobierno se plantea pedir otro consejero en Telefónica cuando alcance el 10% del capital social

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de Sánchez, José Luis Escrivá, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo se plantea solicitar un segundo consejero en Telefónica en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) cuando alcance el 10% de su capital que se había marcado como objetivo. Además, el dirigente ha descartado que el Estado vaya a sobrepasar ese porcentaje.

Tal y como adelantó OKDIARIO, este interés del Gobierno por entrar en el consejo de administración de Telefónica ha provocado que STC Telecom, la empresa de telecomunicaciones saudí que tiene el 4,9% del capital social de la teleco, se plantee pedir dos asientos -y no sólo uno, como se daba por hecho hasta ahora-.

Por su parte, el Ejecutivo continúa su interés por adquirir derechos políticos en la compañía. «Lo veremos en su momento», ha comentado Escrivá a los medios de comunicación en la presentación del Kit Consulting a cuenta de la petición de un nuevo sillón en el consejo de administración de la empresa que preside José María Álvarez-Pallete.

El Gobierno en Telefónica

Hasta ahora, la participación estatal se ha traducido en el nombramiento la pasada semana de Carlos Ocaña Orbis como consejero en representación de la SEPI y en sustitución de Carmen García de Andrés, hasta entonces consejera independiente de la cotizada.

«El Gobierno ha dado instrucciones a la SEPI de hasta dónde quiere llegar en Telefónica», ha remarcado Escrivá preguntado sobre la posibilidad de incrementar el paquete de acciones en la compañía de telecomunicaciones más allá del 10% mandatado.

En estos momentos, a la SEPI le queda un 0,926% del accionariado para hacerse con el 10% de la firma que se marcó como objetivo el Gobierno de Pedro Sánchez tras la entrada de la compañía saudí STC.

Desde el inicio de las compras de las acciones de Telefónica, la SEPI ha gastado casi 2.060 millones de euros por un paquete que asciende a los 512 millones de títulos.

Teniendo en cuenta la cotización de Telefónica sobre los 4,12 euros por acción, el conjunto de acciones del Estado en la compañía tiene un valor de mercado de unos 2.109 millones de euros, cerca de 49 millones de euros más de lo que se ha desembolsado hasta ahora.

En septiembre, cuando el Gobierno anunció su voluntad de invertir en la operadora, STC aceptaba una única silla para no molestar a otros accionistas como el grupo La Caixa.

En ese momento, todo el capital de Telefónica era privado y el Estado no participaba de él. Pero ahora, con la presencia pública, STC quiere tener un mayor peso en la gestión de la compañía, de ahí que contemple pedir también un segundo asiento como el Ejecutivo.

El asalto del Gobierno a Telefónica se produce como respuesta precisamente a la entrada de STC para no tener que negarle la autorización preceptiva, algo que sentaría muy mal en Arabia Saudí, uno de los principales clientes de buques de guerra españoles. En cambio, Sánchez decidió comprar un porcentaje similar mediante la SEPI, instigado por el afán nacionalizador de su socio Sumar.