El Gobierno interviene el mercado del aceite de oliva por primera vez en democracia y retira el 12% de la producción

Tras varias semanas de incertidumbre, finalmente el Ministerio de Agricultura se ha decidido a hacer lo que ningún gobierno había hecho en lo que llevamos de democracia y ha intervenido el mercado del aceite de oliva para subir los precios que perciben los agricultores, por los suelos desde que empezara la cosecha (a inicios de octubre) debido al exceso de stock.

La medida afecta a todas las almazaras de nuestro país, que deberán retirar del mercado el 12% del aceite que vayan a producir en lo que queda de la campaña 2026/2027; retirar y no destruir, dado que el producto afectado quedará almacenado en instalaciones «propias o ajenas» -ha explicado Agricultura- hasta el 30 de septiembre del año próximo, cuando podrá ser vendido.

En total, esto equivale a prohibir la venta de 188.000 toneladas. Para calibrar la magnitud de la decisión que ha tomado el Ejecutivo, baste recordar que esa cantidad de aceite es más de lo que produce Marruecos y casi bastaría para abastecer durante un año a Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega juntas.

Para España, en cambio, esas casi 200.000 toneladas suponen apenas a una décima parte de su stock anual y es la cantidad suficiente que, según cálculos del Ministerio, hay que retirar para que los precios que perciben los productores vuelvan a situarse por encima del umbral de rentabilidad. Además, las almazaras pueden elegir qué categoría de aceite guardan y lo lógico es que circunscriban la reserva a los líquidos de peor calidad y comercialicen el virgen extra con normalidad.

Se trata de una medida que las organizaciones agrarias y las cooperativas llevaban pidiendo desde hacía semanas y que, en su opinión, ha llegado incluso más tarde de la cuenta. Lo cierto es que, cuando hace un mes que ha empezado la campaña, la situación sobre el terreno ya es dramática. Según los últimos datos publicados por el departamento que dirige Luis Planas, actualmente el precio del kilo de aceite en origen (es decir, en el primer eslabón de la cadena alimentaria) está un 53% por debajo de la media de las dos cosechas anteriores y un 43% por debajo de la media de los últimos cuatro años.

En la práctica, esto significa que la mayor parte de los intermediarios están pagando por debajo de los 3,5 euros el kilogramo, circunstancia que resulta preocupante ya que, según un reciente estudio elaborado por la Diputación de Jaén con la colaboración del profesor Manolo Parra -uno de los expertos más citados en el sector-, hasta una cuarta parte del olivar español no tiene garantizada su supervivencia por debajo de ese umbral.

Se trata en su mayor parte de explotaciones tradicionales (sin intensificar), pequeñas y familiares, que son las que se van a ver más beneficiadas de esta medida, aunque los productores más grandes y que gozan de economías de escala también tienen mucho que celebrar en un día como hoy.

De hecho, la intervención del mercado cuenta con el apoyo de las tres principales organizaciones agrarias de nuestro país (Asaja, COAG y UPA) y de la asociación que aglutina a las cooperativas (Cooperativas Agro-alimentarias), mientras que la gran industria envasadora se opone.

Y no solo ellos, pues hace apenas unos días la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió un dictamen durísimo con la intervención que planeaba Planas al asegurar que la norma está insuficientemente justificada, tiene un alcance excesivo, adolece de una metodología precisa y puede generar efectos «muy negativos» sobre la competencia y los consumidores.

Muy parecido es el argumentario de la patronal envasadora (Anierac), que, como ya avanzó OKDIARIO, ha prometido acudir a la Audiencia Nacional para tratar de tumbar la retirada de producto.

Quien sí está a favor de la intervención es Dcoop, una cooperativa que, aparte de ser el mayor productor mundial, estos días es noticia por haber firmado un acuerdo para la adquisición de Deoleo (propietario, entre otras, de Carbonell, Koipe o Bertolli). Es pronto para hacer cábalas, pero quién sabe cómo puede afectar al equilibrio de fuerzas dentro de la guerra del olivar el hecho de que el mayor productor, que apoya que se suban los precios por la fuerza, haya comprado al mayor envasador, que está en contra.

Está por ver dónde acaba la batalla judicial que quiere plantear la industria. En principio, Planas tiene la ley a su favor, pues el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 permite restricciones puntuales de la oferta por parte de los Estados miembro, cosa que -por cierto- ya se viene haciendo desde hace años en el caso del viñedo.

Para el aceite, en cambio, esto es terreno inexplorado al menos desde los últimos años de la dictadura franquista. Bien es cierto que hasta ahora en alguna ocasión se había activado el llamado ‘almacenamiento voluntario’ -también recogido en la ley europea- pero, como su nombre indica, este solo afectaba a las almazaras que quisieran acogerse a la medida, a cambio de una compensación económica.

Pero el actual Gobierno estimó que ese mecanismo se quedaba corto y por eso en 2021 aprobó el Real Decreto 84/2021, un texto que trasladaba a la legislación nacional el reglamento sobre la estabilización de mercados. Entre 2022 y 2024 la norma permaneció escondida en algún cajón de la sede del Ministerio (por aquellos años la crisis era de oferta) y en 2025 el Ejecutivo estuvo a punto de hacerla valer, aunque finalmente no hizo falta, ya que la cotización del oro líquido remontó una vez iniciada la campaña.

Este curso, en cambio, la intervención era un secreto a voces porque la cosecha arrancó con una previsión de producción un 23% superior a la del año anterior y con los mercados mundiales saturados y sin capacidad para absorber más aceite.