La caída de precios del aceite pone en jaque la viabilidad de una cuarta parte del olivar español

El incremento de costes del gasóleo y los fertilizantes derivado de la guerra de Irán ha puesto en jaque al olivar español, pues la buena cosecha esperada para esta campaña y las importaciones desde terceros países van a impedir que esa crisis inflacionaria se traslade a las cantidades percibidas por los agricultores. Los datos son muy claros, pues durante la última semana de septiembre el oro líquido cotizó en origen (lo que ingresa el productor) en los 3,22 euros por kilogramo, cifra que supone un descenso del 41% con respecto a la media de las cuatro campañas anteriores (según la última oleada estadística del Ministerio de Agricultura).

Estos valores no se compadecen con la evolución de los costes del sector, pues el gasóleo B (el que utilizan los agricultores) es hoy un 60% más caro que antes de que empezara el conflicto en Oriente Próximo, que se tradujo en el cierre de una vía de agua —el estrecho de Ormuz— por la que discurre una cuarta parte del comercio mundial de petróleo. Y a esto hay que añadir, claro está, el encarecimiento de los fertilizantes y de todos los demás insumos afectados por la espiral inflacionista.

Nadie en el sector escapará a esta crisis, pero para los dueños de las 649.034 hectáreas de olivar tradicional que hay en España la situación es dramática, pues en este caso el coste de producción por kilo supera en dos euros el precio de venta. Para situar las cosas, valga decir que esa superficie ahora en riesgo equivale aproximadamente a una cuarta parte de la superficie plantada total que hay en nuestro país, que Agricultura cifra en 2,75 millones de hectáreas.

Los astros se han alineado, pues hace apenas una semana el ministro del ramo, Luis Planas, anunció que este año se prevé una cosecha de 1,6 millones de toneladas, un volumen que supera en un 23% el del año pasado. Únase a esto el auge en las importaciones, que en los primeros seis meses de 2026 alcanzaron las 155.502 toneladas, un 32% más que en el mismo período del año anterior, y así se explican los precios de derribo que enfrenta el campo.

En un comunicado emitido ayer, las tres principales asociaciones agrarias de nuestro país (Asaja, COAG y UPA) y la organización que aglutina los intereses de los cooperativistas (Cooperativas Agroalimentarias de España) aseguraron que, con un precio que ellos cifran en 3,30 euros por kilo para el virgen extra, «la mayoría» de las explotaciones venderán a pérdidas.

Sin embargo, y como ya se ha avanzado, un análisis más detallado de la realidad permite aventurar que los primeros pagadores de esta situación serán los dueños de esas 649.034 hectáreas, que son las que un informe pionero publicado en 2025 por la Diputación de Jaén calificó por primera vez de vulnerables. Se trata de explotaciones de muy diversa tipología, aunque sus denominadores comunes son que no están mecanizadas, son pequeñas –y, por tanto, no se benefician de las economías de escala–, están en terrenos de difícil acceso o son familiares.

El estudio auspiciado por la Diputación de Jaén estimaba que esas explotaciones no eran sostenibles a un precio por debajo de 3,5 euros el kilo, aunque, según explica a este periódico Manuel Parra, que es coautor del informe, este dato ha quedado desfasado porque no incluye la inflación sufrida en el último año. Para obtener un análisis más actual, valga la estadística elaborada por la Asociación Española de Municipios del Olivo, que en su última edición (del pasado mes de julio) situó el coste de producción del olivar tradicional no mecanizado (es decir, el que se cosecha a mano) en 5,31 euros/kilogramo, un dato que está muy por encima de los precios actuales.

El camino ha quedado expedito, en fin, para que los productores de olivar se enfrenten a pérdidas millonarias. Y también, por cierto, para que el Ministerio de Agricultura haga lo que ningún Gobierno se ha atrevido a hacer en este siglo y ordene la intervención del mercado. El pasado mes de julio, el departamento que dirige Luis Planas dio el primer paso en ese sentido al sacar a consultas el proyecto de orden que permitiría tomar esa medida, consistente en la retirada de hasta un 20% del ‘stock’ para elevar los precios, y ahora todo queda al albur de la evolución de la cotización en las próximas semanas y la decisión que acabe tomando el Gobierno.

En opinión de Manuel Parra, este año es muy posible que el mercado sea intervenido. Y si eso pasa, la polémica estará servida, pues no hay que olvidar que hace apenas unos días la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia advirtió al Ejecutivo en contra de tomar esa medida, tal y como está planteada.