La industria del aceite plantará cara a Planas en la Audiencia Nacional si interviene el mercado para subir los precios

Mientras el sector aceitero permanece en vilo a la espera de saber si finalmente el Gobierno va a intervenir el mercado del oro líquido este año para contener el desplome de los precios, empiezan a moverse las primeras fichas de la batalla judicial que esta decisión podría provocar. Según ha podido saber este periódico, una de las partes ya ha tomado su decisión. Si el Ministerio de Agricultura publica la orden que le permitirá obligar a las almazaras de nuestro país a retirar del mercado hasta un 20% de su stock, la principal patronal de las industrias envasadoras acudirá a la Audiencia Nacional para tratar de tumbar la medida.

Así lo han confirmado a OKDIARIO desde la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac), una organización que desde que empezó este proceso ha advertido al Ejecutivo contra la tentación de tomar una decisión que, en su opinión, restaría competitividad al sector y eliminaría cualquier incentivo para mejorar la calidad del producto o la eficiencia de la cadena de valor.

Esta guerra, que enfrenta a los envasadores con los productores -léase, a las empresas con agricultores y cooperativas- empezó el pasado mes de julio o, más bien, un año antes, cuando el departamento que dirige Luis Planas puso sobre la mesa por primera vez la posibilidad de restringir la oferta ante el exceso de cosecha que se preveía para la campaña 2025/2026. Al hacer esto, el Ministerio no estaba más que aplicando un reglamento comunitario que le da esa atribución o, más concretamente, el Real Decreto aprobado en 2021 que transpuso esa normativa comunitaria a la legislación española.

El año pasado no fue necesario llegar hasta el final porque una vez empezada la recolecta los precios remontaron, pero este 2026 la situación se prevé muy distinta. Con una previsión de cosecha de 1,6 millones de toneladas de aceite este año (un 23% más que en el curso anterior), el camino ha quedado expedito para que Agricultura haga lo que nadie se había atrevido a hacer hasta ahora y apruebe la orden ministerial que intervendría el mercado.

De hecho, todo está listo para que eso suceda, pues dicha orden -la llamada norma de comercialización- ya ha pasado el examen del período de consultas. La pelota está en el tejado de Planas, que se ha dado hasta la primera quincena de noviembre para deshojar la margarita (según el Ministerio, porque entonces tendrán más datos).

El Gobierno amenaza con moverse pero aún no se mueve, cosa que no ha satisfecho a nadie; a los productores, porque consideran que el mercado debería ser intervenido inmediatamente porque los precios no han dejado de caer desde que empezara la cosecha el pasado uno de octubre (actualmente el aceite cotiza un 54,43% por debajo de la media de las dos campañas anteriores y está por debajo del umbral de rentabilidad de los agricultores); y a la industria, porque opinan que la norma debería haberse quedado en el cajón.

Los industriales son muy claros al señalar que también ellos defienden que el productor debe cobrar un precio justo, pero, como ya se ha avanzado, temen el efecto que la medida pueda tener sobre la competitividad del sector y la calidad del producto y, por supuesto, el precio.

Además, y según explica a este periódico Primitivo Fernández, director general de Anierac, el texto que el Ejecutivo sacó a consulta pública no ha incorporado ni una sola de las numerosas objeciones que plantearon las patronales e ignora la opinión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que hace apenas unos días emitió un dictamen que hay que leer como un varapalo a Planas.

En opinión del organismo que preside Juan José Ganuza, la norma está insuficientemente justificada, tiene un alcance excesivo, adolece de una metodología precisa y puede generar efectos «muy negativos» sobre la competencia y los consumidores; con todo, parece que Competencia no está de acuerdo ni con la forma ni con el fondo.

La intervención del mercado genera inmensas dudas en el sector, entre otras cosas porque jamás se ha aplicado hasta ahora, pero una cosa está clara, y es que el recurso contencioso-administrativo que va a presentar Anierac no va a servir para detenerla, pues los largos tiempos con los que trabaja la Audiencia Nacional garantizan que su fallo podría tardar incluso años en llegar.

De hecho, en estos momentos el tribunal ya tiene sobre la mesa un recurso contra la norma de comercialización de la pasada campaña y todavía no se ha pronunciado sobre el mismo. Las patronales presentaron esa apelación cuando ya había quedado claro que el mercado no iba a ser intervenido en la cosecha 2025/2026, pero sirvió como aviso a navegantes. Firmaron ese recurso -además de Anierac-, Asoliva, que representa a los exportadores, la Federación Española de Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva y Almazaras Federadas de España.

Enfrente tienen a Cooperativas Agro-alimentarias -la organización más representativa del cooperativismo español- y a las tres principales organizaciones agrarias (Asaja, Coag y UPA), cuatro actores que el pasado martes se pusieron de acuerdo para mandar un comunicado en el que calificaban de «injustificable» que el Ministerio no haya intervenido aún el mercado y cargaban contra la industria. De hecho, Coag y Cooperativas Agro-alimentarias se personaron en la causa presentada en la Audiencia el año pasado.